FRAUDE EN LAS PRESTACIONES

Las mutuas dedican más de medio millón de euros de dinero público en detectives para seguir a trabajadores de baja

  • Las cifras del Gobierno avalan los seguimientos: cada éxito permite recuperar más de 21.000 euros

  • Los investigadores se quejan de precariedad, bajas retribuciones y plazos demasiado cortos para sus pesquisas

Los detectives han de grabar o fotografiar a los objetivos para acreditar el presunto fraude en las prestaciones

Los detectives han de grabar o fotografiar a los objetivos para acreditar el presunto fraude en las prestaciones / James Sutton

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Mientras que la vida política española ha dado en los últimos días un vuelco radical por un supuesto caso de seguimientos y espionaje, en la vida económica pagar a detectives con dinero público para seguir a perceptores de prestaciones por si están cometiendo fraude no es nada llamativo; es más, es una práctica habitual. Sólo en lo que va de año, la Administración ha comprometido más de medio millón de euros para distintas agencias de investigadores con el encargo de que vigilen, sigan y graben a trabajadores de baja, a parados y a autónomos sin actividad por si están incumpliendo las condiciones asociadas a las ayudas públicas que están cobrando. Los cálculos oficiales dicen que el gasto compensa, porque el dinero ahorrado en subsidios inmerecidos es superior al invertido en investigaciones; los detectives, por su parte, se quejan de estar mal retribuidos por una labor "necesaria para el sistema".

Según los datos de la Plataforma de Contratación del Estado, en estos primeros compases de 2022 ya se han adjudicado diez contratos por los que siete empresas de detectives van a realizar más de 1.600 tareas de indagación a lo largo de los próximos dos años para descubrir, por ejemplo, “si [el investigado] realiza alguna actividad laboral, por cuenta ajena o propia, o cualquier otra actividad incompatible [con su prestación] (deambulación, carga de pesos, movimiento de extremidades o tronco, conducción de vehículos, etc)”, tal y como se describe en el pliego de prescripciones técnicas de uno de los contratos. El importe total de adjudicación en estos dos primeros meses del año suma 524.167 euros.

Además de las prestaciones laborales clásicas (incapacidad temporal, desempleo o cese de actividad -el “paro de los autónomos”-), los investigadores podrán ser requeridos para investigar otras ayudas más específicas: otro de los pliegos detalla que, en caso de sospecha sobre algún beneficiario de la prestación de cuidado de hijos menores afectados por enfermedad grave, el detective comprobará, entre otras cosas, la “dedicación del progenitor al cuidado directo, continuo y permanente del menor enfermo, durante las horas de reducción de la jornada laboral y dentro del período en el que percibe la prestación”. Los contratos especifican que las pesquisas de los investigadores tienen que incluir pruebas gráficas: en uno se lee que "el informe [del detective] irá acompañado de un reportaje video gráfico que incluirá todo el material grabado y fotografiado (CD, DVD o USB) con la calidad suficiente como para poder identificar al sujeto investigado sin ninguna duda".

Los resultados compensan

Los órganos de contratación de estos servicios son las mutuas, asociaciones de empresarios que colaboran con la Seguridad Social en la gestión de algunas prestaciones. Son entes privados, pero sin ánimo de lucro y -lo más importante- gestionan recursos públicos: el dinero que manejan -por tanto, el que se utiliza para abonar estos servicios de investigación- procede de las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores. El uso de detectives está generalizado en el sector, aunque en estos primeros compases de año algunas mutuas han sido más activas en el impulso y adjudicación de contratos, como MC Mutual, Ibermutua o MAZ. Ninguna ha querido responder a los requerimientos de este diario sobre esta práctica, y tampoco la patronal sectorial, AMAT.

La Seguridad Social (que es quien tutela a las mutuas) sí que responde, y sus cifras muestran que esta inversión de dinero público da resultados: un análisis sobre 1.300 seguimientos que costaron 900.000 euros permitieron a los servicios sociales ahorrar 28 millones de euros en prestaciones cobradas indebidamente, según fuentes de esta institución; es decir, por cada caso se invirtieron casi 700 euros y se recuperaron más de 21.000. Estas fuentes sostienen que los detectives se usan en casos "muy puntuales, en los que hay sospechas claras de fraude".

Los detectives protestan

Con todo, los investigadores se quejan de que las cantidades que pagan las mutuas por sus indagaciones son muy escasas y los plazos que fijan para las pesquisas son muy cortos, y eso les obliga a hacer precariamente un trabajo "necesario", según Antonio Labrador, detective y vicepresidente primero de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE): "el fraude es muy grande, con la inspección sanitaria y con la Inspección de Trabajo no alcanzan para controlarlo. Si el sistema funcionase bien, los detectives ahorraríamos al erario público millones de euros por detectar falsas bajas y grados de invalidez que no se corresponden con la realidad", asevera.

La información que dan los pliegos arroja luz sobre las condiciones en las que se investiga. Los seguimientos “positivos” (en los que se detecta fraude) se pagan mejor que los “negativos”, porque permiten lograr el objetivo de conseguir un “ahorro para el patrimonio de la Seguridad Social de los costes que conllevan las prestaciones” que se disfrutan irregularmente. También perciben más los detectives que detectan irregularidades en las bajas por contingencias profesionales (las que tienen origen laboral) que en las asociadas a contingencias comunes (enfermedades o accidentes no relacionados con el trabajo), porque las primeras tienen mejores condiciones que las segundas y por lo tanto cuestan más dinero a la Seguridad Social y a las mutuas.

Los problemas, explica Labrador, son de dinero y de tiempo: "Al final las mutuas siempre se quedan con la agencia que hace la oferta económica más baja, sobre unos precios de concurso que ya son indignos: ¿se puede hacer una investigación por 300 euros, cuando requiere desplazamientos, personal, horas de trabajo y recursos materiales? Vamos a ser serios, el trabajo no será riguroso. Y a veces sólo autorizan un día de investigación ¿Cómo podemos presentarnos ante un juzgado para decir que sacamos ciertas conclusiones, cuando con ese tiempo los resultados serán parciales, en el mejor de los casos?", se pregunta. "Este sistema hace un flaco favor a nuestro sector, y las mutuas obtienen por esos precios un servicio completamente mediocre", concluye.

Los contratos adjudicados en lo que va de 2022 a agencias de detectives alcanzan a 12 provincias: A Coruña, Albacete, Ciudad Real, Huesca, Islas Baleares, Lleida, Lugo, Madrid, Murcia, Navarra, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla, pero buena parte de las que faltan están en el listado del año pasado: una búsqueda en el Portal de la Transparencia del Estado arroja para 2021 otros 52 contratos adjudicados por distintas mutuas a detectives para detectar casos de fraude en prestaciones mediante vigilancias y seguimientos, por un importe total de 506.389 euros.

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