IMPUESTOS

El Gobierno se escuda en la comisión de expertos para no precisar su reforma fiscal

  • Montero está a la espera de que el comité que nombró el año pasado entregue la próxima semana su dictamen, y a partir de ahí lo estudiará

  • El informe no es vinculante. Unidas Podemos ya ha empezado a ejercer presión y defendió su propuesta en el Congreso, pero la rechazó el PSOE

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso de los Diputados, en Madrid.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso de los Diputados, en Madrid. / EFE/Kiko Huesca

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El Gobierno no desvela por ahora sus cartas para la reforma fiscal. La parte socialista del Ejecutivo insiste en que hay que esperar. Que solo podrá empezar a mover fichas una vez reciba el informe del comité de expertos que nombró el Ministerio de Hacienda en abril del año pasado, y ese dictamen no estará listo, previsiblemente, hasta la próxima semana. "Cuando tengamos el documento, se analizará", señalan fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero.

El grupo de trabajo —un presidente, el catedrático emérito Jesús Ruiz-Huerta; un secretario, Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales, y 15 vocales: esa fue la composición anunciada el 12 de abril de 2021, luego fueron 16 integrantes y hoy son de nuevo 17— tiene el encargo de proponer una remodelación del sistema tributario "con el objetivo de fortalecerlo para hacerlo más eficiente y modernizarlo para adaptarlo a los retos del siglo XXI".

Hacienda reclamó a los expertos que valorasen aspectos como "la suficiencia, equidad y eficiencia del sistema, las tendencias internacionales, sobre todo en fiscalidad verde y digital, y sus consecuencias en el modelo territorial y en el proceso de integración europeo".

También han de examinar la capacidad de los impuestos para "acelerar transformaciones y fomentar la innovación", "así como su capacidad redistributiva para reducir la desigualdad social o de género". El comité ha venido trabajando en estos meses con esas metas marcadas por el Gobierno, aunque se ha atascado con una cuestión controvertida y fuente de tensiones entre las autonomías: la armonización fiscal, a la que por ejemplo Madrid se opone tajantemente.

Hacienda tendrá que decidir qué cambios tributarios impulsa, a través de qué vehículo y con qué plazos. Las tasas 'Tobin' y 'Google' ya se han aprobado

El informe que entreguen los expertos la próxima semana (si no hay retrasos) no es vinculante para el Ejecutivo. Por eso, Montero siempre afirma que estudiará el documento y que verá qué se canaliza y a través de qué vehículo, porque algunos cambios tributarios pueden articularse a través de la ley de Presupuestos —y no está tan claro que Pedro Sánchez pueda tener aprobados los de 2023, los últimos antes de disolver las Cortes— y otros requieren normas ad hoc, como ya ocurrió, por ejemplo, con las leyes que creaban la tasa Tobin (el impuesto a las transacciones financieras) y la tasa Google (que grava determinados servicios digitales), ambas ya aprobadas. Es decir, que Hacienda se tomará su tiempo.

La propuesta de los morados

La presión del socio morado del Ejecutivo, no obstante, ha ido en aumento en las últimas semanas. La semana pasada, el Congreso rechazó la proposición no de ley de Unidas Podemos que contemplaba un recargo de 10 puntos en el impuesto de Sociedades para las eléctricas que facturen más de 10.000 millones de euros (gravamen transitorio durante cinco años) y nuevos tramos en el IRPF para rentas superiores a 120.000 euros anuales.

Los socialistas acusaron a sus socios morados de "oportunismo político" y justificaron su no a la moción en la necesidad de "respetar los tiempos que ha determinado el Gobierno"

La moción también proponía el tipo mínimo efectivo del 15% en sociedades sobre el beneficio neto y no sobre la base imponible, y el IVA superreducido del 4% para los productos de higiene femenina y veterinarios y peluquerías, y sustituir el impuesto de patrimonio por uno nuevo que gravase las grandes fortunas.

El PSOE rechazó el texto, acusando a los morados de "oportunismo político", porque la ministra de Hacienda "no es el enemigo". Los socialistas rehusaron respaldar la proposición para "respetar los tiempos que ha determinado el Gobierno" y esperar al dictamen del comité de expertos de Hacienda. Montero había tachado ya de "inoportuna" la propuesta de los morados.

Posible foco de tensión

El programa de coalición que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019 no baja hasta el detalle en todos los aspectos en el capítulo que desarrolla la reforma fiscal. Sí promete, por ejemplo, incrementar "dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros".

La reforma tributaria y el plan de lucha contra el fraude fiscal están contenidos en el plan de recuperación, pero no se afina en cuanto a las medidas

La reorganización del sistema tributario está contenida en el plan de recuperación, en sus componentes 27 y 28, pero tampoco afina en cuanto a las medidas. Plantea una ley de lucha contra el fraude, la modernización de la Agencia Tributaria, la potenciación de la asistencia al contribuyente o el análisis de beneficios fiscales.

Sobre la subida del IRPF, simplemente adelanta que se pretende "incrementar la recaudación de los impuestos personales del sistema tributario y hacerlos más progresivos, redistributivos y justos". Y sobre los cambios en el impuesto de sociedades, que se busca "incrementar la recaudación en línea con los principales países comparables de nuestro entorno".

Todo queda, pues, al albur del informe de los expertos de la próxima semana y de la decisión que adopte Hacienda. La reforma fiscal amenaza con subir de nuevo la tensión entre los socios del Ejecutivo.

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