Los asesores laborales, asfixiados por la acumulación de nueva normativa

Los erte y sus numerosos cambios, el resto de reglas laborales especiales adoptadas durante la pandemia, el teletrabajo, las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la necesidad de elaborar planes de igualdad para las empresas de más de 50 trabajadores a partir de marzo, los distintos protocolos que las empresas han de adoptar (como los de desconexión digital, acoso o riesgos psicosociales), la actuación reforzada de la Inspección y, como remate, la puesta en marcha de la reforma laboral: van dos años de medidas orientadas a proteger a los trabajadores, según sus promotores, pero su acumulación y su -a veces- confusa puesta en marcha están causando estrés y problemas de conciliación a un colectivo clave: el de los graduados sociales, responsables de que esa normativa se implemente bien en las empresas.

Esta sobrecarga de trabajo está provocando aumento de abandonos y de traspasos de asesorías, alertan estos profesionales, que ya están trasladando su malestar a las autoridades mediante escritos de protesta. En diciembre, el Colegio de Graduados Sociales de Barcelona remitió una carta a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) quejándose de “falta de consideración y de empatía” por la puesta en marcha de nuevas reglas de cotización en la recta final del año, que obligaron a anular y reelaborar liquidaciones de miles de nóminas en plazos muy cortos, coincidiendo con el resto de tareas que se amontonan por el cierre del ejercicio y con los festivos navideños. La misiva exige una mejora en la implementación y en la comunicación de los cambios y regulaciones “que nos permita planificar nuestro trabajo y conciliar nuestra vida familiar y laboral, lo que ahora nos resulta totalmente imposible”. 

Mejoras similares exigen dos colegiados de Valencia en una queja formulada ante el Defensor del Pueblo, también en diciembre, ante “el ninguneo, la desconsideración y el menosprecio absoluto” de los ministerios de Trabajo e Inclusión por la “multitud de cambios en procedimientos administrativos, jurídicos, modificaciones normativas, publicaciones de decretos a última hora” y “una inseguridad jurídica palmaria” que provoca “la sobrecarga de trabajo que venimos arrastrando desde la declaración del estado de alarma”.

Administración ausente

"La palabra es: quemados", explica José Molina, CEO de Molina Consultores Jurídicos Laborales y uno de los firmantes de la petición ante el Defensor del Pueblo. "La pandemia ha servido como excusa para implantar una administración electrónica inhumana en cuanto a su aplicación, que mientras cierra delegaciones nos traslada a nosotros su trabajo para que se lo hagamos a coste cero, y encima con multas y sanciones como te retrases o equivoques ante procedimientos que implantan de un día para otro, con criterios cambiantes y con plazos cortos", resume este graduado social y abogado. "Ni la TGSS, ni el Servicio Público de Empleo (SEPE) ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tienen canales adecuados para comunicarse con los profesionales".

La digitalización y el cierre de oficinas públicas fueron la norma en las fases más agudas de la pandemia, y causaron entonces el primer repunte del volumen de trabajo de estos profesionales; pero ahora la sobrecarga sigue porque surgen problemas adicionales, explican los consultados. Una queja común es la automatización de los procedimientos: "están recalculando con nuevos sistemas informáticos liquidaciones de años pasados y, por diferencias de redondeo, arrojan descuadres de uno, dos o tres céntimos en las cotizaciones, por los que abren expediente. En las últimas semanas nos están llegando a los despachos reclamaciones de la Seguridad Social de 2017, que hay que atender prioritariamente, porque una deuda (aunque sea de un céntimo) implica que la empresa puede perder bonificaciones o subvenciones; cuando ya consigues hablar con un funcionario el asunto se resuelve, pero hasta entonces tienes que parar todo lo que estuvieras haciendo", añade Rosa Miguel Domínguez, graduada social y directora de la consultora Redlaboral.

"Como todo se hace sin intervención humana, cuando pedimos explicaciones por esas notificaciones nadie sabe explicar por qué se generan", abunda Daniel Blas, asesor laboral, que desmenuza otra de las dificultades recientes: las bajas laborales. "La gestión de las bajas médicas ha sido de récord por ómicron. Y sobre nosotros recae que coincida lo que dice el servicio de salud correspondiente, autonómico, con lo que recoge el INSS, estatal; imagínate la casuística que se ha generado con el caos de las bajas: algunas las da el médico pero el parte no llega al INSS, en otros casos no coinciden los días... y todo hay que resolverlo antes del 20 de febrero; a pesar de la situación excepcional de contagios, no se han ampliado los plazos", se lamenta.

La tercera gran cuita del colectivo tiene que ver con los plazos: la aprobación de normas al filo de su entrada en vigor (como sucedió con la reforma laboral o muchas prórrogas de los erte) y las que tienen efectos retroactivos (como las dos últimas actualizaciones del SMI) fuerzan a los profesionales a rehacer trabajo ya terminado. "Que nadie piense que esto es apretar un botón", asegura Rubén Molina, también de Molina Consultores; "es calcular atrasos, reenviar los seguros sociales... y hay más posibles efectos: por ejemplo, si un trabajador que cobra el SMI es despedido a finales de enero, la retroactividad del SMI que acaban de pactar sindicatos y Gobierno supone más papeleo aún, como una complementaria, y aclarar con Hacienda la cuantía final del finiquito". Y como las oficinas públicas funcionan desde la pandemia vía digital o con cita previa, muchos ciudadanos no tienen más remedio que acudir a los profesionales: "Aquí en Valencia ya no dan cita previa hasta después de Fallas [a mediados de marzo], así que una persona mayor que quiera jubilarse y no se maneje con internet (además de que ha de tener Certificado Digital) ¿cómo lo va a hacer si no?", concluye.

Abandono de la profesión

Todos los consultados coinciden en que este esfuerzo sostenido desde el comienzo de la pandemia está detrás de los traspasos de despachos y abandonos de la profesión que constatan en las redes de comunicación de los graduados sociales: "les pasa a muchos compañeros, sobre todo los de edad más avanzada o los que tienen asesorías pequeñitas, a los que no les da tiempo a asimilar todos los cambios por falta de medios técnicos o humanos", dice José Molina; "es una fuga de cerebros; además de los que se van, en la agencia de colocación que dirijo constatamos que nadie quiere trabajar en asesorías laborales", añade Rosa Miguel.

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Por su parte, Ángela Labrador, de Grupo2000 (un centro especializado en formación que instruye también a asesores laborales) apunta que se encuentran con "personas muy quemadas, algunos muy experimentadas en la asesoría laboral, que lo han pasado muy mal: crisis de ansiedad, tener que ir al hospital... son consecuencias del nerviosismo y la inseguridad jurídica: ante las lagunas en la normativa, tratan de dar información a sus clientes pero con la presión de que, si se equivocan, pueden acabar causando una sanción", reflexiona.

A la espera de la respuesta de las autoridades, el colectivo sigue con sus medidas de protesta (una petición en la plataforma change.org para apuntalar su reclamación al Defensor del Pueblo reúne ya más de 5.500 firmas) y no descartan recurrir a otras fórmulas, como las acciones judiciales. Por su parte, fuentes de Seguridad Social aseguran que el INSS "mantiene un trato muy fluido con el Consejo General de Graduados Sociales", al que "remiten continuamente información de su interés" y a los que resuelven "dudas y consultas por escrito de forma inmediata o concertando con ellos reuniones", mientras que la TGSS, afirman, también mantiene reuniones periódicas con los representantes del colectivo.