DIÁLOGO SOCIAL

Trabajo, patronal y sindicatos negociarán la subida del SMI a partir del 7 de febrero

La vicepresidenta afirma que se ceñirá a las recomendaciones previas de sus expertos, que marcan un SMI de cerca de 1.000 euros

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La negociación para a actualizar el salario mínimo interprofesional (SMI) a lo largo de este año empezará el 7 de febrero. Así lo ha comunicado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los agentes sociales al mediodía de este miércoles y así lo ha hecho público poco después durante su visita oficial a la sede del sindicato UGT en Barcelona. Actualmente, este suelo salarial está en 965 euros brutos (en 14 pagas) y afecta a algo menos de dos millones de trabajadores.

A preguntas de los periodistas sobre cuánto subirá el salario mínimo, la vicepresidenta responde que "conocen bien el informe de expertos, nos vamos a manejar en ese escenario". Dicho informe marca una senda de incrementos progresivos para 2023 y, de mantenerse en la senda marcada por la subida del año anterior, debiera dejar el SMI en una cifra cercana a los 1.000 euros. Concretamente y tras el incremento último de 15 euros (de 950 a 965 euros en 2021), el salario mínimo debiera subir a 996 euros.

El arranque de las negociaciones será finalmente el 7 de febrero tras varias semanas pendientes los agentes sociales de convocatoria oficial. La fecha no es baladí y es que ese lunes será el primer día hábil después del pleno del Congreso en el que los partidos deberán decidir si votan o no a favor de la reforma laboral consensuada por la coalición con patronal y sindicatos. Una reforma para la que el Gobierno todavía no tiene una mayoría definitiva atada y para la que Díaz espera sumar a los partidos que dieron apoyo a la investidura. Y es que ese es el principal motivo de que la negociación para subir el salario mínimo empiece tarde, pues Díaz había manifestado su intención de tenerla cerrada y en vigor ya en enero. 

En busca de esos apoyos ha viajado la dirigente de Unidas Podemos a Barcelona, donde ha agendado encuentros con los dirigentes catalanes de UGT y CCOO para apoyarse en ellos y presionar a ERC para que apoye la votación. "Es muy difícil decirle que no a esta norma", ha declarado en la sede de UGT, flanqueada por el secretario general del sindicato, Camil Ros. "Queremos que lo apoye la mayoría de la investidura", ha declarado el dirigente ugetista.

Los sindicatos exigen llegar a 1.000 euros

El programa del Gobierno de coalición establece claramente el compromiso de que el salario mínimo debe llegar al final de la legislatura a un importe equivalente al 60% del salario medio en España. Esta es la senda en la que insiste en todas sus referencias la vicepresidenta segunda y sobre la que se pronunció el año pasado una comisión asesora formada por expertos de los Ministerios de Trabajo, Economía y Hacienda. Según sus recomendaciones, para llegar a ese objetivo se contemplan tres escenarios que elevarían el SMI en 2022 a 989 euros mensuales (24 euros más), a 996 euros (31 euros más) o a 1.005 euros (40 euros más). Si no se producen cambios en la senda, la cifra para este año pasa por los 996 euros.

Los sindicatos no se moverán prácticamente nada de los cuatro dígitos, tal como le ha reiterado este miércoles Ros a Díaz. "Esperamos que cumpla con el compromiso de llegar a los 1.000 euros", le ha dicho el secretario general de UGT de Cataluña a la vicepresidenta. La brevedad o no de las negociaciones dependerá de la patronal CEOE y si se aviene a negociar o no incrementos. El año pasado los empresarios se mantuvieron en su postura de "ni un euro" de incremento y se acabaron descolgando del acuerdo, que el Gobierno tuvo que firmar solo con los sindicatos.

El 'no' de la patronal, que también se ha desmarcado del segundo acuerdo en pensiones, no influyó en el resultado final de la reforma laboral, que finalmente la organización presidida por Antonio Garamendi sí apoyó. No obstante, el resultado final de dicha reforma en el Congreso sí podría acabar condicionando la subida del SMI. Pues de producirse cambios en la misma, fruto de la negociación con los partidos, que enojaran a la patronal, esta podría acabar levantándose de la mesa y renunciar a proseguir con el diálogo social durante la legislatura. Algo de lo que ya avisó Garamendi.

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