DIÁLOGO SOCIAL

Salario mínimo: CEOE, dividida entre el rechazo o firmar una subida para dos años

Los empresarios tienen que elegir entre su estrategia actual de negociar minimizando pérdidas o romper con el Gobierno en un año de elecciones en la patronal

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en la mesa de diálogo social el pasado mes de noviembre

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en la mesa de diálogo social el pasado mes de noviembre / Europa Press

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El diálogo social vuelve después de las fiestas navideñas, y uno de los primeros asuntos en la agenda es la fijación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Aunque este indicador se aprueba normalmente a finales de año, para que entre en vigor a comienzos del año siguiente, en esta ocasión la negociación de la reforma laboral monopolizó la mesa de diálogo hasta los últimos compases de 2021, de forma que esa misma norma contempla una prórroga del actual SMI (fijado en 965 euros al mes desde el pasado septiembre) para dar tiempo a los agentes sociales y al Gobierno a dialogar antes de aprobar la cifra de subida de 2022. Y todas las fuentes indican que el resultado de la negociación depende sobre todo de la patronal, que se mueve entre dos posibilidades máximas: en un extremo, el rechazo a aceptar una subida del SMI; en el otro, acordar la subida no sólo de 2022, sino también de 2023.

Un alto dirigente de CEOE confirma que todavía no se ha acordado una posición común en el seno de la dirección de la organización empresarial, y la mesa de diálogo social aún no se ha abierto, aunque fuentes de la negociación pueden indicar ya a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA cuáles son las posibilidades porque los interlocutores son siempre los mismos: los técnicos que han forjado los acuerdos (y desacuerdos) en erte, pensiones y mercado de trabajo en los últimos meses son también los que dialogan sobre SMI, y ya han intercambiado pareceres informalmente en las últimas semanas. Y la pelota está en el tejado de la CEOE porque los sindicatos no tienen dudas de cuál es su posición: tienen el compromiso del Gobierno, adquirido en la negociación anterior, de que el SMI se subirá en 2022 para situarse "en el entorno de los mil euros". De esta forma, el siguiente paso sería otra subida moderada en 2023 para alcanzar el compromiso adquirido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos de dejar el SMI en el 60% del salario medio al final de la legislatura. UGT y CCOO parten así de una posición defensiva: asegurarse de que el Ejecutivo cumple con lo prometido.

CEOE, en año electoral

La iniciativa está pues en manos de la patronal, que es la que tiene que decidir si se opone a la subida (como hizo en septiembre, cuando el aumento de 950 euros al mes a 965 contó con su rechazo), o si participa en las negociaciones con ánimo de llegar a un pacto, y en ese caso si quiere cerrar no sólo el SMI de 2022 sino también el de 2023, resolviendo de una vez una negociación para lo que queda de legislatura. Hay argumentos a favor y en contra de las dos posibilidades.

A favor del rechazo juega la fuerte contestación interna que están teniendo en CEOE los pactos con el Gobierno. En los últimos meses, la patronal ha dejado sin firmar dos muy importantes (el ya citado del SMI de septiembre, y el del Mecanismo de Equidad Intergeneracional de las pensiones en noviembre), y ha dado el "sí" a la reforma laboral por la mínima, con la oposición declarada de patronales territoriales y sectoriales de muchísimo peso: la madrileña CEIM, la catalana Foment, la agraria Asaja y la del motor Anfac. Todo, con una cita con las urnas en noviembre: entonces expira el mandato del presidente, Antonio Garamendi, que todavía no ha desvelado si se va a volver a presentar o no pero que -si optara por la reelección- tendría que superar los hándicap de una contestación interna cada vez más abierta y de una relación tensa con el Partido Popular, que es una formación política con mucha influencia entre el empresariado, y que ya ha manifestado abiertamente su desdén por los pactos que está alcanzando la patronal con el Ejecutivo. En resumen: el candidato que quiera hacerse con las riendas de la patronal tendrá que tener en cuenta que los acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez están volviéndose cada vez más impopulares dentro de CEOE.

En cambio, habla a favor del pacto la trayectoria negociadora que está llevando hasta ahora la patronal: participar en el diálogo hasta el final, no levantarse nunca de la mesa ni dar un portazo, y tratar de arrancar concesiones hasta el último segundo. Una estrategia de minimizar daños en un contexto desfavorable -hace unos meses, se anticipaba una legislación mucho más dura para los intereses empresariales- que ha sido elogiada por centros de pensamiento conservadores como FAES, que dirige el ex presidente José María Aznar. La tenacidad y fiereza de los negociadores de CEOE, reconocida hasta por sus adversarios sindicales, y el éxito de esta forma de operar anticipan semanas de diálogo sobre el SMI en las que se peleará hasta por el último céntimo.

Menos de mil euros

En este sentido, fuentes de la negociación anticipan que CEOE querrá cerrar ahora la subida del salario mínimo de 2022 y la de 2023, aprovechando que la variante ómicron siembra dudas sobre la fortaleza de la recuperación, y así garantizar incrementos menores de los que resultarían de un pacto Gobierno-sindicatos, y evitar asimismo una nueva ronda negociadora para 2023 a finales de este ejercicio, cuando pueden pesar menos incertidumbres sobre la economía y los argumentos a favor de un SMI mayor puedan gozar de más influencia.

El comité de expertos al que Trabajo encargó el diseño de una senda de subidas para llevar al SMI al 60% del salario medio en la legislatura señaló el pasado verano que el salario mínimo debería situarse entre 1.011 y 1.049 euros al mes en 2023 para cumplir con esa promesa electoral. Estas fuentes apuestan por que CEOE negociará para lograr un resultado más pegado a la cifra inferior, mientras que UGT y CCOO aspiran al rango máximo, así que anticipan un resultado que se quede a medio camino: subidas en 2022 hasta los 990 o 995 euros mensuales, y para 2023 hasta los 1.030 o 1.040 euros al mes. Una solución de compromiso que podría abrir la puerta al pacto -siempre que la patronal no opte por la ruptura-, teniendo en cuenta además que la división en el Gobierno entre los partidarios de las subidas (el ministerio de Trabajo) y los de la contención (el ministerio de Economía) inclinan aún más la balanza por el camino intermedio.

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