La gran industria pide al Gobierno reabrir el debate sobre el apagón de las nucleares

Las grandes industrias españoles hacen frente común para exigir al Gobierno medidas urgentes para combatir los altos precios de la electricidad y el gas, que ponen en riesgo la competitividad y la viabilidad de algunos sectores por el enorme peso de las facturas energéticas en su estructura de costes.

Las patronales Anfac (automoción), AOP (petroleras y refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia) se unen para reclamar al Ejecutivo la inmediata adopción de medidas adicionales para amortiguar el impacto de la espiral de alzas de los mercados eléctrico y gasista.

Las asociaciones industriales, agrupadas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, piden al Gobierno rebajas de impuestos, más ayudas a las compañías, recortes de los costes que se cargan a las facturas de luz y de gas, reformas estructurales de los mercados energéticos… y también se lanzan a pedir una revisión del calendario de cierre de las centrales nucleares en España.

“Es preciso reabrir el debate en torno al futuro de la generación eléctrica a partir de energía nuclear”, sostienen las patronales de la gran industria, que defienden el papel que pueden jugar las centrales eléctricas para contener los precios energéticos. “La experiencia de los últimos meses ha demostrado la relevancia de su aportación al mix en cuanto a energía de base, fiable, descarbonizada e independiente de las fluctuaciones en los mercados energéticos internacionales”, sostienen las asociaciones en un comunicado conjunto.

El Gobierno, en cambio, no se plantea revisar ese debate. Durante las últimas semanas, el Ejecutivo ha defendido abiertamente el calendario pactado con las eléctricas para el cierre progresivo de todas las centrales nucleares españoles entre 2027 y 2035, que conducirá para entonces al apagón nuclear total en el país.

Los planes del Gobierno son mantener el cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles ahora operativos acordado en 2019 con Iberdrola, Endesa y Naturgy, y que contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035. La política oficial sólo contempla el objetivo de caminar hacia conseguir un sistema eléctrico 100% renovable, prescindiendo progresivamente del resto de tecnologías.

“Yo creo que el horizonte está claro”, sentenciaba la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el calendario de cierres de todas las nucleares en una entrevista publicada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. “Tanto la Ley del Clima como el PNIEC [Plan Nacional Integrado y de Energía y Clima] marcan cuáles son nuestros objetivos y me parece que no nos debemos desviar más que al alza. Es decir, si podemos ir más deprisa en la transición ecológica, mejor”, sostenía.

“Yo no tengo la menor intención de invitar a nadie a revisar ese calendario. Esta crisis actual del precio del gas en los mercados internacionales muestra que económicamente lo único que tiene sentido es acelerar la transición y poder contar con un sistema energético que no dependa, que no tenga la vulnerabilidad y la alta dependencia de combustibles fósiles en los mercados internacionales”, indicó Ribera.

Menos impuestos, más ayudas

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Entre otras medidas, las patronales de la gran industria también reclaman múltiples rebajas de impuestos (reducción del impuesto de hidrocarburos, eliminación definitiva del 7% a la producción eléctrica, reducción del impuesto especial de electricidad…) y de los costes regulados en las facturas energéticas. Las asociaciones industriales solicitan más ayudas para los sectores para paliar el impacto del alza de precios, con mejoras en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo y el desarrollo de un nuevo Estatuto también para el Consumidor Gasintensivo, con bonificaciones a la inversión para el autoconsumo industrial o acelerando las ayudas para compensación de costes indirectos de CO2.

En paralelo, la alianza de patronales industriales mete presión al Gobierno para que active rápidamente las subastas forzosas que obligarán a las grandes eléctricas a ofrecer contratos a plazo con precios estables, que el Ministerio para la Transición Ecológica pretende lanzar este año pese a la oposición frontal de las grandes energéticas. Y también piden impulsar las interconexiones eléctricas con Francia para que España deje de ser una isla energética y una revisión integral del funcionamiento y del modelo del mercado mayorista eléctrico, que lleva desde mediados del año pasado marcando máximos.