DIÁLOGO SOCIAL

Las cuatro razones del no de la CEOE a la subida del SMI: del coste a las empresas a la no indexación

Los empresarios fundamentan su negativa a aumentar el salario mínimo en la incertidumbre económica e insinúan que tiene un componente electoral

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, interviene en una cumbre empresarial en Aragón el pasado mes de enero

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, interviene en una cumbre empresarial en Aragón el pasado mes de enero / EFE

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“Eran lentejas, lo tenían comprometido con los sindicatos; no ha habido negociación, sino consulta”; palabras de la negociadora de CEOE, Rosa Santos, al terminar el encuentro este miércoles con Trabajo y sindicatos que desembocó en la firma del acuerdo de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros mensuales para 2022 con la negativa de la patronal. La parte empresarial tenía un mandato claro, acordado por unanimidad en una reunión telemática de la dirección de CEOE el martes: rechazo frontal y unánime a cualquier aumento del salario mínimo. Estas son sus razones.

Costes de las empresas

Para la patronal, una nueva subida del SMI en estos momentos supone un aumento de costes empresariales más que se suma a la de la luz, a la de las materias primas, a los encarecimientos provocados por los cuellos de botella en el comercio internacional y a las subidas de cotizaciones sociales presentes y futuras (el último acuerdo de pensiones, también sólo entre Gobierno y sindicatos, consagró un aumento del 0,5 puntos de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social para financiar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional a partir de 2023). Todo esto, razona CEOE, ejercerá una “presión sobre los márgenes de las empresas” que puede “llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo”.

Sectores vulnerables

Para CEOE la subida del SMI afecta especialmente a actividades económicas en los que la mano de obra supone una gran parte de los costes (y que han asumido en los últimos años aumentos del salario mínimo que suman más de un 30%), y que coinciden en muchos casos con los que más se han visto afectados por la pandemia y con sus consecuencias económicas; son sectores como “el agrícola y aquellos intensivos en mano de obra (limpieza, hostelería, etc.), que llevan años soportando sobrecostes de todo tipo”, según el comunicado emitido tras el Comité Ejecutivo de la patronal de esta semana. “Esta medida no afecta al Ibex 35”, asegura a este diario un dirigente de CEOE, “afecta a los 3 millones de empresas que tienen entre uno y cinco trabajadores, que son las que peor lo están pasando en estos momentos de incertidumbre económica”, se lamenta.

No indexación

Entre los sectores más afectados por las subidas, añade CEOE, se encuentran los de servicios contratados por la Administración Pública (como seguridad o jardinería), para los que se mantienen los pagos públicos al mismo nivel mientras los costes laborales de los empresarios que se hacen cargo de ellos aumentan al ritmo del SMI, ya que buena parte de los empleados que se ocupan de esas tareas reciben sueldos muy bajos. Por ello, la patronal exige que esos contratos públicos se indexen a los aumentos del salario mínimo, “un compromiso adquirido en 2019 [por el Gobierno] que incomprensiblemente nunca ha sido atendido”.

Subida “política”

A las razones económicas para su rechazo, los empresarios le suman una nota política: creen que la subida obedece a intereses relacionados con la campaña en Castilla y León y con la futura proyección electoral de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Así cualquiera gana puntos: yo pacto, tú pagas”, dice con amargura un líder empresarial. “Es además una injerencia en un terreno propio de la patronal y de los sindicatos, que es la fijación de salarios”, advierte; precisamente a comienzos del mes que viene tiene que comenzar la negociación entre CEOE, Cepyme, UGT y CCOO sobre el futuro Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, el que fija las directrices salariales para los negociadores sindicales y empresariales de los 5.000 convenios colectivos que hay en el país.

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