Las grandes eléctricas claman contra la subasta forzosa del Gobierno: “Es quitar luz a unos clientes para dársela a otros”

Alertan de que ya tienen vendida prácticamente toda la electricidad y no disponen de energía para vender en la subasta obligatoria. Se quejan de que el Ejecutivo les impedirá cumplir contratos ya firmados. 

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. / EFE

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El Gobierno quiere obligar a las grandes eléctricas a participar en subastas de contratos de venta de electricidad a plazo con precios estables, con el objetivo de hacer llegar electricidad más barata con suministros largos a comercializadoras independientes y a la gran industria. Unas subastas a las que los grandes grupos (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) estarían obligadas a acudir de manera forzosa para subastar parte de su electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y eólica.

El plan del Ejecutivo es que la primera de esas subastas se celebre este año, y ya se ha encontrado con el rechazo frontal de las grandes eléctricas contra una medida que forma parte del plan de choque gubernamental para amortiguar el impacto en el recibo de luz de la espiral de subidas de los mercados de electricidad y de gas.

Para las grandes eléctricas no será una opción participar, será una obligación acudir a esas subastas y ceder parte de su producción a comercializadoras independientes ajenas a los grandes grupos energéticos o directamente a la gran industria para que pueda contener los costes energéticos en plena espiral de subidas. El Gobierno subraya que su objetivo es aumentar la liquidez de los mercados a plazo para que industria y comercializadoras puedan acceder a energía a precios razonables y de manera estable.

Las grandes compañías, por lo general, venden toda o casi toda su producción eléctrica a sus propias comercializadoras, a filiales del mismo grupo, o a otros clientes. Desde el sector eléctrico se denuncia que la energía hidroeléctrica y la nuclear está ya vendida a clientes finales a precio fijo. “Si se hiciesen las subastas, no se incrementaría la contratación a plazo, sino que se quitaría la energía a unos clientes para dársela a otros. La energía está vendida y no hay energía para subastar sin quebranto para los clientes que ya la tienen comprada”, se queja una de las grandes eléctricas.

Según las compañías, su producción eléctrica para 2022 también está vendida ya de manera muy mayoritaria, subrayando que han cerrado contratos en la mayoría de los casos para más del 80% de la generación del próximo año. Los contratos bilaterales de suministro de electricidad a plazo incluyen cláusulas para modificar las condiciones o para suspenderlo en caso de que cambien las condiciones regulatorias o por determinados umbrales de precios. Las eléctricas advierten de que tendrán que activar esas cláusulas si el Gobierno les obliga a acudir a esa subasta forzosa.

Los grupos sostienen, además, que se penalizará a los clientes que fueron precavidos y contratado el suministro con tiempo, y beneficiará justo a los que prefirieron no cubrir el riesgo de posibles subidas de precio. “Los clientes que hoy compran esa energía se quedarían sin suministro por fuerza mayor. Les quitan la energía a quien ha contratado a precio fijo para evitar riesgos de crisis de precio y se la dan a quien no se ha protegido y ha tomado riesgos. Las subastas impedirían el cumplimento de contratos firmados”, denuncian las compañías.

El real decreto 17/2021, a través del que se articuló el plan de choque para contener el precio de la luz, incluía un mandato expreso para que el Gobierno celebrara la primera de estas subastas antes del 31 de diciembre de 2021. Un mandato que el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, incumplió y el año terminó sin que se celebrase la puja. El Gobierno reta ahora las grandes eléctricas y se dispone a activar el plan para que se celebre la primera de esas subastas este año.

Incluso ya estaba prefijada la cantidad de energía que tenían que subastar en la primera de esas subastas, inicialmente prevista para el año pasado: 15.830 gigavatios hora (GWh), el equivalente al 25% de la producción eléctrica anual del ejercicio con menor producción de las instalaciones afectadas. Ya estaba establecido el reparto de la energía que deben aportar cada una de las eléctricas en función de su cuota de generación: Iberdrola, más de 7.300 GWh; Endesa, 6.700 GWh; Naturgy, 1.400 GWh; y EDP, 360 GWh.

“Un 25% de la generación es muy energía afectada, mucha inversión afectada y muchos clientes afectados”, sentencian desde las grandes eléctricas. Para las compañías energéticas, las subastas “crean inseguridad jurídica y dificultan la contratación de energía a los industriales”.

La industria apoya la subasta

Los grupos industriales, en cambio, respaldan la celebración de la subasta forzosa para garantizar parte de su suministro eléctrico a precios razonables. La gran industria mete presión al Gobierno para que tome medidas de urgencia para conseguir electricidad a precios razonables en un 2022 que temen será crítico. Desde la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) -en la que se integran gigantes como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica o Tubos Reunidos- se denuncia que las eléctricas no les están ofreciendo contratos bilaterales en plena espiral de subidas de precios.

Grandes grupos industriales con un consumo intensivo de electricidad -para algunos la factura eléctrica representa el 50% y el 60% del total de sus costes- se han visto obligados incluso a parar la producción de sus factorías para evitar funcionar con pérdidas debido a los precios disparados de la energía, en máximos desde el verano. 

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