CRISIS ENERGÉTICA

El Gobierno salva a las gasistas de un roto millonario en sus cuentas por la subida de la factura

  • Da a Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP garantías totales de cobro de las alzas del gas que no se repercuten ahora en la tarifa regulada del gas y que se aplicarán en diferido.

  • Las empresas no tendrán que realizar provisiones millonarias para cubrir lo que ahora no están cobrando a sus clientes por los topes a la subida establecido por el Gobierno. 

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. / efe

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El Gobierno puso en marcha el pasado verano un plan de choque para amortiguar el impacto en las facturas que pagan hogares y empresas de los fuertes encarecimientos de la electricidad y del gas. Para el recibo de luz, el Ejecutivo aplicó drásticas rebajas temporales de los impuestos (que se mantendrán al menos hasta abril) y de la parte regulada de la factura (que se ha suavizado desde enero).

En el caso de la factura del gas, el Ministerio para la Transición Ecológica estableció un tope a las subidas que debían aplicarse en la tarifa regulada de gas, denominada Tarifa de Último Recurso (TUR) y que el Gobierno revisa cada tres meses fundamentalmente en función de la evolución del precio del gas en los mercados internacionales.

Como el precio del gas lleva meses disparado y tocando máximos históricos, se esperaban subidas de la TUR desorbitadas y el Ejecutivo estableció que de manera temporal (dos trimestres) sólo se repercutirá un máximo del 15% del coste de la materia prima en las revisiones de octubre y de enero de la tarifa regulada, a la que están acogidos 1,5 millones de clientes, fundamentalmente hogares y pymes. En octubre, la tarifa regulada del gas debería haber subido un 26% y, gracias a la medida del Ejecutivo, lo hizo un 4,6% de media. Y en enero, se incrementó un 5,48%, frente al casi 84% al que obligaba el aumento del precio del gas en los mercados internacionales.

Subida en diferido

Los pequeños consumidores de gas acogidos a la TUR se salvaban así de las fuertes subidas que iban a reflejarse en su factura en pleno invierno. Al menos durante un tiempo, porque esas subidas se aplicarán en sus recibos en diferido. Todo el alza que no se ha repercutido ni desde octubre ni desde enero, se empezará a aplicar de manera fraccionada mes a mes, en principio, desde abril (si el Gobierno no amplía la medida más allá de los dos trimestres previstos actualmente).

Las compañías gasistas que ofrecen la tarifa regulada (filiales de Naturgy, Endesa, Iberdrola y EDP) dejan de cobrar a sus clientes durante estos seis meses cantidades millonarias reconocidas por ley, a la espera de ingresarlas poco a poco a partir de abril. Desde el sector del gas se venía advirtiendo en los últimos meses de la necesidad de que el Gobierno precisara cuándo y cómo se repercutiría esa subida en diferido.

La incertidumbre sobre la fórmula que se utilizaría para ese cobro en diferido y la falta de garantías legales específicas al respecto hacía que los auditores de las compañías pudieran exigir provisiones para cubrir esas cantidades, lo que provocaría un roto millonario en las cuentas, o incluir salvedades en los resultados financieros de las empresas, según varias fuentes del sector gasista. Pero el Gobierno ha encontrado la fórmula para evitar que las empresas afronten esta situación comprometida, para satisfacción de las grandes compañías gasistas.

El Gobierno incluyó a finales del año pasado en el real decreto por el que se prorrogaba el escudo antiopas para empresas estratégicas y el marco de ayudas públicas también un artículo que modificaba el plan de choque para evitar la subida de la luz y el gas. Una modificación a través de la que el Gobierno daba garantías totales de cobro por ley a las comercializadoras de último recurso. Toda esa deuda pasa a estar respaldada directamente por el sistema gasista, así que el cobro se da por seguro y diluye las exigencias de los auditores de los grandes grupos energéticos.

“No se podrá poner fin al procedimiento de recuperación de las cantidades adeudadas hasta que las comercializadoras de último recurso hayan recuperado la totalidad de las mismas, incluyendo, en su caso, los intereses correspondientes. La facturación de la tarifa de último recurso responderá de estos pagos, y en su defecto, estos tendrán la consideración de desajuste entre ingresos y costes del sistema gasista”, establece la nueva redacción introducida por el Gobierno para garantizar el cobro a las compañías.

Rebaja de impuestos

El Gobierno también hizo un guiño a la gran industria directamente afectada por la subida del gas, permitiendo a las empresas que se vean forzadas a reducir su producción modificar o suspender el caudal de gas contratado, como en los peores momentos de parón económico provocado por la pandemia. Pero las compañías energéticas y las industriales tienen más reivindicaciones ligadas a los precios del gas.

Las asociaciones empresariales que agrupan a todo el sector del gas (los grupos de redes de transporte y de distribución y también las comercializadoras) y a los grandes consumidores industriales de gas llevan meses presionando al Gobierno para conseguir una rebaja de los impuestos que se incluyen en la factura del gas, similar a la que sí se está aplicando en la factura eléctrica.

Tanto desde la patronal de las gasistas Sedigás como desde la asociación de los grandes consumidores GasIndustrial se reclama una rebaja del IVA que se aplica al consumo de gas del 21% actual hasta el 10% (como ya sucede con la luz y con el agua) y también una reducción del gravamen del Impuesto Especial de Hidrocarburos hasta el mínimo que permite la Unión Europea (pasando de 0,65 euros por cada gigajulio a 0,30).  

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