CRISIS ENERGÉTICA

La industria presiona al Gobierno para que obligue a las eléctricas a subastar luz barata

La patronal de los grandes consumidores eléctricos alerta de su situación crítica por la subida y se queja de que ni el Ejecutivo toma medidas adicionales ni las eléctricas ofrecen contratos a precios competitivos para este año.

La industria presiona al Gobierno para que obligue a las eléctricas a subastar luz barata
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La gran industria mete presión al Gobierno para que tome medidas de urgencia para conseguir electricidad a precios razonables en un 2022 que temen será crítico. Grandes consumidores industriales tratan de conseguir in extremis que el Ministerio para la Transición Ecológica fuerce a las eléctricas a suscribir contratos a precios alejados de los niveles alcanzados con la actual espiral de subidas.

El plan de choque del Gobierno para amortiguar el impacto en el recibo de la luz de las subidas de los mercados de electricidad y de gas incluía medidas de carácter temporal (con rebajas de impuestos y de la parte regulada de la factura) y otras que pretenden ser duraderas. Entre estas últimas, el Gobierno incluyó la celebración de subastas forzosas de contratos de compra de electricidad a plazo con precios estables y con una duración de más de un año.

Unas subastas a las que las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) estaban obligadas a acudir de manera obligatoria para subastar parte de su electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y eólica para vendérsela a comercializadoras independientes (las no integradas en los grandes grupos energéticos) y a grandes consumidores industriales.

El real decreto que incluía las medidas del plan de choque establecía que la primera de estas subastas debía celebrarse antes de que terminara 2021. Un plazo que el Gobierno dejó pasar y no cumplió, como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Ahora la gran industria reclama al Gobierno que ponga en marcha de manera urgente las subastas forzosas para conseguir electricidad a precios competitivos.

“Ni el Ministerio para la Transición Ecológica pone en marcha las subastas ni las compañías eléctricas nos están ofreciendo contratos con precios razonables como se comprometieron. Necesitamos energía a precios competitivos para 2022”, explica Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), en la que se integran gigantes como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica o Tubos Reunidos.

Más de un mes sin contactos

El Ministerio comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera es el encargado de poner en marcha la subasta, pero sigue sin activar los mecanismos legales para hacerlo y desde el departamento no se hacen comentarios sobre si existen planes en este sentido. Desde AEGE se apunta que el último contacto con el Ministerio se produjo hace más de un mes, pero confían en un encuentro en breve para abordar posibles medidas para que la gran industria pueda rebaja su factura eléctrica.

Para las grandes eléctricas no será una opción participar en estas subastas, será una obligación acudir a ellas. Incluso ya estaba prefijada la cantidad de energía que había que subastar en la primera de esas subastas: 15.830 gigavatios hora (GWh), el equivalente al 25% de la producción eléctrica anual del ejercicio con menor producción de las instalaciones afectadas. E incluso se había establecido el reparto de la energía que deben aportar cada una de las eléctricas en función de su cuota de generación: Iberdrola, más de 7.300 GWh; Endesa, 6.700 GWh; Naturgy, 1.400 GWh; y EDP, 360 GWh.

Desde las grandes eléctricas se han venido insistiendo en la imposibilidad de celebrar de manera urgente la subasta obligatoria. Las compañías argumentaban que no podían proporcionar electricidad el año pasado para subastar porque ya tenían vendida toda la producción de energía de 2021 y que su producción eléctrica para 2022 también está vendida ya de manera muy mayoritaria, subrayando que han cerrado contratos en la mayoría de los casos para más del 80% de la generación del próximo año.

Las grandes compañías, por lo general, venden toda o casi toda su producción eléctrica a sus propias comercializadoras, a filiales del mismo grupo. La pretensión del Gobierno con estas subastas es aumentar la liquidez de los mercados a plazo, obligando a ceder parte de esa producción a comercializadoras independientes ajenas a los grandes grupos energéticos o directamente a la gran industria para que pueda contener los costes energéticos en plena espiral de subidas.

Contratos a precios razonable

Las grandes eléctricas dan por hecho que el Gobierno estará vigilante en los próximos meses y que sí activará el mecanismo de subastas forzosas en 2022 si detecta que las compañías no están ofreciendo energía a precios razonables -con niveles previos a la crisis energética- a grandes clientes o no están renovando los acuerdos de suministro en condiciones estables.

Una circunstancia que, según denuncia AEGE, ya se está produciendo. “Parece que el Gobierno no convoca la subasta a cambio de que las eléctricas ofrezcan contratos de electricidad a precios competitivos. Al final, no estamos teniendo ni lo uno ni lo otro”, se queja Fernando Soto. “Cualquier medida que implica desacoplar el precio de nuestro suministro de electricidad de los precios del gas ya sería atractiva para la industria”. Por eso, los grupos también piden como alternativa que las plantas de energías renovables que cuentan con una retribución garantizada (régimen Recore) aporten su producción eléctrica a un precio fijo para que la utilicen los grandes consumidores.

Grandes grupos industriales con un consumo intensivo de electricidad -para algunos la factura eléctrica representa el 50% y el 60% del total de sus costes- se han visto obligados incluso a parar la producción de sus factorías para evitar funcionar con pérdidas debido a los precios disparados de la energía, en máximos desde el verano.

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