CRISIS ENERGÉTICA

Sánchez da con una fórmula mezclando facturas para dar por cumplida su promesa de la luz

  • El Gobierno confirmará que el recibo eléctrico de este año es similar al de 2018 haciendo una media de los hogares con tarifa regulada (que pagarán más) y los del mercado libre (que pagarán menos).

  • Las eléctricas no facilitarán al Ministerio hasta febrero los datos de los precios finales aplicados a todos sus clientes y no podrá comprobarse el cumplimiento hasta que Eurostat los haga públicos en abril. 

Sánchez da con una fórmula mezclando facturas para dar por cumplida su promesa de la luz
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Era principios de septiembre, después de un verano en que todos los medios de comunicación habían hecho seguimiento diario, exhaustivo, de las fuertes subidas del precio de la electricidad, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzaba en una entrevista con El País una promesa: se tomarían las medidas necesarias para “que todos los ciudadanos con un consumo medio al final de 2021 paguen una cuantía semejante y similar a la que pagaron en 2018, lógicamente con el IPC descontado”.

“Ése es el objetivo y el compromiso”, sentenció el Presidente, deslizándose al inestable terreno político que supone hacer promesas cuantificables y con plazos concretos de cumplimiento. En principio, el compromiso no parecía demasiado ambicioso: 2018 fue el año en que se registró la factura eléctrica anual más cara de la historia. También fue el año en que Sánchez llegó a Moncloa tras la moción de censura, y ésa era su baza política: dejar el recibo este al menos igual que como se lo encontró cuando llegó al poder.

Pero desde que formulara su promesa, los precios del mercado eléctrico se han desbocado aún más y han alcanzado máximos históricos, y las dudas más que fundadas de que tal compromiso pudiera cumplirse han ido generalizándose en el sector eléctrico y entre los consumidores. Aún así, tanto Sánchez como la vicepresidenta del ramo, Teresa Ribera, llevan todos estos meses confirmando sin fisuras que se alcanzará el objetivo. Y desde el Gobierno se da por hecho que el Presidente podrá darlo por refrendado en sus intervenciones de aquí a final de año.

Calculando la media

El Ejecutivo dará por cumplida su promesa apoyándose en lo que pagará el promedio del conjunto de los hogares españoles en su factura en todo el año. Todos los hogares. Y es que en ese promedio finalmente se incluirá tanto a los clientes con tarifa regulada (el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC) como a los consumidores del mercado libre, según confirmó la secretaria de Estado Energía, Sara Aagesen, en una tribuna publicada en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

“Habrá muchas familias que paguen menos, habrá algunas familias que paguen lo mismo y habrá algunas familias que quizá paguen un poco más”, dice Teresa Ribera

Hasta entonces el Gobierno no había aclarado este punto, y el sector eléctrico y las organizaciones de consumidores daban por hecho que se tomaría como referencia sólo la evolución del PVPC. Ésa es la razón por la que desde hace semanas se ha venido dando por imposible que se cumpliera la promesa de Sánchez: parte del precio la tarifa regulada depende directamente de la evolución del mercado mayorista de electricidad, que es el que ha venido marcando récords desde el verano, y por eso terminará el año muy por encima que en 2018, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno.

En esa media que se utilizará como referencia para dar por conseguido el objetivo gubernamental se incluirán a los más de 10 millones de familias con tarifa regulada -que pagarán más que en 2018- y los 16 millones de clientes con tarifas del mercado libre -que en la mayoría de los casos pagarán menos-. Tradicionalmente, los clientes del PVPC se benefician de mejores precios que los del mercado libre, cuyas tarifas se marcan libremente por las eléctricas y que suelen tener precios fijos pero más altos, porque en ellas se incluyen márgenes mayores para las compañías (además de servicios complementarios). Este año, en cambio, las tarifas libres serán más baratas al no reflejar de momento la espiral de subidas del mercado mayorista eléctrico.

“El promedio del conjunto de los hogares pagará lo mismo que en 2018, lo que no significa que cada uno de nosotros individualmente paguemos exactamente lo mismo”, apuntó esta misma semana la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. “Habrá muchas familias que paguen menos, habrá algunas familias que paguen lo mismo y habrá algunas familias que quizá paguen un poco más”.

Un plan de choque para todos

El Gobierno aprobó un plan de choque en dos tandas -en junio y septiembre- para amortiguar el impacto de las subidas del mercado eléctrico en el recibo de la luz de los hogares acogidos al PVPC. De las medidas, no obstante, se benefician todos los consumidores domésticos: los que sufren las subidas del mercado mayorista (las familias con PVPC) y a los que no se les repercute esas subidas (los del mercado libre), mediante rebajas temporales de impuestos aplicados en el recibo y con una reducción del 96% de los cargos regulados incluidos en la factura.

“Ésta es la manera en que el Gobierno puede operar. El Gobierno no puede controlar ni qué tarifa tiene cada familia ni qué consumo tiene cada familia”, subrayaba Teresa Ribera. “Sobre las variables en las que el Gobierno tiene algo que aportar hemos adoptado las medidas, la elección de cada uno sobre la tarifa y la electricidad consumida no es algo sobre lo que nosotros podamos intervenir”.

Unos pagarán más que en 2018 y otros pagarán menos, pero el Ejecutivo da por hecho que la media estará por debajo de la factura de hace tres años. Un vaticinio que el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene “de acuerdo a las mejores estimaciones posibles”. El precio del PVPC puede calibrarse fácilmente en función de la evolución del mercado mayorista de la electricidad y del mercado de futuros. Pero no existe con carácter previo un registro del precio de los cientos de tarifas que las eléctricas ofrecen en el mercado libre, sólo se refleja públicamente en las estadísticas semestrales de Eurostat, el servicio estadístico de la Comisión Europea.

Sin confirmación hasta abril

Las principales comercializadoras eléctricas españolas no están obligadas a remitir al Ministerio la información de los precios finales que aplican a todos sus clientes hasta finales de febrero. Es entonces cuando el Gobierno sabrá con certeza si ha conseguido cumplir su compromiso. Esos datos, no obstante, no se harán públicos hasta que Eurostat publique su estadística de precios eléctricos de todos los países de la Unión Europea correspondiente al segundo semestre del año, en la que sí se incluyen tanto las tarifas reguladas como las del mercado libre. La Comisión Europea no tiene programada esa publicación hasta el próximo mes de abril.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) prepara una revolución en cómo mide la evolución de los precios de la luz y su impacto en el consumo de los hogares, precisamente para incluir todos los tipos de tarifas. El organismo aplicará en enero de 2022 un cambio en la base cálculo del índice de precios al consumo (IPC), que entre otras modificaciones incluirá la de dejar de medir sólo la evolución de la tarifa regulada de la electricidad e incluir también las tarifas del mercado libre, que desde hace años concentran la mayoría del mercado y que hasta ahora no se han tenido en cuenta para calcular la inflación. Desde el organismo se subraya que la renovación de la base de cálculo del IPC se realiza cada cinco años y ahora toca el cambio porque la actual está vigente desde 2016.

Hace una década, más del 90% de todos los clientes eléctricos se acogían a la tarifa regulada, por eso era la única medición que realizaba el INE para calcular la evolución de la inflación. Pero en los últimos años la fuga de clientes del PVPC se ha disparado y el trasvase a las tarifas del mercado libre -pese a ser más caras- ha sido masivo y ya copan casi el 61% del mercado del pequeño consumidor. Actualmente, las tarifas libres concentran 10,5 millones de clientes, frente a los 16,2 millones de pequeños consumidores del mercado libre (más otros 1,8 millones de grandes consumidores sin derecho a PVPC).

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