Bruselas se planta y da carpetazo a la reforma eléctrica que pide Sánchez para bajar la luz

España lleva meses liderando la presión a la Comisión Europea para que impulse medidas de calado para frenar la subida del precio de la electricidad. El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido configurar un frente común con Francia, Italia, Grecia y Rumanía para que Bruselas y el resto de países de la Unión Europea no se conformen con tomar medidas a corto plazo para amortiguar el impacto de las subidas de la electricidad y el gas en el recibo que pagan familias y empresas, y que lancen reformas estructurales de los mercados energéticos para evitar su volatilidad ahora y de manera permanente.

La presión de España no ha surtido efecto y sólo ha acabado provocando un choque frontal con la Comisión Europea y con un grupo de estados miembros liderado por Alemania y los países nórdicos. Tanto Bruselas como estos otros países denominados frugales o halcones rechazan la reforma del mercado eléctrico que propone el Gobierno español y sólo respaldan las medidas mitigadoras de los efectos de una subida de precios que consideran coyuntural y que terminará la próxima primavera.

Tanto el presidente Pedro Sánchez como su vicepresidenta Teresa Ribera -de manera esporádica también la vicepresidenta Nadia Calviño- iniciaron ya a finales del verano una campaña de presión en la Unión Europa reclamando grandes reformas del mercado mayorista eléctrico para evitar que los precios disparados del gas contagiaran inevitablemente el recibo de la luz y para que los bajos precios de la producción de las energías renovables se notaran en la factura.

Rechazo contundente

Pero la Comisión Europea ha decidido cerrar por completo la puerta a esta reforma y defiende el sistema marginalista del mercado eléctrico -por el que la fuente de energía más cara que entra en el mercado marca el precio para todas las demás- ahora en vigor en los mercados eléctricos europeos. “Tenemos las ideas muy claras y no haremos ninguna revisión del sistema mayorista de electricidad”, sentencian fuentes del Ejecutivo comunitario.

“Lo mejor es que los precios mayoristas se establezcan libremente y que los Gobiernos tomen medidas para que estos precios no afecten de manera seria a los consumidores cuando suben demasiado”, indican desde la Comisión Europea. “Una cosa es que al consumidor no le afecte la subida del precio mayorista y otra cosa es querer intervenir el mercado”, subrayan.

El Gobierno español ha ido acumulando varapalos en su cruzada a favor de una gran reforma del mercado eléctrico. Varapalos tanto de la Comisión Europea como de las instituciones técnicas a las que el Ejecutivo comunitario ha encargado informes para estudiar las propuestas de España y del frente de países mediterráneos. De hecho, Bruselas justifica su rechazo apoyándose en el informe preliminar que encargó a la Agencia para la Cooperación de Reguladores Europeos de la Energía (ACER) sobre el sistema marginalista para la fijación de los precios de la electricidad y que se convirtió en una defensa férrea del modelo actual.

Los reguladores europeos alertaron de que las propuestas de España, como el establecimiento de topes de precios máximos o la utilización de precios medios para cada una de las tecnologías de generación eléctrica, podrían poner en riesgo la seguridad de suministro por el cierre de centrales que dejarían de ser rentables o desalentar la inversión en nuevas renovables. ACER prepara otro informe al respecto más en profundidad que pretende publicar el próximo abril.

Ayudas de estado para eléctricas

Bruselas subraya que la propuesta de España para fijar los precios de la electricidad “obligaría a algunos productores a vender por debajo de sus costes, por lo que tendrían que cerrar o habría que compensar a estas empresas con ayudas de estado”, indican las mismas fuentes “¿Queremos un mercado eléctrico con compañías que reciben ayudas de Estado o un mercado eléctrico en que todos compiten y el consumidor pague los costes de producción? Es más justo que el consumidor de energía pague los costes que los contribuyentes paguen ayudas de Estado a las eléctricas”.

El Gobierno español defiende abrir un análisis a fondo del funcionamiento mercado eléctrico para emprender reformas que garanticen la protección de los consumidores frente a las fuertes subidas de precios y para poner en valor las ventajas de la transición energética reflejando en el precio final los costes reales más bajos de las renovables. La vicepresidenta Ribera ha propuesto abrir una consulta a todos los agentes implicados durante los próximos seis meses para identificar reformas concretas necesarias para impulsar los objetivos climáticos y energéticos y para frenar la volatilidad de los precios. Un análisis que la Comisión Europea no pretende abrir ni respaldar.

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En plena espiral de encarecimiento de luz y gas, Bruselas prácticamente se ha limitado hasta ahora a recordar las medidas que pueden adoptar los estados miembros para mitigar el impacto de las subidas de precios en hogares y en empresas. Simplemente ha hecho un compendio de posibles medidas que en la mayoría de los países ya se estaban adoptando, circunscribiendo la acción de los gobiernos a las ayudas directas para los consumidores vulnerables, las rebajas de impuestos y por bonificaciones o ayudas selectivas para las empresas afectadas. Una lista de herramientas que enervó al Gobierno español, que las criticó duramente por insuficientes y por incongruentes frente a la situación excepcional de los mercados energéticos.

Bruselas se sigue mostrando dispuesta, no obstante, a estudiar otras reclamaciones del Gobierno español. Fuentes de la Comisión apuntan a que la próxima semana se abrirán a respaldar “algún tipo de medidas” sobre la compra conjunta de gas por varios países europeos imitando la experiencia de las vacunas contra el covid o reforzar las reservas estratégicas de gas continentales como ha propuesto España.