LEY AUDIOVISUAL

Las telecos amenazan a Calviño con frenar el despliegue del 5G por la ‘tasa RTVE’

  • La futura Ley Audiovisual mantiene un año más la obligación para las operadoras de financiar el ente público y exime de pagar hasta 2023 a Netflix o HBO.

  • Las televisiones privadas denuncia el “trato de favor” del Gobierno a las plataformas internacionales por dejarlas fuera de la cuota obligatoria de lenguas cooficiales y de otras restricciones. 

Las telecos amenazan a Calviño con frenar el despliegue del 5G por la ‘tasa RTVE’
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La futura Ley Audiovisual se está convirtiendo para el Gobierno en un problema cada vez más incómodo. La norma no deja de abrirle frentes de conflicto al Ejecutivo. Dejar fuera a Netflix, HBO o Disney+ de la obligación de tener una cuota del 6% en lenguas cooficiales en su catálogo ha llevado a ERC a amenazar con retirar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y ha enervado a las televisiones privadas españolas. Y las telecos se han levantado contra la nueva norma por obligarles a seguir pagando otro año más la ‘tasa RTVE’, con la que financian el ente público.

La patronal que agrupa a Telefónica, Vodafone y Orange exigió este jueves al Gobierno a cumplir su compromiso de reformar ya el modelo de financiación de RTVE e incluir en la futura Ley General de Comunicación Audiovisual -aprobada por el Consejo de Ministros y que inicia ahora el trámite parlamentario- la promesa de que las telecos dejarían de abonar la conocida como ‘tasa RTVE’ con carácter inmediato.

El proyecto aprobado por el Gobierno aplaza hasta 2023 la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación, que les exime a las grandes telecos seguir pagando y que obliga a empezar a hacerlo a plataformas de vídeo como Netflix, HBO, Disney+ o Amazon Prime Video. Las grandes telecos daban por hecho que los cambios se aplicarían ya el próximo año y se ahorrarían así los entre 130 y 150 millones de euros que desde hace más de una década aportan cada año para financiar RTVE en calidad de operadoras de telecomunicaciones con plataformas propias de televisión.

La Asociación Española para la Digitalización (DigitalES), la patronal de las telecos, ha advertido de que seguir pagando la ‘tasa RTVE’ pone en riesgo los despliegues de las redes de fibra óptica y de 5G durante el próximo año. “La hoja de ruta 5G anunciada por el Gobierno, cuya medida más relevante era la eliminación de la ‘tasa RTVE’, ha sido un elemento crucial para poder asegurar un entorno viable para estas inversiones. En este difícil contexto, la continuidad del gravamen en 2022 necesariamente impactará en los planes de inversión previstos el próximo año”, subraya la asociación. El cambio de criterio del Gobierno “pone en riesgo los despliegues de redes inmediatos y, por tanto, la posición de ventaja competitiva que ostenta España en infraestructuras de telecomunicaciones”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha venido advirtiendo que la aportación exigida a los operadores de telecomunicaciones no guarda ninguna relación con ningún beneficio obtenido por éstos por el fin de la publicidad en RTVE. “Resulta llamativo que las aportaciones realizadas por los operadores de telecomunicaciones anualmente representen más del 65% de las aportaciones realizadas para financiar al Ente Público, habiendo satisfecho hasta la fecha más de 1.500 millones de euros por este concepto”, critica DigitalES.

Las TV, en pie de guerra

Las televisiones privadas también se han levantado contra el contenido del proyecto de Ley Audiovisual apenas un día después de su aprobación por el Consejo de Ministros. La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca), que tiene a Atresmedia como asociado más relevante, ha cargado contra una norma que tachan de “discriminatoria” por “favorecer a las multinacionales extranjeras y penalizar a los operadores nacionales", por imponer a unas y eximir a otras la cuota obligatoria de un 6% de su catálogo en lenguas cooficiales (catalán, gallego y euskera).

Según Uteca, el proyecto de ley redactado por el Ministerio de Asuntos Económicos, comandado por la vicepresidenta Nadia Calviño, condena a las televisiones en abierto "a competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional, en un mercado que es global y único, y en el que no caben distinciones regulatorias". "De forma incomprensible, el Gobierno ha ido más allá de lo que la transposición de la Directiva exigía al incluir normas propias, no contempladas en Europa, que solo aplicarán a los operadores nacionales, perjudicándoles gravemente al situarles en una clara desventaja competitiva", ha cargado la asociación, refiriéndose a la cuota de lenguas cooficiales, a franjas de protección al menor o a un endurecimiento del régimen sancionador.

"Una nueva demostración del trato de favor del Gobierno hacia las multinacionales extranjeras que ofrecen sus servicios en España, pero tienen su sede fuera, pues es perfectamente consciente de que no puede obligarlas a cumplirlo. Esta norma aplicará solo a las plataformas nacionales", ha insistido. En el caso del incremento del 0,9 al 3,5% del porcentaje de producción independiente al que están obligadas tanto las televisiones como las plataformas, Uteca cree que "las grandes beneficiadas serán multinacionales francesas propietarias de las productoras independientes de mayor tamaño".

Asimismo, ha denunciado que la directiva europea "tampoco decía nada" sobre las formas de financiación de las televisiones públicas y que "el Gobierno ha desaprovechado la oportunidad de igualar en obligaciones, al establecer que las plataformas internacionales destinen a tal fin el 1,5% de los ingresos que generan en España, la mitad de lo que están obligadas por ley las cadenas privadas españolas".

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