REFORMA DE PENSIONES

Conductores, sanitarios y mariscadoras reclaman la jubilación anticipada

  • Los sindicatos exigen que se abra ya la prometida mesa de negociación para ampliar el número de actividades que, por su dureza, permiten el retiro temprano

  • El ministerio de Inclusión tiene previsto convocar a los interlocutores sociales "dentro de poco"

Un autobús del transporte público en Zaragoza

Un autobús del transporte público en Zaragoza / Europa Press

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La reforma de pensiones es un proceso largo, con muchos capítulos y sectores afectados, y algunos de los que están teniendo que esperar a que se resuelvan otros asuntos empiezan a impacientarse. Es el caso de los trabajadores de distintas actividades económicas que aspiran a que se vea reconocida la dureza de sus profesiones para poder acceder a la jubilación anticipada sin penalizaciones, una posibilidad que ya tienen ciertos colectivos como los mineros y los bomberos. Y es que en el marco del acuerdo sobre pensiones que firmaron el verano pasado sindicatos, patronales y Gobierno se recogía el compromiso de agilizar los procesos de solicitud y de evaluación de los sectores que reclamen esta posibilidad y la creación de una comisión tripartita para examinar cada petición, una promesa que todavía no se ha cumplido. 

Ante esa dilación, los representantes de los trabajadores están empezando a actuar. Es el caso del transporte: tanto CCOO como UGT reclaman jubilación anticipada para los conductores profesionales por la penosidad de esta labor (que exige jornadas muy largas, trabajo nocturno, manipulación de cargas y -en el caso de los camioneros- muchas veces dormir en la cabina) y también por la peligrosidad que implica, para el trabajador y para los demás: “es un riesgo que una persona de 65 o 66 años lleve un autobús escolar o un camión cisterna lleno de material inflamable, o que vaya esquivando coches y cargando enfermos en el caso de un conductor de ambulancia; nuestra petición es justa para los trabajadores e interesa también al conjunto de la sociedad”, explica Jesús Ballesteros, del área de Acción Sindical del Sector de Carretera de CCOO, que avanza que están preparando una movilización en Madrid el 19 de mayo para apuntalar sus reivindicaciones.

Otro colectivo que ya está organizando protestas por este motivo es el de los sanitarios: este miércoles se celebró una concentración, convocada por el sindicato CSIF, ante las puertas del ministerio de Sanidad en Madrid para reclamar -entre otras cosas- la posibilidad de retiro temprano por la "penosidad de la actividad que desarrollan estos profesionales", que incluyen condiciones como "guardias, nocturnidad, cuidado de pacientes, contacto con enfermedades contagiosas y productos tóxicos". "En octubre remitimos un estudio científico a la Seguridad Social con nuestra petición formal para que se puedan establecer coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en este sector, y estamos esperando respuesta", asegura Paco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF.

En el caso de las mariscadoras, es la organización de autónomos UPTA la que está abanderando la mejora de las fórmulas de jubilación anticipada que ya tienen estas trabajadoras, porque son inferiores a las que tienen reconocidas otros trabajadores del mar. "Son obvias las razones por las que se debería retirar antes una mujer que está subida en una roca con el agua al pecho cogiendo percebes frente a una persona que trabaja en una oficina", explica Eduardo Abad, Secretario General de UPTA, "y lo que queremos ahora es que se igualen las posibilidades de jubilación temprana de estas trabajadoras que trabajan a pie con las de sus compañeros que lo hacen en una embarcación". Las actuales reglas de retiro temprano establecen que las mariscadoras se aplican un coeficiente reductor del 0,1 al periodo de tiempo efectivamente trabajado para establecer cuántos años antes podrán jubilarse (por ejemplo, una de estas trabajadoras con 30 años cotizados podría anticipar su retiro en 3 años) mientras que a los trabajadores a bordo de buques se les aplican unos coeficientes entre el 0,15 y el 0,4.

Negociaciones "pronto"

Los agentes sociales confirman que, más allá de una reunión preparatoria antes de Navidades, el grupo de trabajo que iba a examinar todo lo relativo a las jubilaciones anticipadas sin penalización no ha iniciado sus trabajos, algo que atribuyen a la presión por avanzar en materias más apremiantes porque están comprometidas con Bruselas, como la reforma laboral o la negociación de un nuevo sistema de cotización para los autónomos. Desde Inclusión aseguran que está previsto convocar una reunión "dentro de poco" y que la idea es diseñar los nuevos coeficientes utilizando "criterios e indicadores objetivos".

Esa es precisamente la línea que marca la última reforma de las pensiones, la que fue pactada en verano pero que llegó al Boletín Oficial del Estado en los últimos compases de 2021 después de su paso por las Cortes. En esa ley se dispone que en las actividades profesionales cuya labor sea "excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad" se podrá reducir la edad de jubilación, pero que "reglamentariamente se determinará el procedimiento general para establecer coeficientes reductores [...] que incluirá, entre otras, la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector [...] y los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para continuar con el desarrollo de la actividad a partir de una determinada edad".

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También se demanda que, para empezar el procedimiento, la propuesta tenga que partir de las patronales y los sindicatos más representativos de la actividad en cuestión (o de las administraciones y los sindicatos, en el caso de que el procedimiento afecte a empleados públicos); CCOO confirma que, en el transporte, ya se han iniciado las conversaciones con la patronal del transporte de personas interurbano Confebus, y que está pendiente una reunión con la del trasporte urbano, Atuc.

Los indicadores que, objetivamente, justificarán la aplicación de los coeficientes se establecerán "a partir de, entre otros, la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar" y su valoración correrá a cargo de una comisión de la que formarán parte los ministerio de Hacienda, Inclusión y Trabajo y las patronales y sindicatos más representativos. Si se establecen finalmente coeficientes reductores a la edad de jubilación de un sector, a éste se le aplicará también un recargo en sus cotizaciones a la Seguridad Social para "mantener el equilibrio del sistema".

Toreros, pilotos y policías: así es ahora la jubilación anticipada por actividad profesional

La actual regulación de la jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional, que permite a los trabajadores de ciertas ocupaciones especialmente duras retirarse antes de la edad legal de jubilación sin sufrir una penalización en su pensión, tiene su origen en un reglamento aprobado en 2011. Ahora son nueve los sectores que pueden acogerse a esta posibilidad: los trabajadores del mar, los que están incluidos en el Estatuto Minero, el personal de vuelo de trabajos aéreos, los ferroviarios, los artistas, los profesionales taurinos, los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, y los policías autonómicos (salvo los canarios) y locales.

El sistema es incompleto e inequitativo, apuntan fuentes sindicales, porque deja fuera por razones extralaborales a profesionales que tienen ocupaciones iguales a las que sí están contempladas. En el caso de la policía autonómica canaria, por ejemplo, el motivo es porque el Gobierno de las islas no lo ha instado; en el caso de los bomberos, aquellos que no trabajen para un organismo público (como los de las instalaciones industriales) tienen que jubilarse como el resto de asalariados simplemente por la naturaleza jurídica de su empleados.

Por otro lado, los sistemas son muy diferentes entre sí: la mayoría se sirven de coeficientes reductores en función de los años trabajados, pero otros, como los profesionales taurinos, han de acreditar un número determinado de festejos (150 para los matadores, 200 para los banderilleros) para retirarse a los 55 años.

En contraste con estas profesiones, el común de los asalariados sufre una penalización en la cuantía de su pensión si se retiran antes de la edad de referencia para jubilarse (en 2022, 66 años y 2 meses) que puede llegar hasta el 21% de recorte.