El Gobierno salva por la mínima y al límite la reforma laboral

Es casi un must en estos tiempos líquidos de la coalición: negociación hasta ultimísima hora con los grupos. Sobre la bocina, pero con tanto final a favor del Gobierno. También ha ocurrido con la reforma laboral, el proyecto estrella de Yolanda Díaz, la norma que para Unidas Podemos bien valía una legislatura y su entrada en el Gabinete. El texto que encarna el paso del ecuador de legislatura para Pedro Sánchez y la medida icono de los compromisos contraídos con Bruselas a cambio de los fondos europeos. Todo eso convergía en un real decreto ley de 54 páginas, producto del acuerdo con patronal y sindicatos, que conseguirá este 3 de febrero la necesaria convalidación del Congreso para continuar vigente y enterrar, ya sí, la legislación del PP de 2012.

Tras el sí PDeCat y Unión del Pueblo Navarro, amarrado la tarde del miércoles, el Gobierno acude tranquilo al debate, con la garantía de que cuenta con el respaldo de 176 votos, por los 173 que tendrá enfrente. Aprobará la reforma, si no hay sorpresas ni fallos fatales, por un ajustadísimo margen de tres votos. Pero la negociación seguía abierta, sobre todo con el PNV, ya que el Ejecutivo buscaba un mayor colchón para evitar contratiempos. Las posibilidades de que los nacionalistas vascos y ERC virasen al menos hacia la abstención eran, no obstante, mínimas.

Los 176 votos los aportan PSOE (120 diputados), Unidas Podemos (34), Ciudadanos (9), Más País (2), Compromís (1), Teruel Existe (1), Coalición Canaria (1), Nueva Canarias (1), PRC (1), y los dos últimos partidos en sumarse, PDeCat (4) y UPN (2). En el no se sitúan PP (88), Vox (52), Bildu (5), Junts (4), CUP (2), BNG (1), Foro Asturias (1), el exdiputado de Cs Pablo Cambronero y, con casi total seguridad, ERC (13) y PNV (6).

El bipartito salvará su decreto, pero no será una jornada feliz en la Cámara baja. La votación, cogida con alfileres y fruto de delicados equilibrios, dejará muchas heridas. Se quiebra la mayoría de investidura y cuaja una suma alternativa en la que convergen derechas e izquierdas y que alimenta el fantasma de la geometría variable tan anhelada por Sánchez y de la que tanto abominaba UP. Para Díaz es, de hecho, un éxito muy amargo, porque su pretensión de agrupar a los socios habituales en torno a su proyecto emblemático naufraga.

La vía Cs fue aquella en la que confió el PSOE cuando percibió que ERC y PNV se mantenían rocosos y la que le permite ahora vestirse de opción centrada a las puertas de las elecciones de Castilla y León del 13-F. Pero la derecha también sufre: naranjas, PDeCat, CC y UPN se suben al sí, atendiendo a la petición de la patronal, mientras PP y Vox se encastillan en el no, bando que comparten ERC (muy presionada por los sindicatos), PNV y Bildu. La reforma dibuja, pues, hondas fisuras en todas las direcciones.

"Culminar" la legislatura en 2023

La de este miércoles fue otra jornada larga de negociaciones. A primera hora, se sucedieron los llamamientos de las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz a los grupos. Apelación que secundó desde Emiratos el propio Sánchez. El jefe del Ejecutivo, que presidió el Día de España en la Expo Universal de Dubái, insistió en que la reforma es un "acuerdo de país" que ha de ser convalidado en sus términos porque representa "a todos". No descartaba ningún voto ni daba nada por hecho. Eso sí, dio un recado a los socios: la "estabilidad política está garantizada" al margen de la votación de este jueves. Su propósito es "culminar" la legislatura y convocar elecciones una vez concluya la presidencia española de la UE, en diciembre de 2023.

Hasta entonces, afirmó, "todos los partidos" deberán "garantizar" que aquellas normas que cuenten con un "amplio respaldo social" cuenten con el plácet de las Cortes. El presidente no cree que quede tocado el bloque de investidura con la apretada votación de este jueves, pero también lanza el mensaje de que quiere ampliar el foco, armar consensos transversales. Con la premisa, argumentó, de que las formaciones que obstruyen y no "arriman el hombro" son castigadas por los electores, como demostraron las elecciones portuguesas del pasado domingo.

Por la tarde, el panorama se despejó. El PDeCat, que había cerrado hace días su apoyo, anunció su sí. Su portavoz en el Congreso, Ferran Bel, remarcó que respaldó la norma del PP de 2012, igual que hará con la del actual Gobierno, que no deroga la anterior pero sí ha sido acordada por los agentes sociales, algo "capital", por lo que si fuera tumbado el texto sería un "golpe mortal al diálogo social". Minutos después, confirmó el apoyo, desde Pamplona, el presidente de UPN, Javier Esparza, que negoció directamente con el ministro Félix Bolaños, con el portavoz socialista, Héctor Gómez, y con el número tres del partido, Santos Cerdán. Los foralistas votan sí "por responsabilidad y por sentido de Estado", porque no creen que esta votación sea un "plebiscito" sobre Sánchez, informa EFE.

ERC rechaza el "trágala"

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Los números, por tanto, ya daban al Gobierno. Pero justos. Por eso seguía abierta la línea de diálogo con ERC y PNV, y continuará hasta última hora. Pero la parte socialista del Ejecutivo ya asumía que sería difícil atraerlos. Más aún a los republicanos, que consideran la negociación un "trágala" y que acusan a Díaz de haberse "pasado de frenada" al dar por hecho su respaldo, en palabras de Gabriel Rufián. Los nacionalistas vascos ponen por delante la prelación de convenios autonómicos, petición que el PSOE no está dispuesto a ceder, porque descolgaría a la patronal y desbarataría los apoyos por la derecha de Cs o UPN.

Llegar hasta este 3-F ha sido un "trabajo de orfebrería", aseguraban desde la cúpula socialista. Solo queda el último paso, pero el decisivo, el que vale. Y los cimientos son tan frágiles que, para el Gobierno, nada puede fallar.