BALANCE DE 2021

Sánchez canta victoria en economía y pasa por alto las incertidumbres y la inflación

  • El presidente del Gobierno da por cumplida su promesa de mantener los precios de la luz por debajo de los de 2018, aunque el 30% de españoles pague más

  • Contrapone los datos de empleo, en máximos, a las oscilantes previsiones económicas

  • Apuesta por mantener la reforma laboral pactada por los agentes sociales, aunque no descarta realizar retoques

Sánchez presenta el informe de rendición de cuentas del Gobierno Cumpliendo.

Sánchez presenta el informe de rendición de cuentas del Gobierno Cumpliendo. / José Luis Roca

5
Se lee en minutos

La comparecencia del Presidente del Gobierno para hacer balance de 2021 ha estado marcada por la economía, con una lectura triunfalista del año que acaba en la que se acentuaban los aspectos positivos (el acuerdo de reforma laboral y los datos de empleo) mientras que se minimizaba la importancia de los datos más negativos (las previsiones a la baja y el impacto de la subida de los precios para los ciudadanos).

A tres días del final del año, Pedro Sánchez ha dado por cumplido el compromiso que adquirió cuando comenzó la escalada de los precios de la electricidad de que los ciudadanos pagarían en 2021 por la luz lo mismo que en 2018, descontada la inflación. Todo, a pesar de que admitía que 3 de cada 10 consumidores han acabado pagando más: son los acogidos a la tarifa regulada -la que está directamente vinculada al mercado mayorista eléctrico, que lleva meses marcando máximos históricos- y además no disfrutan del bono social: unos diez millones de hogares.

Pero para el presidente "la amplia mayoría [de consumidores], 7 de cada 10, compensan ese alza del precio de la luz", porque el objetivo se alcanza "en promedio". Según las cuentas de La Moncloa, sin las medidas de reducción de impuestos y costes fijos eléctricos que ha adoptado en los últimos meses el Ejecutivo, la factura anual media de un consumidor sería de 696 euros, y gracias a esas bajadas se ha quedado "en torno a los 613 euros". Unas medidas que han supuesto, en palabras de Sánchez, "un esfuerzo no menor", que ha cifrado en 4.000 millones de euros, 2.000 de ellos por su prolongación durante " los próximos tres o cuatro meses". El presidente no ha anunciado ninguna medida nueva para tratar de contener la escalada de precios, más allá de seguir negociando en Bruselas: "ésta es una crisis que está afectando a todo el continente europeo, pone en riesgo la competitividad de la economía europea, y por tanto necesitamos soluciones europeas", enfatizaba.

"Estimaciones" contra "datos reales"

Además de la subida de los precios, el otro gran desafío para la economía española en los próximos meses es un crecimiento que pierde fuelle, como evidencian los recortes en las previsiones que se han sucedido en las últimas semanas: el Banco de España, por ejemplo, ajustaba las suyas reduciendo el crecimiento del PIB para este año del 6,3% al 4,5%. Sánchez ha despachado esas cifras como "estimaciones, al alza, a la baja" en un contexto de "extraordinaria incertidumbre en la marcha de la economía global y europea", y las ha contrapuesto a los datos "reales, no estimaciones: los 20 millones de personas ocupadas en nuestro país, que no teníamos desde el año 2008".

Lo cierto es que el mercado de trabajo español concatena nueve meses de datos en general favorables, que han permitido recuperar ya los niveles de ocupación y paro previos a la pandemia. Según las previsiones de Seguridad Social, la buena racha se extenderá a diciembre, aunque es más dudoso que continúe de forma sostenida en 2022, según admitía recientemente el ministro de Inclusión.

Reforma laboral y "sentido común"

Pero a lo largo de la hora que ha durado la intervención y la rueda de prensa posterior, el tema estrella -por repetido, más que por las novedades aportadas- ha sido la reforma laboral; singularmente, si el Gobierno tratará de persuadir al Congreso de que apruebe el texto acordado los agentes sociales sin introducir modificaciones. En este sentido, Sánchez ha repetido una y otra vez que el "sentido común" invita a aprobar tal cual lo pactado por sindicatos y empresarios: "Es de sentido común que se convalide en el poder legislativo un acuerdo que representa a la totalidad de operadores de nuestro mercado laboral, y que da respuesta a nuestras dos principales debilidades: precariedad y paro estructural".

Sin citar explícitamente a los socios parlamentarios del Ejecutivo que ya han expresado su voluntad de cambiar el texto -PNV, EH Bildu y ERC- Sánchez les invitaba a que "defiendan un acuerdo que nos representa a todos": "no es que llamemos a unos grupos parlamentarios [a convalidar el texto]; es que el acuerdo de los agentes sociales debería representar a todas las formaciones políticas, y por tanto sería bueno que en las Cortes Generales se logre un acuerdo que trascienda los bloques ideológicos". Sólo en una ocasión ha abierto a introducir alguna pequeña modificación: preguntado sobre si podría garantizar que el texto de los agentes sociales no se iba a tocar, el presidente bromeaba con el concepto de "no tocar ni una coma", dando a entender que los retoques menores podrían entrar en consideración. Fuentes del Gobierno explican que el objetivo de cara a la negociación con los grupos, durante las próximas semanas, es mantener la esencia del texto, pero sin descartar algún cambio siempre que no desnaturalice el acuerdo.

Mercado de trabajo: ocho compromisos todavía por cumplir

Uno de los objetivos de la comparecencia del presidente era presentar la última edición del informe Cumpliendo, con el que el Gobierno evalúa semestralmente el grado de realización de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo. Según el documento, Pedro Sánchez ha hecho desde la investidura 1.418 promesas, de las que ha cumplido, a finales de 2021, un 42,7%.

Entre esos compromisos hay varios que tienen que ver con la reforma del mercado de trabajo: en concreto, 19. Con el acuerdo alcanzado con sindicatos y empresarios antes de Nochebuena, el gobierno da por cumplidos 11, que se corresponden con los principales hitos de lo pactado: desde la derogación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa hasta la limitación de la subcontratación.

Entre los ocho que quedan pendientes de cumplimiento, se encuentran varios que se plantearon durante la negociación pero que se dejaron caer para atraer a la CEOE al acuerdo, como la limitación de la capacidad del empresario para modificar las condiciones laborales de sus empleados o la restricción a los descuelgues de los convenios (es decir, su inaplicación por motivos económicos); hay otros que la propia reforma laboral pactada asume para los próximos meses, como la elaboración de un Estatuto del Becario que incluya el establecimiento de un porcentaje máximo de becarios por empresa; dos más tienen que ver con la mejora de las condiciones de los trabajadores a tiempo parcial, que no se ha abordado en esta ronda negociadora, y el último es el que tiene más potencial para desatar la polémica, porque aborda la materia siempre sensible de la extinción del contrato de trabajo: "hacer más precisa la definición de las causas de despido económicas, técnicas, organizativas o de producción".

Noticias relacionadas