Almeida confirma la mano dura contra los pisos turísticos y denuncia su “competencia desleal”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirma el giro hacia la mano dura de sus posiciones sobre la regulación de los pisos turísticos. Cuando estaba en la oposición, el Partido Popular criticó con dureza y recurrió la normativa del consistorio comandado por Manuel Carmena para poner coto a la proliferación de viviendas de uso turístico en la capital. Ahora ese mismo PP, pero al frente del Ayuntamiento con el apoyo de Ciudadanos, prepara su propia regulación que implicará el veto del 80% de toda la oferta actual de alquiler turístico en la ciudad.

Almeida ha aprovechado este martes su intervención en el Foro Exceltur de Liderazgo Turístico para denunciar la “competencia desleal con los hoteles” que representan los pisos turísticos por no tener que cumplir la mismas exigencias de seguridad; para vincular el alquiler turístico con el fenómeno de despoblación de los centros de las ciudades; y para ligar la actividad con “molestias e incomodidades” para los vecinos.

“Esa realidad está aquí y hay que regularla”, ha sentenciado el alcalde, que admite ahora “desacuerdos puntuales” con la regulación del equipo de Carmena. “Vamos a regularla definitivamente y lo vamos hacer en función de la naturaleza de la actividad, que se trata de un uso económico, así que la norma limitará las viviendas de uso turístico y otras actividades de uso terciario, como consultas de médico o notarías”, en determinadas plantas de los edificios.

Asimismo, el alcalde de Madrid ha defendido la labor de inspección emprendida por el Ayuntamiento contra irregularidades en la explotación de viviendas de uso turístico y ha cifrado en 460 las órdenes de cierre contra pisos turísticos en la capital.

Nueva regulación

El Ayuntamiento de Madrid aprobó muy a finales de julio un avance de lo que pretende que sea el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital. En la futura normativa, que aún le queda un largo proceso de tramitación y que no entrará en vigor hasta mediados de 2022, el consistorio ha incluido la obligación de que sólo puedan utilizarse para alquiler turístico viviendas en plantas bajas, primeras plantas sin vecinos debajo o edificios completos.

El Ayuntamiento actual -con Partido Popular y Ciudadanos como socios- pretende así utilizar el futuro PGOU para modificar el Plan Especial de Hospedaje hoy en vigor y que fue diseñado por el anterior equipo municipal, comandado por Manuela Carmena.

La normativa vigente procedente del anterior consistorio es más dura, ya que restringe el alquiler turístico a sólo pisos con acceso directo a la calle -en la práctica, sólo bajos-, lo que suponía la prohibición masiva del 95% de las viviendas de uso turístico de la ciudad (aunque de facto siguen ofertándose entre 10.000 y 14.000 pisos turísticos en Madrid aunque no cumplan estas exigencias). La restricción prevista por el consistorio actual de José Luis Martínez-Almeida (PP) implicaría el veto para más del 80% de los pisos turísticos hoy operativos en Madrid.

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El Ayuntamiento justifica su propuesta de normativa en que con ella dará cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con la que tumbó los 14 recursos presentados por diferentes organizaciones contra el Plan Especial de Hospedaje del equipo de Carmena. Almeida ha subrayado este martes que hasta ahora había “escasez de doctrina” legal y se agarra a esa sentencia para justificar el cambio de Plan General.

La interpretación del consistorio es que la sentencia establece que el alquiler turístico ha de considerarse un uso terciario de hospedaje y no un uso residencial, por lo que deben ajustarse a la normativa de hospedaje y desarrollarse sólo en plantas bajas, en primeros sin viviendas bajo ellos o en edificios exclusivos.