TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La ‘amnistía’ del Gobierno sólo recorta un 3% la avalancha de nuevas renovables

  • Apenas 5.000 MW de proyectos verdes que estaban a la espera de los permisos legales renuncian a seguir con la tramitación y recuperarán los avales presentados por cerca de 200 millones

  • Transición Ecológica dio un mes a los promotores que quisieran retirar sus solicitudes para intentar desinflar la burbuja del sector e ir tumbando peticiones sin un proyecto real detrás

Un parque de energía eólica.

Un parque de energía eólica. / Pedro Esteves | AEE

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España afronta una avalancha de solicitudes para levantar nuevas plantas de energías renovables sigue superando todas las previsiones y desborda los objetivos marcados por el Gobierno para impulsar las energías limpias, a pesar de las sucesivas medidas del Ejecutivo para frenar la especulación y pinchar una temida burbuja en el sector.

La hoja de ruta del Ministerio para la Transición Ecológica para impulsar la descarbonización del sector energético contempla la puesta en funcionamiento de unos 60.000 megavatios (MW) de nuevas renovables hasta 2030. Pero las solicitudes para conectar a la red eléctrica nuevas instalaciones renovables casi triplican toda esa nueva potencia verde prevista por el Gobierno para la próxima década en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

En un nuevo intento de cribar algunas de esas solicitudes que no tienen un proyecto energético real que las sustente, el Gobierno abrió a finales de diciembre una suerte de amnistía a través de las que daba un mes a los promotores que quisieran retirar su solicitud y con ello podrían recibir los avales presentados para tramitar su petición. Agotado el plazo de acogerse a la medida, pocos son los solicitantes que se han acogido a la posibilidad de renunciar y la avalancha de solicitudes apenas se ha reducido en un 3% en un mes.

Durante el mes en que estaba abierta la posibilidad de retirarse, apenas 5.000 megavatios (MW) de potencia de energías verdes han renunciado aprovechando esa suerte de amnistía exprés, según las estimaciones que manejan varias compañías del sector de las renovables.

Aerogeneradores en un parque eólico

/ JOAN REVILLAS

Apenas 5.000 del total de 176.000 MW acumulados en las solicitudes para conectarse a la red presentadas ante Red Eléctrica de España (REE) hasta finales de diciembre. Una renuncia que conllevará la devolución de avales por importe de unos 200 millones de euros presentados como garantía, a razón de 40.000 euros por cada megavatio.

Aluvión de peticiones a REE

Los registros oficiales de REE reflejan que a finales de enero en España había parques eólicos y plantas fotovoltaicas en funcionamiento con una potencia de 41.800 MW, unos 500 MW que un mes antes. Los promotores de plantas renovables mantienen solicitudes para conectarse a la red para una potencia de más de 168.000 MW, unos 8.000 MW menos que al cierre de diciembre. Pero parte de ese recorte se reparte entre solicitudes directamente rechazadas por REE y los proyectos que se han puesto ya en funcionamiento.

De todas esas solicitudes formalizadas, 144.300 MW ya cuentan con permiso de acceso aprobado por REE, encargada de conceder una de las licencias para enchufar las plantas a la red; y otros 23.700 MW han presentado su solicitud pero aún está en estudio. Además, REE ha denegado la autorización a 125.400 MW durante años (3.000 MW sólo en el último mes).

Los registros de REE desvelan que entre generación en servicio, solicitudes concedidas o en estudio y las peticiones rechazadas se ha registrado un recorte de unos 4.600 MW en el último mes en los que se no se reflejaría las nuevas peticiones formuladas en enero. Es por eso que desde el sector se eleva ligeramente su estimación de proyectos que han renunciado a seguir tramitando su solicitud. Tanto desde el Ministerio para la Transición Ecológica como desde Red Eléctrica no hacen comentarios ni más precisiones sobre el volumen de potencia renovable que ha retirado su solicitud aprovechando la amnistía.

Medidas contra la especulación

En el sector de las energías limpias proliferó durante años la especulación con los permisos de conexión a la red eléctrica, que se habían llegado a convertir en un activo con los que las empresas negocio y por los que se pagaban cantidades disparatadas en la reventa pese a que REE los concede gratuitamente.

En los últimos años, el Gobierno ha ido adoptando medidas con el objetivo acabar con esa especulación y expulsar las solicitudes sin proyectos detrás. Entre otras iniciativas, el Ejecutivo disparó el importe de los avales que se exigen para solicitar la conexión a la red o se estableció la obligación de cumplir con hitos intermedios para asegurarse de que la solicitud la respalda un proyecto real. Además, la recién aplicada no es la primera de las amnistías promovidas por el Ministerio para la Transición Ecológica.


/ EP

Ya a mediados de 2020 el Gobierno estableció una moratoria de nuevas solicitudes y dio tres meses para que los promotores retirarán su petición de acceso a la red y recuperar las garantías económicas presentadas. Entonces sí que se registró un gran volumen de renuncias, con solicitudes de 39.300 MW retiradas y casi 1.600 millones de euros en avales devueltos.

Administración colapsada

La avalancha de proyectos renovables sigue siendo tal que ha acabado por colapsar las Administraciones encargadas de conceder los permisos y provocando enormes retrasos en la tramitación (el Ministerio para la Transición Ecológica en el caso de grandes proyectos de más de 50 MW y las comunidades autónomas para las plantas de menor potencia). Unos retrasos que amenazaban con expulsar proyectos que sí contaban con un plan de construcción real por incumplir los plazos legales de obtención de autorizaciones intermedias.

A finales de diciembre, el Gobierno aprobó in extremis una ampliación de nueve meses de los plazos para que los promotores renovables obtengan algunos de los permisos intermedios (la declaración de impacto ambiental y la autorización administrativa previa), evitando que cientos de proyectos decayeran por el retraso de las administraciones, y que los promotores pudieran perder los avales presentados para obtener las licencias y los permisos de acceso a la red conseguidos.

Con el objetivo de impulsar proyectos renovables realmente viables y expulsar los meramente especulativos, el Gobierno impuso a los promotores la obligación de ir cumpliendo hitos intermedios e ir consiguiendo autorizaciones en un plazo máximo de cinco años desde la obtención del permiso de acceso a la red. Muchos proyectos estaban a punto de incumplir esos plazos y en la mayoría de los casos la causa era el retraso en la tramitación por parte de las Administraciones. Para salvar esos proyectos el Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto la mano y ha retrasado hasta enero de 2023 el cumplimiento de varios de esos hitos.

En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica prepara directamente el lanzamiento de subastas de los accesos a la red para nuevos proyectos renovables, en los que pesará criterios económicos, pero también de empleo, sociales y ambientales. El Gobierno se ha comprometido a lanzar la primera de esas subastas antes del verano, para lo que se ultima una orden ministerial con los criterios específicos para la organización de la puja, que se sacará en audiencia pública y se aprobará en este primer trimestre.  

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