RECTA FINAL DE LA NEGOCIACIÓN

La reforma laboral dará poder al convenio autonómico para seducir a PNV y ERC

  • Los sindicatos, dispuestos a aceptar que los pactos autonómicos estén al mismo nivel que los estatales; la patronal lo rechaza

  • Los últimos borradores manejan ya un cambio que limitaría el poder de los convenios estatales

  • ERC, PNV y EH Bildu aumentan la presión sobre el Gobierno ante la próxima llegada de la reforma laboral al Congreso

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, conversa con el líder de CCOO, Unai Sordo, durante un desayuno informativo

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, conversa con el líder de CCOO, Unai Sordo, durante un desayuno informativo / EFE

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La negociación de la reforma laboral no sólo es cosa de Gobierno, sindicatos y empresarios; con acuerdo o sin él, el Ejecutivo quiere que el Consejo de Ministros apruebe el texto antes de final de año, pero después el Real Decreto-ley resultante tendrá que recibir el visto bueno del Congreso. Para superar esa prueba serán necesarios los votos de los grupos nacionalistas, puesto que parece poco probable que la derecha vaya a permitir una reforma que se presenta como una impugnación de la normativa de la era Rajoy, así que el Gobierno se prepara para acomodar en el texto las reivindicaciones de partidos como PNV, ERC o EH Bildu; y un aspecto crucial será dar más fuerza a los convenios autonómicos, que en los borradores que ya se están manejando en la mesa de negociación recuperan parte de su antiguo poder.

En una modificación que ha pasado inadvertida frente al debate más mediático de la temporalidad, los textos que el Ejecutivo ha planteado a los negociadores suprimen una línea del actual redactado del artículo 84.4 del Estatuto de los Trabajadores que evitará -de salir adelante- que los negociadores de convenios estatales tengan la potestad restringir las materias que los convenios autonómicos pueden regular. Esto, en la práctica, igualaría casi totalmente los convenios de uno y otro nivel, puesto que las únicas materias no negociables en el ámbito de una Comunidad Autónoma serían las que figuran explícitamente en la norma desde hace años: "el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica". En el resto de asuntos, la negociación autonómica no podría verse limitada por la estatal.

Este cambio no se dirige contra la reforma laboral de 2012, sino contra la reforma de la negociación colectiva acometida un año antes por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que fue respetada por el Ejecutivo de Rajoy. Según un análisis efectuado por expertos laboralistas y publicado por el ministerio de Empleo en 2016, "la reforma de la estructura de la negociación colectiva introducida por la reforma del RDL 7/2011 [...] se traduce en una importante potencial centralización en el poder decisorio respecto a la misma, en tanto que es el nivel estatal el que puede, en última instancia, determinar qué materias se podrán negociar en los distintos niveles inferiores supraempresariales". "De poco puede servir ostentar un poder de decisión [...] en el ámbito autonómico si después es la instancia estatal la que puede determinar qué se puede negociar en los mismos", remarca ese estudio.

La patronal no quiere

A la espera de que esta materia se analice en la mesa de negociación entre Gobierno y agentes sociales (el redactado con la supresión se planteó hace meses, pero todavía no se ha debatido en esta última fase decisiva de las conversaciones), las mayores dificultades para aceptar esta modificación vendrán de la patronal, que se niega a potenciar los convenios autonómicos frente a los estatales, según fuentes de la negociación. Temen que las mejoras que se pueden recoger en los convenios de los territorios más ricos espoleen las reivindicaciones en el resto de Comunidades Autónomas.

En los sindicatos, en cambio, están dispuestos a aceptar la nueva redacción, a la que son favorables sus organizaciones territoriales en Cataluña y País Vasco, donde es especialmente fuerte la tradición de pactos autonómicos y de las que proceden, por cierto, Pepe Álvarez -que fue durante 26 años el líder de la UGT de Cataluña- y Unai Sordo -Secretario General de CCOO Euskadi entre 2009 y 2017-. Aunque hay voces dentro de las confederaciones sindicales que se oponen a que la negociación estatal comparta protagonismo con la autonómica, no se espera una reacción muy beligerante porque "es difícil oponerse a la apertura de un ámbito de negociación si los sindicatos y las patronales del territorio quieren pactar entre sí", admiten fuentes sindicales.

ERC quiere hablar de convenios

La importancia del flanco político de la reforma laboral aumenta a medida que se acerca la fecha límite para que el Consejo de Ministros apruebe el texto y lo remita al Congreso: el 31 de diciembre. En las últimas horas, distintos grupos nacionalistas han recordado al Ejecutivo que ellos también quieren participar en el redactado, y de hecho, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha hecho referencia explícita a los "convenios colectivos autonómicos, porque los hay que deberían estar por encima de los estatales, por una cuestión de dignificación de los condiciones de trabajo" como una de las cuestiones "importantes" para su partido. "Es una mala idea no hablar con ERC de reforma laboral", ha avisado; este miércoles, el portavoz de asuntos laborales de su partido preguntará a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la reforma laboral en la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso.

Por su parte, EH Bildu solicitaba este martes la comparecencia de Díaz en la Cámara para que explique la marcha de las negociaciones, mientras que el PNV ha agendado una reunión entre su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, y la titular de Trabajo para esta misma semana.

Sin acuerdo aún

Entretanto, la mesa de diálogo social sobre reforma laboral sigue reuniéndose diariamente para tratar de alcanzar un pacto: tanto el lunes como el martes los encuentros entre sindicatos, empresarios y Gobierno duraron unas cinco horas cada uno, y de momento -según fuentes de la negociación- no han propiciado ningún acuerdo concreto ni han dado lugar a textos nuevos, aunque hay cierta sensación de avance, o al menos "podemos decir que no hemos retrocedido, que no es poco", apuntan estas fuentes.

Los líderes sindicales y empresariales siguen subrayando en público su intención de alcanzar un pacto pero también las dificultades del mismo: para Pepe Álvarez, esta semana debería acabar "con los temas suficiente maduros para empezar a escribir la que viene ya el texto concreto", algo que -aclaraba- "no va a ser nada fácil"; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, defendía por su parte su "vocación inequívoca de llegar a un acuerdo", lo que "no significa que vayamos a decir que sí", matizaba; mientras que Unai Sordo alertaba contra el "excesivo optimismo", porque a la negociación le quedan "unos cuantos capítulos".

Los convenios autonómicos, todavía minoritarios

La negociación colectiva en España está marcada por el protagonismo cuantitativo de los convenios de empresa, pero los pactos más influyentes son los estatales y los provinciales; los autonómicos son importantes, pero su peso es menor.

Según las cifras referentes a 2019, el último año con datos definitivos, en España hay 5.540 convenios con efectos económicos para ese año. La inmensa mayoría, 4.385, son de empresa, pero alcanzan a relativamente pocos trabajadores, 921.558, a los que habría que sumar otros 295.903 empleados de los 111 convenios de grupos de empresas.

En cambio, los 89 convenios sectoriales estatales afectan a 3.832.913 trabajadores, y cifras muy similares de empleados (3.830.159) son los que tienen sus condiciones laborales reguladas por los 681 pactos provinciales.

En el nivel autonómico hay 271 pactos, que llegan a 2.506.784 trabajadores. Los expertos creen que una regulación como la que está ahora sobre la mesa podría estimular la firma de estos convenios, aunque eso dependerá en última instancia de que los negociadores, acostumbrados a las fórmulas provinciales y estatales, se animen a explorar las posibilidades de la nueva normativa.

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