DIÁLOGO SOCIAL

Las claves del fondo de pensiones público: las objeciones de sindicatos y patronal

Los agentes sociales quieren más participación, más garantías y más incentivos para dar su visto bueno al gran proyecto del ministro de Inclusión

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, en una comparecencia en Oviedo este viernes

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, en una comparecencia en Oviedo este viernes / Jorge Peteiro

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El Gobierno quiere aprobar cuanto antes su proyecto de fondos de pensiones de empleo impulsados por el Estado, pese a las reticencias de los agentes sociales. El Ejecutivo quiere que uno de los próximos Consejos de Ministros dé el visto bueno al plan para remitirlo a las Cortes y que allí se tramite como proyecto de ley. El objetivo: que esté en el Boletín Oficial del Estado antes del 30 de junio, de acuerdo con el compromiso marcado en el calendario del que dependen la llegada de los fondos europeos. Estas son las principales objeciones de sindicatos y empresarios al último borrador, que se debatió en la mesa de negociación el pasado 19 de enero.

Sin garantías del Estado

Aunque los fondos son promovidos desde el sector público, el Estado no se hace responsable de los resultados de las inversiones ni actuará como garante o acudirá al rescate si las cosas van mal. Lo dice con meridiana claridad uno de los primeros artículos del borrador: “La promoción de los fondos de pensiones de empleo por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no supondrá en ningún caso garantía de la preservación del valor de las aportaciones o contribuciones efectuadas al plan de pensiones ni de la rentabilidad asignada a dichas aportaciones y contribuciones”. Los agentes sociales se preguntan por tanto qué ventaja tiene acudir al fondo público frente a uno creado por las empresas, los sectores o las organizaciones profesionales por su cuenta.


Demasiado control público

Los agentes sociales enfatizan que los recursos que nutrirán los fondos públicos serán aportados sobre todo por empresas, trabajadores y autónomos, pero los dos mecanismos de control y supervisión de los fondos que plantea el Gobierno están dominados por los representantes de la administración. En el caso de la Comisión Promotora y de Seguimiento, que crea, controla, disuelve y establece las líneas maestras de inversión de los fondos, sus integrantes serán nueve altos funcionarios de los ministerios de Inclusión, Economía, Trabajo, Transición Ecológica y Hacienda. En el caso de la Comisión de Control Especial, que supervisará la administración de los planes inscritos en los fondos públicos, el Gobierno llevará la voz cantante: de sus once representantes, cinco serán elegidos a propuesta de Inclusión, tres de la patronal y tres de los sindicatos.

La selección de la gestora

La norma dice que los planes integrados en los fondos públicos serán administrados por una entidad gestora, que elegirá la Comisión Promotora y de Seguimiento mediante procedimiento abierto. En el proyecto se especifica que, entre otros criterios a tener en consideración, “en la valoración de las distintas ofertas deberá otorgarse una puntuación superior a las entidades gestoras que tengan la condición de entidades sin ánimo de lucro”. Una ventaja para estas instituciones que no gusta en las patronales del sector financiero y asegurador (y por tanto no gusta en CEOE) porque consideran que perjudica a sus empresas asociadas en la pugna por optar a la gestión de los planes inscritos en los fondos públicos.

Limitación de los planes individuales

CEOE, de nuevo a instancias del sector asegurador, está en contra de la filosofía del Gobierno que anima este proyecto: favorecer los planes de pensiones colectivos frente a los individuales. El borrador consagra la tendencia marcada en los dos últimos Presupuestos Generales del Estado de limitar el atractivo de los planes de pensiones individuales reduciendo la cantidad de aportación a ellos que desgrava, y en cambio fomentar los colectivos ampliando sus deducciones. En el proyecto, con carácter general, se especifica que las aportaciones anuales exentas de tributar en el IRPF son 1.500 euros para los planes individuales y 8.500 para los colectivos. En palabras del ministro de Inclusión este mismo viernes: “Lo que estamos haciendo es intentando desplazar el ahorro desde los planes individuales a los planes colectivos de empleo. Los individuales son muy caros, tienen comisiones muy altas, frente a los de empleo (que tienen aproximadamente un 0,3% de comisión, frente a más del 1% de los otros). Lo que queremos es que el beneficio fiscal se desplace hacia los planes colectivos, que son los más atractivos y que dan nuevas oportunidades [de ahorro] a una serie de ciudadanos que no la tenían: pymes, autónomos, empleados públicos…”

Falta de estímulos

El objetivo declarado de estos fondos públicos de pensiones es que atraigan sobre todo a esos grupos que menos se han servido hasta ahora de los planes de pensiones colectivos: autónomos, empleados públicos de instituciones pequeñas y los asalariados que no están en grandes empresas. Los agentes sociales creen que sólo los autónomos cuentan con estímulos para optar por la fórmula que propone el Gobierno: a los trabajadores por cuenta propia se les ofrece la posibilidad de deducirse 4.250 euros anuales en sus aportaciones a sus propios fondos colectivos. Pero -apuntan sindicatos y empresarios- el proyecto del Gobierno no contempla ni beneficios fiscales para las empresas y trabajadores que apuesten por un fondo público mediante la negociación colectiva sectorial, y tampoco recoge habilitación presupuestaria a las administraciones para aportar a planes de pensiones por cuenta de los empleados públicos. Sin estímulos fiscales ni otros incentivos, los agentes sociales no ven atractiva estas fórmulas de ahorro diseñadas por el Gobierno.

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