POLÍTICA ECONÓMICA

El calendario enreda las negociaciones de la reforma laboral y el salario mínimo

Los agentes sociales cuentan con que el diálogo salarial se prolongará hasta febrero, al compás del debate sobre el mercado de trabajo en el Congreso

Las vicepresidentas primera, Nadia Calviño, y segunda, Yolanda Díaz, conversan durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso

Las vicepresidentas primera, Nadia Calviño, y segunda, Yolanda Díaz, conversan durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso / EFE

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El año político-económico 2022 comienza con dos negociaciones importantes que van a influirse recíprocamente: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma laboral. Y es que las conversaciones del Gobierno con los grupos parlamentarios para lograr la convalidación de la reforma coinciden en el tiempo con el diálogo entre el Ejecutivo y los agentes sociales para cerrar el suelo salarial y, aunque se supone que son temas separados, fuentes de la negociación ya cuentan con que las piezas en el tablero de cada una de las mesas se van a mezclar. 

Ya se está dando, de hecho, “contaminación cruzada” en el calendario: según fuentes del diálogo social, la negociación del SMI, que no debería retrasarse más allá de enero porque las posiciones de todos son de sobra conocidas, ahora está previsto que se resuelva en los primeros compases de febrero, que es cuando tocaría convalidar la nueva normativa del mercado de trabajo en el Congreso si se apuran los plazos hasta el final. La razón de la demora: la posibilidad de usar el salario mínimo como aceite para engrasar la negociación laboral, ofreciendo -por ejemplo- una subida del SMI mayor de la prevista a los socios parlamentarios del Gobierno en la izquierda (ERC, EH Bildu) para que den el “sí” a la reforma; o al contrario, planteando una contención en el aumento que pueda complacer a la derecha (PNV, Ciudadanos).

Equilibrio difícil

Todavía está todo por negociar, avisan fuentes del diálogo social, porque tanto las conversaciones con los grupos como el diálogo con los agentes sociales comenzarán en serio ahora, pasadas las fiestas navideñas, pero lograr un equilibrio que complazca a todos se antoja difícil, advierten. Por un lado, el Gobierno adquirió un compromiso con los sindicatos el pasado mes de septiembre, cuando se materializó finalmente la prometida subida del SMI en 2021, por el que el salario mínimo se situaría en el entorno de mil euros al mes en 2022, desde los 965 euros al mes actuales. Por otro, la patronal llega a la negociación salarial con una fuerte contestación interna a causa del acuerdo en la reforma laboral, que no gusta a importantes organizaciones empresariales; además, no tiene aún una posición negociadora fijada respecto al SMI en 2022, pero el precedente inmediato es su rechazo al incremento anterior, el de los 965 euros.

A la dificultad de tratar de poner de acuerdo a los agentes sociales hay que añadir las demandas de los grupos parlamentarios, que siguen exigiendo cambios de calado sobre el pacto de reforma laboral alcanzado antes de Nochebuena por sindicatos, empresarios y Gobierno. Las complicaciones mayores las generan las reivindicaciones referidas al despido: recuperar las indemnizaciones previas a 2012, la autorización administrativa a los erte y los salarios que se pagan a los trabajadores despedidos injustamente entre su salida de la empresa y la sentencia judicial que les da la razón. Ante estas exigencias, que abanderan ERC o EH Bildu y que no aceptaría en ningún caso CEOE, podría resultar útil para el Gobierno un pacto de más SMI a cambio de mantener el acuerdo de reforma laboral tal y como está, y así desbloquear la aprobación de la norma en las Cortes, apuntan estas fuentes. Lo que todas las partes dan por seguro es que, más allá del juego de ofertas y contrapartidas, se modificará la norma laboral para dar más peso a los convenios autonómicos, en línea con lo que piden los partidos nacionalistas y a pesar de las reticencias de un sector de la patronal (las grandes empresas, a las que este paso les complicaría la negociación de sus convenios) y de parte de los sindicatos (en los territorios con menos tradición nacionalista).

Y, por último, no se pueden descartar las tensiones en el seno del propio Gobierno, que se han manifestado en repetidas ocasiones a cuenta del SMI con dos protagonistas: la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, partidaria de contener los incrementos, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que apuesta por las subidas. De momento, no ha habido discrepancias públicas entre sus respectivos departamentos, Economía y Trabajo, a cuenta de la subida, como sí las hubo a finales de 2020 y a mediados de 2021; pero la mano derecha de Díaz, el Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, aseguraba la semana pasada que las negociaciones del SMI, que se retomarán "a la mayor brevedad posible", se acometerán "bajo dos condiciones: seguir la ruta que nos marcó el informe de expertos, y seguir profundizando en la línea de alcanzar antes de que la legislatura concluya el 60% del salario medio, que es el compromiso que tenemos con el Consejo de Europa". Aquel informe, elaborado por especialistas en mercado de trabajo y concluido el pasado mes de junio, apostaba porque en 2023 el SMI alcanzase una cuantía en la horquilla de los 1.011 y los 1.049 euros al mes, precisamente para alcanzar ese 60% del salario medio.

En ese debate intragubernamental tendrán peso consideraciones como la evolución de la variante ómicron del coronavirus o la evolución prevista de la economía, pero la demora en la fijación del salario mínimo ya está causando perplejidad en el propio seno del grupo de expertos al que se le encomendó fijar la senda de subidas para la legislatura: "es una sorpresa para nosotros enterarnos de que se vuelve a negociar todo lo relacionado con el SMI, después de encargarnos el informe que supuestamente iba a despejar el debate", confía a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA uno de sus integrantes, que confirma asimismo que no han recibido ningún encargo ulterior para actualizar sus cifras o proponer alguna modificación, a pesar de que cuando entregaron su documento el pasado mes de junio la vicepresidenta Díaz anunció que la comisión de especialistas iba a continuar activa "a lo largo de la legislatura, porque creemos que es fundamental el acompañamiento de los trabajos técnicos; esta comisión ha venido para quedarse".

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