NEGOCIACIÓN TRIPARTITA

Malestar en los agentes sociales por la falta de diálogo en la Ley de Empleo

UGT, CCOO y CEOE protestan ante Trabajo por no haber abierto una mesa negociadora a pesar de ser una reforma comprometida con Europa como la laboral

Un grupo de personas hace cola en una oficina de empleo

Un grupo de personas hace cola en una oficina de empleo / Europa Press/Óscar Cañas

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El monopolio que la reforma laboral lleva meses ejerciendo sobre la vida económico-social del país está pasando una factura cada vez más alta al resto de materias pendientes de negociación: a los retrasos que ya está provocando en mesas como la del Salario Mínimo o la de pensiones, que avanzaba esta semana EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se le suma ahora la queja de todos los agentes sociales por haber opacado otra negociación de importancia no menor: la Ley de Empleo. La protesta afloró este martes en una reunión del Consejo General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): UGT, secundada por CCOO y CEOE, exigía explicaciones de por qué esta norma no se ha negociado en condiciones similares a la del mercado de trabajo, cuando está igualmente comprometida con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La reivindicación se fundamentaba -según fuentes presentes en la reunión del SEPE- en que frente a los meses de negociaciones con empresarios y sindicatos para acordar la reforma laboral, el borrador de la Ley de Empleo fue remitido por Trabajo a los agentes sociales poco antes de su aprobación en primera lectura por el Consejo de Ministros, en diciembre del año pasado, sin dar oportunidad a debatir sus contenidos en una mesa; es más, UGT plantea que sindicatos y empresarios se han visto en desventaja frente al resto de organizaciones sociales interesadas en la norma, porque éstas han podido realizar sus aportaciones durante el proceso de audiencia pública del anteproyecto del ley (que estuvo abierto entre el 15 y el 23 de diciembre), mientras que los agentes sociales han tenido que esperar a la reunión del SEPE de esta semana -que no es una mesa negociadora, sino un ámbito de información y seguimiento- para presentar sus alegaciones.

Políticas activas

La reforma de la Ley de Empleo figura en el calendario pactado con la Comisión Europea como una de las medidas que ha de aprobarse antes de finales de 2022 para seguir recibiendo los fondos Next Generation EU; igual que la reforma laboral o la de pensiones debían estar listas antes de que concluyese 2021. Su alcance es amplio: regulará las relaciones entre las distintas administraciones y el sector privado para coordinar y hacer efectivas las políticas de empleo; transformará el SEPE en una Agencia Española de Empleo; impulsará una plataforma digital estatal que conecte a todos los demandantes de empleo y las ofertas de trabajo a nivel nacional (como adelantó El Periódico) y reformulará las Políticas Activas de Empleo.

Es precisamente este punto, el de las Políticas Activas de Empleo (las que se orientan a mejorar las competencias y habilidades de los que buscan trabajo para que tengan éxito en conseguirlo) en el que más diálogo ha habido entre agentes sociales y Gobierno, aunque hace ya tiempo: entre finales de 2020 y mayo de 2021 se analizaron en una mesa de negociación, que dejó de convocarse por el Ejecutivo -según fuentes sindicales- cuando se había avanzado mucho pero sin cerrar un acuerdo. Así que la Ley de Empleo se acomete con una de sus cinco partes parcialmente debatida, pero sin dialogar sobre las otras cuatro (la política de empleo, la Agencia Española de Empleo, los compromisos con los demandantes de empleo y la financiación del sistema). Aunque oficialmente sindicatos y empresarios nunca recibieron una explicación de por qué se cerró la mesa, aseguran que el fondo de la cancelación tiene que ver no con Trabajo, sino con otras dos instituciones: el ministerio de Hacienda (interesado en limitar futuros compromisos de gasto) y las Comunidades Autónomas (que son las que definen con el Estado el diseño de las políticas de empleo y las que las ejecutan, y no quieren compartir su protagonismo con los interlocutores sociales).

Fuentes de los agentes sociales aseguran que una Ley de Empleo sin diálogo sería "una oportunidad perdida para acometer los cambios necesarios de la normativa anterior [que data de 2015]", y aunque reconocen importantes avances en la regulación que ahora plantea el Gobierno, también detectan deficiencias que -en su opinión- tendrían que subsanarse, sobre todo en la propia participación de sindicatos y empresarios en la gobernanza del sistema de empleo (quieren un papel más importante) y en la evaluación de las Políticas Activas de Empleo (para hacerlas más eficaces).

Desde Trabajo reponen que la estrategia que está en la base de la ley fue negociada a lo largo de varios meses con los agentes sociales y añaden que les han pedido sus observaciones y aportaciones, que serán tenidas en cuenta. Subrayan en todo caso que la norma, para la que queda todavía tramitación, implica también a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. El Gobierno se ha comprometido con sindicatos y patronal en todo caso a remitirles un nuevo documento cuando evalúen qué propuestas del proceso de audiencia pública y de las aportaciones sociales incorporarán al texto.

Las otras reformas de Trabajo para 2022

Incluso si descontamos la reforma laboral, aprobada en 2021 tal y como se había prometido a Bruselas (aunque aún quede la tramitación parlamentaria), la tarea reformista del ministerio de Trabajo todavía está lejos de acabar. Además de la Ley de Empleo, que ha de estar publicada en el Boletín Oficial del Estado antes de final de año, el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a tener listas en 2022 otras dos leyes: la reforma de los incentivos a la contratación, en la línea de las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (que dijo en 2020 que estas bonificaciones son poco eficaces a menos que se dirijan a colectivos muy específicos de baja empleabilidad), y la reforma de los subsidios por desempleo: el anteproyecto se espera para este trimestre, la aprobación en el Consejo de Ministros para mitad de año y su entrada en vigor para antes de que comience 2023.

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