PENSIONES

Los sindicatos exigen más derechos para los becarios para seguir negociando

El compromiso de que las prácticas no remuneradas cuenten para la carrera profesional lleva pendiente desde septiembre

Alumnos de una escuela de cocina en Barcelona

Alumnos de una escuela de cocina en Barcelona / Sergi Conesa

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La reforma de las pensiones está en el entreacto: la primera parte se negoció durante meses por sindicatos, empresarios y Gobierno, se firmó el pasado 1 de julio y ya ha entrado en vigor, y la segunda mitad, que incluye asuntos tan importantes como la subida de las cotizaciones y de las cuantías de las pensiones máximas, tiene que abordarse enseguida, porque el compromiso con Bruselas es que esté encarrilada antes de mitad de año. Pero antes de arrancar esa nueva fase, los sindicatos exigen que se arregle un tema que está comprometido, pero que lleva meses paralizado: que las prácticas no remuneradas cuenten también como periodo cotizado, para que los becarios tengan más derechos cuando llegue el momento de su jubilación.

El momento es oportuno, porque después de meses concentrados en la reforma laboral, los negociadores del Gobierno y de los agentes sociales han vuelto a retomar la mesa de pensiones para rematar algunos flecos que quedaron pendientes en el pacto del pasado verano. En la primera reunión, la del jueves, se abordó un asunto crucial: la reforma de la cotización de los autónomos, que afecta a más de tres millones de trabajadores por cuenta propia; pero en esa misma mesa, los sindicatos plantearon que quieren dejar cumplido también ahora el compromiso referido a las becas no remuneradas. Su importancia, medida en número de afectados, es también notable: alcanzan -según cálculos de CCOO- a más de medio millón de estudiantes de FP y Universidad al año, y la gran mayoría de los dos millones de personas que cada año estudian para obtener algún título o grado pasarán, en algún punto de su formación, por estas prácticas.

Retraso de meses

El pacto de pensiones firmado en julio por el Presidente del Gobierno y los líderes empresariales y sindicales se especifica que "en el plazo máximo de tres meses se procederá al desarrollo reglamentario con el que se garantice la cotización efectiva al sistema de Seguridad Social de las personas que realicen una práctica formativa, aunque no tenga carácter remunerado"; incluso si se descontase agosto como inhábil, el compromiso ya llevaría un retraso de varios meses. Pero los agentes sociales recuerdan que esta demora se añade a una anterior, porque la intención de extender la obligación de cotizar por las becas no remuneradas ya se consignó en otra norma impulsada por un Gobierno de Pedro Sánchez: el real decreto-ley 28/2018, que se aprobó a finales de aquel año para poder revalorizar las pensiones y que incluía, en su disposición adicional quinta, una promesa muy similar a la que se incumple también ahora, porque el plazo que fijaba era asimismo de tres meses. Es decir, ya van más de tres años de compromisos que no se materializan.

En esta ocasión, el pacto de julio recoge además un importante descuento en la futura obligación que las empresas con becarios no pagados asumirían en términos de cotización a la Seguridad Social: en lo acordado se dice que "se aplicará a estas prácticas una reducción del 75% en la cotización [...] financiada desde los presupuestos del Estado". Es decir, frente a la cotización de los becarios pagados, por los que las empresas aportan a la Seguridad Social lo mismo que por un contrato formativo (61 euros al mes), lo que las compañías tendrían que aportar por un becario no remunerado sería unos 15 euros mensuales.

"El objetivo de esta medida no es recaudatorio, no es conseguir recursos para la Seguridad Social, sino hacer un gesto en favor de los jóvenes que dedican más tiempo a su formación y por tanto entran más tarde en el mercado laboral" explica Carlos Bravo, Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. "Lo que queremos es que, además de su título, tengan un reconocimiento en periodo cotizado, que les ayudará así a reunir los 37 años de cotización que serán necesarios a partir de 2027 para acceder al 100% de la base reguladora de la pensión; es una apuesta por unas buenas pensiones".

Educación y Universidades se oponen

Este reconocimiento, apunta Bravo, profundizaría en la dirección que ya se adoptó en la reforma de 2011 de ampliar derechos para los sectores de la población que se ven más afectados -según los datos- por las lagunas en las carreras profesionales, como las mujeres con hijos o los jóvenes afectados por la precariedad. Fue en una de las normas derivadas de aquella reforma, hace más de una década, cuando se incluyó por primera vez a los becarios remunerados entre los cotizantes a la Seguridad Social, y ahora se trata de extender también esa condición a los que no cobran por sus prácticas. Entonces, igual que ahora, también hubo resistencias en la comunidad educativa a esta ampliación de derechos.

Y es que la dificultad para aprobar el nuevo compromiso no está, según los sindicatos, en el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que se muestra favorable, sino en los de Educación y Universidades, que alegan que los centros formativos se resisten a las cotizaciones, porque eso asusta a las empresas que convenian con ellos las prácticas curriculares, y si las compañías huyen las universidades y los centros de FP se quedan sin las bolsas de empleo con las que atraen a los estudiantes. En el diálogo social cuentan con que, en las próximas semanas, mantendrán reuniones con esos departamentos para tratar de vencer sus reticencias.

Desde que en 2013 se asentase definitivamente la obligación de cotizar por los becarios pagados, la Seguridad Social ha registrado una media mensual de 80.000 cotizantes por estas prácticas, unas cifras que se desplomaron con la pandemia, por la disrupción que generó en las actividades académicas.

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