ATASCO EN LAS MESAS SOCIALES

La negociación de la reforma laboral retrasa el diálogo en salarios y pensiones

La atención del Gobierno se focaliza en el tira y afloja parlamentario, mientras esperan su turno el SMI, la negociación colectiva y los fondos de pensiones públicos

La vicepresidenta Yolanda Díaz, en el Consejo de Ministros que aprobó la reforma laboral

La vicepresidenta Yolanda Díaz, en el Consejo de Ministros que aprobó la reforma laboral / Europa Press

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La agenda política tiene muchos asuntos abiertos -desde las elecciones en Castilla y León hasta la ley de vivienda, pasando por la gestión de la pandemia-, pero en el frente económico-social toda la atención está absorbida por un asunto, la reforma laboral y su trámite parlamentario, que tiene su primer hito en poco más de una semana: la convalidación (o no) por el Congreso del texto acordado por Gobierno, sindicatos y empresarios. Y tanta es la concentración del Ejecutivo de Pedro Sánchez en superar ese primer trámite, que se espera para el 3 de febrero, que la apretadísima agenda de mesas de diálogo previstas para este comienzo de 2022 ya está comenzando a sufrir retrasos y tensiones; y eso que los asuntos que están abiertos a debate en ellas no son menores: salario mínimo, el nuevo acuerdo de negociación colectiva, la Ley de Empleo o el proyecto de fondos públicos de pensiones, entre otros.

El del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es uno de los más acuciantes. Normalmente se fija a finales del año anterior, pero la negociación de la reforma laboral (en este caso, con sindicatos y empresarios) y su publicación in extremis el 30 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado, un día antes de que expirara el compromiso con Bruselas, forzó su retraso a 2022; con todo, los sindicatos, que urgen una subida de los 950 euros al mes actuales a los 1.000, contaban con tenerlo arreglado en los primeros compases del nuevo año. "Nosotros no vamos a esperar más", advertía el líder de UGT, Pepe Álvarez, el 12 de enero: "yo quiero hoy exigir al Gobierno la constitución de la comisión que elabore y acuerde el aumento del SMI", añadía. Dos semanas después, esa mesa no se ha constituido todavía.

Los sindicatos no están haciendo ruido con este retraso en el SMI, apuntan fuentes del diálogo social, para colaborar en que las negociaciones con los grupos parlamentarios sobre la reforma laboral lleguen a buen puerto. Cuentan en todo caso con que la convocatoria de la mesa sea inminente, esta misma semana, aunque "Joaquín [Pérez Rey, Secretario de Estado de Empleo] tenga ahora otras prioridades", apunta uno de los negociadores sindicales. Pérez Rey, el principal negociador de la reforma laboral con los agentes sociales, es también el que está llevando el peso de las conversaciones con los partidos en estrecha colaboración con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dicen desde el Gobierno. En el Ejecutivo no están muy preocupados por el retraso en el SMI: cuentan con que la subida que se marque sea retroactiva con efecto de 1 de enero, así que aunque la mesa de diálogo empiece más tarde, esperan cerrarla con un resultado similar al que se habría alcanzado de haberse pactado en los primeros compases del año.

Fondos de pensiones públicos

Aunque la reforma laboral es una competencia sobre todo de Trabajo, la necesaria participación de Seguridad Social en las negociaciones laborales -con las que está estrechamente vinculada- retrasan también el calendario de las mesas de diálogo que dependen de José Luis Escrivá. La principal en estos momentos es la reforma del Régimen de Autónomos, sobre la que se han completado ya tres reuniones y hay agendada una cuarta para el lunes que viene; pero el ministerio quiere aprovechar para mover a la vez otro de los asuntos que quedaron paralizados por las conversaciones sobre el mercado de trabajo, y que ahora urge: la aprobación de los fondos públicos de pensiones, que promoverán el ahorro colectivo para la jubilación entre empleados públicos, asalariados y trabajadores por cuenta propia. Igual que la reforma de los autónomos, esta política está comprometida con Bruselas para mediados de este año, y creen en Inclusión que si no dan más velocidad a los trabajos podría peligrar su tramitación en las Cortes en plazo.

Sindicatos y empresarios aseguran que el ministerio de Inclusión les ha trasladado esta urgencia, aunque la fría acogida que ha tenido el último borrador del Gobierno entre los agentes sociales parece haber frenado algo las prisas del Ejecutivo: fuentes del diálogo social aseguran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que Inclusión acepta dar más tiempo para intercambiar papeles y alegaciones, lo que podría llevar la negociación más allá de la semana que viene; en todo caso, sigue siendo el empeño de Inclusión llevar cuanto antes los fondos al Consejo de Ministros para empezar también pronto la negociación parlamentaria.

Las tareas se acumulan en las mesas de Seguridad Social, porque además de autónomos y fondos públicos de pensiones, antes de mitad de año tendrían que quedar también resueltos los flecos pendientes de la reforma de pensiones del año pasado (cotización de los becarios no remunerados, incapacidad temporal de los trabajadores fijos discontinuos e igualación de la prestación de viudedad de las parejas de hecho con la de los matrimonios), y tienen que aprobarse en primera lectura por el Consejo de Ministros -es el compromiso con Bruselas- dos de las reformas más polémicas que quedan en materia de pensiones: el reajuste en los años de carrera necesarios para cobrar el 100% de la pensión, y el aumento de las cotizaciones (y del importe) de las pensiones máximas.

Otra de las normas que ya fue aprobada en primera lectura y que está pendiente de su luz verde final es la Ley de Empleo, también afectada por la negociación de la reforma laboral: el último documento con el que cuentan los agentes sociales es del 3 de diciembre, y no ha habido ninguna reunión más desde entonces para debatir sus contenidos: se les han pedido alegaciones por correo electrónico, que se debatirán en una reunión prevista para este martes. Su alcance es muy importante: entre otras cosas, reformará el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para convertirlo en la Agencia Española de Empleo y creará una gran plataforma de ofertas de empleo a escala nacional, como adelantó El Periódico. "Queremos que se abra mesa de diálogo, y nos dan la callada por respuesta", se quejan desde los sindicatos.

El destino de buena parte de estas negociaciones que se retrasan depende, al final, de lo que suceda con la reforma laboral: la CEOE se conjuraba en su último Comité Ejecutivo para no sentarse en ninguna mesa de diálogo si las Cortes alteran en algo el pacto alcanzado entre sindicatos, empresarios y Gobierno. Si finalmente hay cambios y la patronal cumple su amenaza, estarían en entredicho no sólo todas las negociaciones tripartitas enumeradas hasta ahora, sino también la bipartita, empresarios-sindicatos, sobre el próximo Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, el documento que marca las pautas para los negociadores de los 5.000 convenios que hay en España y que CEOE, UGT y CCOO quieren abordar en las próximas semanas, dado que el anterior pacto caducó en 2020.

Optimismo en el Gobierno sobre el sudoku de la reforma laboral

Las negociaciones para lograr que la reforma laboral sea convalidada en el Congreso van "bien, aunque son complejas", apunta una fuente gubernamental. El desafío, apuntan, está en soldar las siguientes piezas: ni Compromís ni Más País participarán en una votación de convalidación en el que no estén los grupos que dieron la investidura a Pedro Sánchez; los votos de Ciudadanos no son suficientes para superar el trámite del Congreso; y los nacionalistas han de ir como un bloque a la votación, porque ninguno quiere ser el que, en solitario, dé el visto bueno a la ley de Sánchez y Díaz. El Ejecutivo confía en conseguir un compromiso que no altere lo pactado con sindicatos y patronal (para no forzar a CEOE a salirse del acuerdo), y a la vez satisfaga las reivindicaciones de sus aliados en las Cortes. La idea es que todas las novedades vayan en normas diferentes a la que ahora se tramita: "ni sindicatos ni empresarios pueden tener derecho de veto sobre las materias que no se han tratado en el acuerdo que han alcanzado".

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