CRISIS ENERGÉTICA

El Gobierno incumple el plazo que se autoimpuso para obligar a Endesa, Iberdrola y Naturgy a subastar luz

  • Las grandes eléctricas alegaban que tienen vendida toda su electricidad de 2021 y casi toda la de 2022, y que tendrían que quitársela a unos clientes para vendérsela a otros.

  • Las compañías se librarán de la subasta forzosa este año, pero auguran que el Gobierno la activará en 2022 si no demuestran mantener precios razonables en los contratos a grandes clientes.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. / EFE

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El Gobierno puso en marcha este verano un plan de choque para tratar de amortiguar el impacto en el recibo de la luz de los hogares de la espiral de subidas desorbitadas de los mercados de la electricidad y del gas. El plan incluía medidas de carácter temporal (singularmente, drásticas rebajas de impuestos y de la parte fija de la factura) y también otras medidas que pretenden ser duraderas para tener efectos permanentes para conseguir mayor estabilidad de precios y rebajar su incidencia en la factura que pagan los consumidores finales.

Entre estas últimas, el Gobierno incluyó la celebración de subastas de contratos de compra de electricidad a plazo con precios estables y con una duración de más de un año. Unas subastas a las que las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) estaban obligadas a acudir de manera forzosa para subastar parte de su electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y eólica para vendérsela a comercializadoras independientes (las no integradas en los grandes grupos energéticos) y a grandes consumidores industriales.

También se contempla dedicar parte de la electricidad subastada a proveer a los más de 10 millones clientes de la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), con el objetivo de reducir su exposición a la volatilidad del mercado mayorista de la electricidad, que es el que no deja de marcar máximos históricos con cotas superiores a los 300 euros por megavatio hora (MWh).

El real decreto 17/2021, a través del que se articuló el plan de choque para contener el precio de la luz, incluía un mandato expreso para que el Gobierno celebrara la primera de estas subastas antes del 31 de diciembre de 2021. Un mandato que no se va a cumplir, según confirman fuentes del sector eléctrico implicadas en la organización y la propia ejecución de la subasta. Desde el sector se apunta que el Gobierno podría agarrarse a una apostilla incluida en el real decreto para justificar la no celebración de la subasta en el plazo fijado. Y es que en la norma se apunta que la puja se celebrará "de conformidad a las circunstancias del mercado", y el Ministerio podría alegar que no se dan las circunstancias idóneas.

El Ministerio de Transición Ecológica prefiere no hacer comentarios sobre el incumplimiento del mandato que las compañías eléctricas afectadas dan por hecho. Y es que las eléctricas obligadas a subastar no tienen constancia de que se haya activado procedimiento alguno para celebrar la puja antes de que termine el año.

El Ministerio comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera es el encargado de poner en marcha la subasta. A dos semanas de que se cierre el año, la resolución de la Secretaría de Estado de Energía necesaria para concretar todas las condiciones y especificaciones de la subasta no se ha publicado. Otros organismos implicados en la organización de la subasta, como son la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el operador del mercado eléctrico OMIE, no confirman haber activado los mecanismos necesarios para poder desarrollar la puja.

Para las grandes eléctricas no será una opción participar, será una obligación acudir a esas subastas. Incluso ya está prefijada la cantidad de energía que hay que subastar en la primera de esas subastas: 15.830 gigavatios hora (GWh), el equivalente al 25% de la producción eléctrica anual del ejercicio con menor producción de las instalaciones afectadas. E incluso se ha fijado el reparto de la energía que deben aportar cada una de las eléctricas en función de su cuota de generación: Iberdrola, más de 7.300 GWh; Endesa, 6.700 GWh; Naturgy, 1.400 GWh; y EDP, 360 GWh.

Desde que el Gobierno aprobara su plan de choque de medidas para contener las subidas de la luz el pasado septiembre, desde las grandes eléctricas se han venido insistiendo en la imposibilidad de celebrar de manera urgente la subasta obligatoria. Las compañías argumentan que no podían proporcionar electricidad para subastar de manera inminente porque ya tenían vendida toda la producción de energía de este año. Y, según las compañías, su producción eléctrica para 2022 también está vendida ya de manera muy mayoritaria, subrayando que han cerrado contratos en la mayoría de los casos para más del 80% de la generación del próximo año.

“Las condiciones del Gobierno para celebrar esas subastas nos obligarían a quitar la electricidad a clientes a las que se la hemos vendido para tener que cedérsela a otros”, argumentan desde una de las grandes eléctricas. Las grandes compañías, por lo general, venden toda o casi toda su producción eléctrica a sus propias comercializadoras, a filiales del mismo grupo. La pretensión del Gobierno es aumentar la liquidez de los mercados a plazo, obligando a ceder parte de esa producción a comercializadoras independientes ajenas a los grandes grupos energéticos o directamente a la gran industria para que pueda contener los costes energéticos en plena espiral de subidas.

Las grandes eléctricas dan por hecho que el Gobierno estará vigilante en los próximos meses y que sí activará el mecanismo de subastas forzosas en 2022 si detecta que las compañías no están ofreciendo energía a precios razonables -con niveles previos a la crisis energética- a grandes clientes o no están renovando los acuerdos de suministro en condiciones estables.

El Gobierno suavizó su reforma eléctrica en apenas unas semanas y las grandes eléctricas ya consiguieron sortear los recortes millonarios diseñados inicialmente por el Gobierno para evitar los ingresos extraordinarios derivados de la fuerte subida del gas. El Gobierno finalmente exoneró de devolver esos ingresos a las eléctricas que demostraran que no estaban cobrando los precios del mercado mayorista en sus contratos a precio fijo. Las compañías también dan por hecho que conseguirán sortear el otro recorte previsto por el Ejecutivo, y que se tramita en el Congreso, para que devuelvan ingresos extraordinarios que estarían recibiendo por la subida de los derechos de emisión de CO2.

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