TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Bruselas pide a los países una ofensiva de impuestos verdes en luz, gas, diésel y vuelos

La Comisión Europea busca el respaldo de los Veintisiete para impulsar una revolución en la estructura de la fiscalidad que grave más a las energías más contaminantes y obligue a pagar derechos de CO2 a calefacción y coches.

Bruselas pide a los países una ofensiva de impuestos verdes en luz, gas, diésel y vuelos
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La Comisión Europea quiere reforzar al máximo el principio de “el que contamina paga” y pretende hacerlo de la forma más directa: vía impuestos. Bruselas quiere impulsar una nueva estructura de impuestos verdes que todos los países de la UE aplicarán a la electricidad, al gas natural, a las gasolinas y el diésel, y también al combustible que utilizan aviones y barcos, al tiempo que se amplían los sectores y ámbitos de actividad que tienen que pagar por sus emisiones de CO2 para incluir al sector residencial (básicamente la calefacción) y el transporte por carretera y por mar.

Bruselas ha diseñado una nueva estrategia medioambiental y energética con el objetivo de reducir un 55% las emisiones de efecto invernadero del continente en 2030 y llegar a 2050 con una economía neutra en emisiones. Entre las medidas para conseguirlo Bruselas propone una aceleración del despliegue de las renovables, un impulso de los modos de transporte más limpios, mayor eficiencia energética, y también esta nueva fiscalidad verde y esta ampliación de los mercados de derechos de emisión de CO2.

El paquete de medidas denominado Fit for 55 (“en forma para el 55”, en inglés) fue presentado en una primera tanda en julio y la próxima semana se desvelará una segunda ronda de iniciativas. Se trata de un compendio de propuestas de la Comisión Europea que a partir de ahora deberán ser acordadas entre todos los países de la UE (por unanimidad en el caso de los impuestos) y por el Parlamento Europeo. Así que a la revolución fiscal verde y al resto de medidas aún le quedan varios años para estar en vigor, y las estimaciones de las instituciones comunitarias pasan por tenerlo todo en marcha entre 2024 y 2026, aunque algunos cambios contarán con periodos transitorios que pueden alargarse hasta 10 años.

Más contaminante, más impuestos

La Comisión Europea pretende que se establezcan en todos los países impuestos mínimos para cada una de las energías y de los combustibles en función de su contenido energético (medido en gigajulios de manera equivalente para todos), lo que en la práctica supone que cuanto más contaminante sean mayores serán los impuestos. Las tasas más altas se reservan para los combustibles fósiles convencionales como gasóleo y gasolina, que deberán equipararse, y los biocombustibles no sostenibles.

En un nivel más bajo se sitúan el gas natural o los gases licuados, al entenderse que aún deben jugar un papel de transición en el proceso de descarbonización de la energía. Y para favorecer la electrificación, el impuesto mínimo a la electricidad se mantendría en los baremos actuales, pero se aplicándose incrementos de facto para algunas fuentes de generación eléctrica, singularmente el gas.

En paralelo, el objetivo de Bruselas es que no puedan seguir aplicándose exenciones impositivas o subsidios indirectos a las energías fósiles que dejen las tasas por debajo del mínimo establecido. La Comisión quiere poner fin a las rebajas de impuestos al diésel, al gas o al carbón que permite la directiva actual, al tiempo que se acabaría con la posibilidad de aplicar exenciones a los combustibles fósiles utilizados en la agricultura, el transporte aéreo intracomunitario, el transporte marítimo y la pesca.

“Tenemos que vincular la fiscalidad energética a los objetivos medioambientales de la Unión Europea. Los impuestos que se apliquen a las diferentes energías tienen que servir para impulsar unas energías e ir retirando otras”, apuntan fuentes de la Comisión Europea. “No queremos penalizar a nadie, pero necesitamos mandar señales a los generadores de electricidad, a los productores de combustibles, a las aerolíneas, a las navieras, a los fabricantes de coches… para que sus sectores sean más limpios y sostenibles. Y para mandar esa señal tiene que ser una señal de precio”, sentencian.

Pagar más por el CO2

Esas señales de precio se reforzarán, además, mediante los mercados de derechos de emisión de CO2, a través de los que las compañías pagan para poder emitir gases de efecto invernadero. Por un lado, esos derechos de emisión se encarecerán al intensificarse las reducciones anuales del volumen de derechos (del 2,4% actual se pasaría a un recorte del 4,2% cada año) y de las asignaciones gratuitas que se reservan actualmente a algunos sectores (que se irían recortando un 10% cada año).

Por otro, se creará un mercado paralelo de derechos de emisión de CO2 para incluir en él los pagos a los edificios (singularmente, para que paguen el gas y el fuel de las calefacciones) y el transporte por carretera (para que paguen los fabricantes de coches de combustión). El pago de los derechos de emisión los abonarían los proveedores de combustibles y los fabricantes de vehículos, pero el coste se acabará repercutiendo al consumidor final.

Una reforma difícil

Bruselas sabe que se mueve en un terreno difícil. Para modificar la fiscalidad ha de conseguir un consenso absoluto entre todos los países de la Unión, porque las reformas de la normativa comunitaria relativa a impuestos exigen unanimidad. Es por eso que la directiva de fiscalidad energética en vigor sigue siendo la aprobada en 2003, pese al intento -a la postre infructuoso- de la Comisión Europea de reformarla en 2011. Una década después lo intenta de nuevo y hace un llamamiento a los estados miembro y la Eurocámara para iniciar la negociación.

“Tiene que ser una reforma ambiciosa y con la vista puesta en el largo plazo. Si conseguimos la unanimidad ahora para reformar la directiva, no podemos saber cuándo lograremos volver a revisarla", subrayan fuentes de la Comisión Europea. "No puede ser una reforma para tres años, sino que tenemos que adecuar los impuestos para la Europa de 2040”.  

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