Reformas

Escrivá ofrece más poder a los agentes sociales en el fondo de pensiones público

El último borrador de Inclusión aumenta el peso de sindicatos y empresarios en el órgano supervisor y cede ante la patronal al no primar a las gestoras sin ánimo de lucro

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, impartiendo una conferencia a alumnos de la Universidad Pública de Navarra

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, impartiendo una conferencia a alumnos de la Universidad Pública de Navarra / Europa Press

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Los futuros fondos de pensiones públicos siguen en el taller, aunque están ya muy cerca de echar a rodar: el Ejecutivo ha remitido el pasado 1 de febrero a los agentes sociales un nuevo borrador de este proyecto por el que el Gobierno busca promocionar con el impulso del Estado los planes de pensiones de empleo, los que empresas, administraciones y organizaciones profesionales abren para sus empleados y asociados. La novedad de este último texto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, es que recoge parte de las quejas y aportaciones que sindicatos y patronal hicieron al anterior documento, del 17 de enero, que había sido recibido con frialdad.

En concreto, en respuesta a la objeción de que los interlocutores sociales pintan poco en la gestión de los fondos, el departamento de Escrivá ofrece aumentar su presencia en el órgano de supervisión y control de los mismos; se retira la ventaja que se daba en el anterior documento a las entidades sin ánimo de lucro frente al resto a la hora de seleccionar gestora (algo que irritaba especialmente a las patronales aseguradora y bancaria), se ofrecen nuevos incentivos a las empresas para apostar por los planes de empleo y se hace más flexible el sistema de aportaciones.

Más presencia social

Según el último texto, la Comisión de Control Especial (CCE) de los fondos de pensiones públicos, que vela por su buena marcha, estará compuesta por trece miembros, de los que cuatro serán propuestos por los sindicatos, cuatro por las patronales y cinco por el ministerio de Inclusión. Hay más presencia así de los agentes sociales que la prevista en el borrador anterior, en la que se proponía una CCE de once integrantes, tres sindicales, tres patronales y cinco ministeriales. 

El nuevo documento no cambia la composición del organismo clave del proyecto, la Comisión Promotora y de Seguimiento, pero perfila un poco más su diseño: seguirá estando integrada por nueve funcionarios de carrera -cinco de Inclusión, y uno de cada de Hacienda, Trabajo, Economía y Transición Ecológica- pero esta vez se especifica que su nivel ha de ser al menos “de Subdirector General y asimilado”. También se dispone que los elegirá el Secretario de Estado correspondiente de cada departamento. Su misión continuará siendo impulsar los fondos y controlar todo el sistema.

Una de las funciones clave de la Comisión Promotora y de Seguimiento es la designación de las entidades gestoras que administrarán los fondos de pensiones públicos, y en este último borrador se elimina un párrafo que se añadió en el anterior y que causó gran indignación en CEOE: el que disponía que “deberá otorgarse una puntuación superior a las entidades gestoras que tengan la condición de entidades sin ánimo de lucro” en el proceso de selección. Esto daba ventaja a organizaciones como las mutualidades frente a las gestoras de bancos y aseguradoras, que con la desaparición de ese redactado podrán competir en las mismas condiciones.

Nuevos incentivos

Otra de las novedades que incorpora el último texto es un incentivo a las empresas para aportar a los planes de empleo -no sólo los amparados por el sector público- de sus trabajadores: que una parte de lo que se les ingresa en estos vehículos de ahorro quede exenta de pago a la Seguridad Social, como ocurre con las dietas por desplazamiento o las indemnizaciones por traslado o despido. En concreto, se excluye del cómputo de la base de cotización “una cuantía limitada” de las contribuciones empresariales, que en este caso es “el importe resultante de multiplicar por nueve la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes”.

El nuevo texto incluye asimismo un rediseño de las aportaciones máximas con beneficios fiscales que pueden hacerse a los planes de empleo, con el objetivo de dar más flexibilidad al trabajador. El tope anual seguirá siendo de 8.500 euros, como hasta ahora, pero la aportación del empleado no quedará limitada a ser igual o inferior a la de la empresa, sino que podrá aportar más si las contribuciones empresariales son pequeñas. 

Hasta ahora, si la empresa aportaba -por ejemplo- 500 euros al año, el trabajador podía sumar por su parte otros 500 euros o menos. En cambio, con el sistema previsto en el borrador, si la empresa contribuye con 500 euros anuales o menos, el empleado podrá ingresar de su bolsillo en el plan hasta 2,5 veces el importe empresarial. Si el empleador aporta entre 500 y 1.000 euros, el empleado podrá ingresar dos veces más; para desembolsos empresariales entre 1.000 y 1.500 euros, el coeficiente multiplicador para el trabajador es de 1,5; y finalmente, para contribuciones de la empresa por encima de 1.500 euros anuales, se conserva el sistema actual por el que el empleado puede hacer una aportación, como máximo, igual. En todo caso, el sistema actual también se mantiene para los trabajadores con un sueldo igual o superior a los 60.000 euros al año.

En el ministerio no desvelan cuándo quieren llevar este proyecto al Consejo de Ministros, pero fuentes gubernamentales apuntan a que este último texto ya se ha visto en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios del pasado jueves, lo que abre la puerta a su remisión inmediata. El Gobierno quiere que esta iniciativa llegue pronto a las Cortes, porque su aprobación parlamentaria está comprometida con Bruselas para antes de que termine este semestre en el marco de los compromisos acordados para recibir los Fondos Next Generation EU.

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