CRISIS ENERGÉTICA

El Gobierno compensará a las eléctricas con centrales de gas para bajar la luz

La vicepresidenta Ribera confirma que trabaja en una propuesta a la UE para intervenir el mercado eléctrico fijando un precio máximo de 180 euros/MWh y que habrá que compensar a los ciclos combinados que soportan el coste disparado del gas

Una torre de distribución de energía eléctrica.

Una torre de distribución de energía eléctrica. / Europa Press

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España prepara una propuesta a la Unión Europea para fijar un precio máximo en el mercado de la electricidad, con el objetivo de evitar que la subida desorbitada del gas natural siga contaminando el precio de la electricidad. El Gobierno de Pedro Sánchez lleva meses insistiendo (sin éxito) a la Comisión Europea y a los Veintisiete acerca de la necesidad de reformar los mercados energéticos para desacoplar el precio de la luz y el del gas.

Bruselas prepara un plan de acción que presentará la próxima semana a los países miembros, y España presiona ahora para que en ese plan se incluya la intervención del mercado de la electricidad con un precio máximo y que se contemple compensaciones para las centrales de gas por estar produciendo con costes muy por encima de ese precio máximo. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado que presentará una propuesta conjunta con Portugal en este sentido, como ya había desvelado esta semana el Gobierno luso.

El plan pasa por recuperar el tope de 180 euros por megavatio hora (MWh) que mantenían ambos países en sus mercados eléctricos hasta el pasado julio, cuando lo retiraron forzados por Bruselas y establecieron una horquilla de entre un mínimo negativo de -500 euros y un máximo de 3.000 euros, como el resto de países de la UE. “El precio máximo de 180 euros por megavatio hora hasta hace dos años parecía una locura a la que nunca se llegaría y hoy está ampliamente superada. Es poco discutible que debe ser el tope máximo que debemos aceptar en nuestro mercado”, ha sentenciado Ribera en una entrevista con Onda Cero.

Los mercados mayoristas eléctricos en Europea funcionan con sistemas marginalistas, que hacen que la última oferta de producción en casar con la demanda es la que fija el precio para todas las demás. La última oferta es en la mayoría de los casos la que realizan las centrales de gas, que ahora soportan unos precios disparados por la desorbitada cotización del gas natural y que empujan al alza el precio de toda la electricidad, también la de las renovables o las nucleares que no soportan esos costes extra por la subida del gas.

La propuesta de España y Portugal impediría a las eléctricas presentar ofertas en el mercado mayorista eléctrico por encima de esos 180 euros por MWh. Es una forma de facto de desacoplar el precio de la electricidad. En las últimas semanas, aupados por el impacto de la invasión rusa sobre Ucrania, los mercados de electricidad de España y Portugal han llegado a marcar máximos históricos con una precio medio diario de casi 545 euros por MWh.

Pero para llevar a cabo esta intervención directa en los precios del mercado, según ha reconocido Ribera, habría que establecer un plan de reparto de compensaciones para las eléctricas con centrales de gas, a las que se les pagaría la diferencia entre el precio máximo fijado y su coste real de producción.

“Se produciría un ajuste a posteriori y se pagaría el coste real de esas compañías, que es superior al precio de 180 euros por MWh”, ha explicado la vicepresidenta, que ha subrayado que ese sistema de ayudas supondría un ahorro en relación a la situación actual. “Pagar a las centrales de gas al precio del gas es más barato que pagar toda la electricidad al precio del gas”.

El Gobierno portugués ha llegado a precisar el ahorro mensual para los clientes de ambos países si se establece este mecanismo de precio máximo en el mercado eléctrico, cifrándolo concretamente en 4.600 millones de euros cada mes en el caso de España y de 1.100 millones para Portugal. Los mercados de ambos países funcionan conjuntamente y sólo con pequeñas diferencias de precios como una suerte de mercado único ibérico.

El Gobierno español insiste en que su preferencia pasa por una acción coordinada con toda la UE para atajar la subida de los precios energéticos, pero advierte de que tomará medidas dentro de las competencias nacionales si Bruselas y el resto de estados miembro no mueven ficha. "En el supuesto de que Europa no esté a la altura en el tipo de medidas que se adopten, nos obligará a tomar decisiones para proteger el interés nacional. La sociedad española no puede esperar", ha avisado Ribera. “Ha pasado demasiado tiempo y todo va demasiado lento”.

CHOQUE CON LAS ELÉCTRICAS

Desde el sector eléctrico español ya se ha empezado a meter presión al Gobierno para que intervenga el mercado mayorista de gas y no sólo el mercado eléctrico. La opción por la que apuestan las grandes eléctricas pasa por establecer un tope en el precio del mercado mayorista del gas, y con ello ya se beneficiarían todos los sectores consumidores de gas y también serviría para contener el precio del mercado de la electricidad. Según las estimaciones que manejan las eléctricas, si se estableciera un precio máximo del gas en el entorno de los 80 euros por megavatio hora (MWh) se garantizaría que el mercado eléctrico se quedaría en los 180 euros/MWh.

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España y Portugal mantuvieron hasta el pasado julio ese precio máximo de 180 euros por MWh en sus mercados eléctricos, pero lo tuvieron que retirar para cumplir con la normativa comunitaria. La UE exigía a todos los países miembros que igualen los precios máximos y mínimos de sus respectivos mercados mayoristas diarios, para que los topes pasaran ser de un máximo de 3.000 euros MWh y un mínimo de menos 500 euros (sí, precio negativo).

España y Portugal se resistieron hasta el último momento ha levantar de manera tan drástica los topes de su mercados de electricidad (entre 0 y 180 euros por MWh). E incluso llegaron a proponer a la Unión Europea una fórmula especial para que la ampliación de las horquillas de precios fuera muy gradual y no se llegara a los topes actuales hasta pasados varios años. Bruselas finalmente rechazó ese mecanismo y obligó a igualar los topes con los del resto de estados miembros.