Estas son las claves de los planes de pensiones colectivos que ha aprobado el Gobierno

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que regulará los planes de pensiones de empleo con el objetivo de impulsar desde el ámbito público los planes colectivos que las empresas suscriben para sus trabajadores y que hasta el momento han tenido un desarrollo muy escaso en España.

El objetivo del Gobierno es favorecer los planes de pensiones colectivos frente a los planes individuales, un "producto financiero caro que solo ha beneficiado a las rentas altas", en palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Desde 1987 están regulados los planes de pensiones, pero mientras los planes individuales han acumulado un patrimonio superior a los 80.000 millones de euros, los colectivos suman unos 35.000 millones con solo dos millones de partícipes, lo que supone uno de cada 10 trabajadores.

Estas son las claves de una reforma que pasa a fase consultiva y tiene que estar aprobada y en vigor antes del 30 de junio de 2022.

TODO EMPIEZA EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

EL Gobierno fía la extensión de los planes de pensiones de empleo a la negociación colectiva sectorial, en la que se tendrá que apostar por los planes de pensiones colectivos como parte de las condiciones salariales de los trabajadores.

La ley habilita expresamente a patronal y sindicatos para decidir si todas las empresas de un sector deberán adscribirse al plan de empleo acordado en convenio.

EL PROCEDIMIENTO SE SIMPLIFICA

Una vez acordado en convenio, el Estado diseña el plan de empleo sectorial al que las empresas solo tienen que adscribirse, lo que supone el elemento más novedoso de la ley.

El procedimiento simplificado ahorra burocracia a las empresas, que no tendrán que hacer nada para poner en marcha los planes colectivos, ya que serán creados desde la Administración y después serán licitados para su gestión y depósito entre las entidades privadas que se presenten al concurso correspondiente conforme a lo establecido en la ley de contratos del sector público.

Los autónomos también podrán beneficiarse de los planes de empleo de promoción publica previa adscripción de asociaciones de autónomos o colegios profesionales.

GOBERNANZA DE LOS PLANES DE PENSIONES

Una comisión promotora -con cinco miembros del Ministerio de Inclusión, uno de Hacienda, otro de Economía, otro de Trabajo y uno más de Transición Ecológica- será la encargada del diseño y puesta en marcha de los fondos de pensiones y de seleccionar a las gestoras y depositarias de su patrimonio.

Una comisión de control -con nueve miembros designados por la Administración Pública, cuatro por las organizaciones sindicales y otros cuatro por las organizaciones empresariales- supervisará la gestión de todos los fondos y vigilará la calidad del servicio.

PLATAFORMA DIGITAL COMÚN

Una plataforma digital común aunará todos los planes, simplificando los trámites, facilitando el acceso a la información a los partícipes de los planes y favoreciendo la portabilidad entre los planes de pensiones.

COMISIONES MÁS COMPETITIVAS

Las comisiones máximas a aplicar a los planes de empleo colectivo serán establecidas en los pliegos del concurso con el objetivo de que estén muy por debajo de las que tienen los planes individuales.

Según los cálculos de la Seguridad Social un plan individual al que se aporten durante 35 años 1.000 euros anuales con una comisión del 1,04% y una rentabilidad estimada del 3% alcanzaría un valor final de 50.596 euros.

Con las mismas condiciones un plan de empleo colectivo con una comisión del 0,21% acumularía un valor final de 59.680 euros, lo que supone 9.084 euros de diferencia que suponen un incremento del 18 % respecto al plan individual.

FISCALIDAD MÁS VENTAJOSA

Se pasa del mismo tratamiento fiscal para planea individuales y colectivos a un planteamiento más ventajoso para estos últimos, con el objetivo de propiciar el trasvase del ahorro de unos a otros.

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Conforme a lo establecido en los Presupuestos de 2022 la reducción en el IRPF de las aportaciones a los planes individuales se limita a un máximo anual de 1.500 euros, mientras que se eleva a 4.250 euros la reducción por aportaciones del trabajador a un plan colectivo, siempre que la empresa aporte otros 4.250 euros al plan de ese empleado.

Fuentes de la Seguridad Social han asegurado que podría haber margen para incluir en la norma incentivos a las empresas que adopten estos planes de empleo de promoción pública, un asunto en el que se trabaja en el ámbito del diálogo social después de que la patronal lo haya sugerido.