LOS PROBLEMAS DE LA RECUPERACIÓN

La burocracia asfixia el 68% de las ayudas para empresas y ciudadanos

  • De los 37.000 millones de los principales programas, sólo 11.600 están en ejecución

  • El 65% de los gestores públicos ve ineficaz la tramitación de los fondos europeos

  • El Ingreso Mínimo Vital sólo llega al 41% de los hogares que se fijó como objetivo

  • 2.500 millones para pymes y autónomos se pierden por los requisitos administrativos

Edificios en construcción en Barcelona.

Edificios en construcción en Barcelona. / J. Otix

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Millones de euros en fondos europeos y en prestaciones contra la crisis desatada por la pandemia están quedándose sin ejecutar por las complicaciones en la tramitación, las trabas administrativas y otros obstáculos a la gestión, según las cifras de organizaciones tan diversas como el centro de análisis Funcas -de la patronal financiera CECA-, la organización de autónomos UPTA, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS) o la alianza de ONG contra la pobreza European Anti Poverty Network (EAPN).

Los datos facilitados por estas entidades muestran que de los 37.000 millones de euros disponibles de los principales programas para apoyar a empresas y ciudadanos vulnerables -los Fondos Next Generation EU, el Ingreso Mínimo Vital y la Línea de ayudas directas a autónomos y empresas- sólo 11.600 millones están llegando efectivamente a sus destinatarios, y el diagnóstico es unánime: la burocracia es la principal responsable de este desajuste entre propósitos y resultados.

Los Fondos europeos son el ejemplo paradigmático: de los 27.000 millones presupuestados para este año, el Gobierno asegura que se ha "adjudicado inversión por más de 10.400 millones de euros". Funcas estima, en cambio, que sólo se han puesto en marcha unos 5.700, según los datos de convocatorias que han recopilado de fuentes oficiales; y en esa cifra se incluyen tanto los que ya han llegado a sus destinatarios (muy poco dinero) como los transferidos a las comunidades autónomas, que todavía tienen pendientes varios pasos hasta su ejecución final.

Para Raymond Torres, Director de Coyuntura de Funcas, la diferencia con países que van mejor en la disposición de los fondos europeos, como Italia o Francia, es que allí se hace un control a posteriori, en vez de a priori como en España. "Ellos usan el procedimiento de ventanilla: se presentan proyectos a los que se les da luz verde si cumplen ciertos requisitos, con un control bastante suave, y es después cuando hay que rendir cuentas; aquí, todo el proceso empieza con la necesidad de autorización". En opinión de Torres, la opción por este sistema más lento tiene su origen en "un pánico casi antropológico a la corrupción y a que se diga que los proyectos han sido elegidos a dedo; es una desconfianza que viene de antaño", explica.

Que la burocracia es el principal problema de los Fondos Europeos es una de las conclusiones clave del Informe Pulse NextGenerationEU 2021 presentado hace unos días por la consultora EY. Se trata de una encuesta entre expertos económicos, gestores del sector público y directivos empresariales sobre la forma en la que se están implementando los proyectos que se financian con los 140.000 millones pactados entre Europa y España, y las respuestas son reveladoras: la principal debilidad en la gestión de estos fondos, según la opinión de los propios profesionales de la Administración, son "los trámites administrativos precisos para la publicación de licitaciones de contratos y convocatorias de subvenciones", muy por delante de otros problemas como la falta de personal especializado o el corto plazo de tiempo para su ejecución; y la propuesta de mejora que más agilizaría la disposición de estos recursos, según el 70% de los consultados (de nuevo, la opción mayoritaria), sería simplificar los trámites. Para concluir, el informe recoge que el 65% de los profesionales de la Administración consultados cree que el sistema de gestión es "poco" o "nada" adecuado para hacer circular eficazmente los recursos.

El Ingreso Mínimo, un año después

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda para personas y familias en situación de pobreza severa, tiene una efectividad "aún muy débil, dados los importantes problemas para su solicitud y los requisitos exigidos", y no está consiguiendo "dar respuesta y solución, con la urgencia y necesidad requerida, a los hogares más vulnerables, ahogados en una burocracia administrativa que dificulta que las ayudas lleguen a tiempo". Lo dice el último informe de CCOO sobre protección por desempleo, presentado recientemente, y lo corroboran los datos oficiales: más de un año después de su entrada en vigor, esta prestación alcanza a 350.000 hogares en los que viven algo más de 800.000 personas; apenas un 41% del objetivo inicial de llegar a 850.000 hogares con 2,3 millones de integrantes. Por ello, según los cálculos de la AEDGSS a partir de los cifras presentadas por Inclusión en septiembre, sólo se han gastado 1.400 millones de los 3.000 millones presupuestados para esta ayuda en 2021.

Buena parte de los problemas para que el IMV llegue a sus destinatarios tiene que ver con los requisitos de acceso, el papeleo necesario, los plazos a cumplir... en una palabra: la burocracia. Así lo ha reconocido el Gobierno, que ha modificado ya ocho veces la norma para tratar de hacerla más eficaz, además de enmendarla en su tramitación parlamentaria (que todavía tiene que concluir) y tener pendientes de aprobación inminente reglamentos y órdenes ministeriales de desarrollo. Pero los problemas continúan, tal y como describe la EAPN en su último informe sobre el IMV, que enumera desde retrasos en la gestión con concesiones retroactivas que obligan a los solicitantes a devolver ayudas autonómicas ya recibidas hasta dificultades con la documentación requerida y falta de adaptación de la norma a las condiciones de la población objetivo.

"Los problemas son tan graves que algunos colegas los llaman violencia administrativa" explica Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política de EAPN y autora del informe. Entre otros, la tramitación telemática no tiene en cuenta que tanto los hogares que ingresan menos de 900 euros al mes como los ciudadanos sin estudios o con estudios primarios presentan una brecha digital del 40% respecto de la población general; los ritmos administrativos son lentos y no se da información suficiente ("la prestación se retrasa, al consultar la aplicación el mensaje sólo dice 'en trámite', y muchos solicitantes interpretan que se les ha denegado la ayuda; vuelven a pedirla y así se van acumulando expedientes"); o la falta de una ventanilla única: cuando la solicitud es rechazada porque falta un papel, se obliga al ciudadano a hacer el trámite por su cuenta, en vez de pedirse la información entre administraciones. También hay problemas en la coordinación con las comunidades autónomas: en algunos casos, la concesión de la renta territorial depende de que al solicitante le denieguen el IMV, obligándole a pedir la ayuda estatal y a esperar una negativa para poder acceder entonces al subsidio autonómico, algo que "duplica la burocracia, y obliga a una persona en situación de pobreza a esperar a la resolución de un expediente para poder acceder a apoyo económico", explica Malgesini.

Autónomos y pymes

Por último, la esperada Línea de ayudas directas para empresas pequeñas y autónomos, que el Gobierno aprobó finalmente en marzo, se va a quedar en buena medida sin ejecutar: según los cálculos de UPTA, de los 7.000 millones previstos, 2.500 millones van a ser devueltos sin usar por las Comunidades Autónomas por las dificultades administrativas para acceder al dinero. Los problemas han sido, según el Secretario General de la organización de autónomos, descoordinación entre administraciones, exigencia de demasiados requisitos para poder demostrar la situación de necesidad de los solicitantes y un mal diseño: "Los autónomos deudores con la Administración no han podido acogerse a estas ayudas. Ante la disyuntiva de comer o pagar a los proveedores y a la administración, los que optan por lo que haría cualquier ser humano, dar de comer a sus familias, han podido convertirse en deudores de la administración y quedar así fuera de los mecanismos de salvamento", asegura Eduardo Abad.

"Tampoco entendemos que, para ser beneficiario, haya que haber tenido resultados positivos en 2019: cuántos autónomos y pymes que se constituyeron en los años justo anteriores estaban todavía endeudados y sin un balance positivo hace dos años", reflexiona; "y por último, la torpeza de no dar la ayuda a todas las actividades económicas desde el principio: se autorizaron primero para 91 actividades, y luego se han hecho ampliaciones territorio por territorio para que más autónomos pudieran acogerse. Por todo esto, sólo se van a distribuir el 40% de los 5.000 millones de euros que se han facilitado para la Península [Canarias y Baleares, con ayudas y requisitos específicos, sí han usado el 100% de sus 2.000 millones]".

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