Negociación

Acuerdo entre Gobierno y sindicatos: las cotizaciones subirán 0,6 puntos durante 10 años

Escrivá y las centrales acuerdan subir las cuotas sociales para alimentar la hucha de las pensiones, mientras la patronal se desmarca

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Gabriel Ubieto

El Gobierno y los sindicatos han cerrado un acuerdo para subir las cotizaciones sociales de los trabajadores y costear así las futuras pensiones, según ha hecho público la Seguridad Social en un comunicado. La patronal, por su parte, se ha desmarcado del pacto y rubrica su segundo gran 'no' al Gobierno en el último mes y medio, tras el rechazo a apoyar la subida del salario mínimo de 950 a 965 euros para este año. El Ministerio de Seguridad Social y las centrales han seguido limando detalles y han acabado por concluir las conversaciones poco después de las seis de la tarde. Los detalles del acuerdo final todavía no han trascendido, pero la última propuesta contemplaba un incremento de las cuotas de 0,6 puntos durante 10 años, a partir del año que viene y hasta el 2032. Y el reparto será de 0,5 puntos a cargo de la empresa y 0,1 puntos para el trabajador.

El efecto en el bolsillo de empresas y trabajadores de esta medida será el siguiente, tomando como ejemplo un caso práctico. Para un trabajador que cobra el sueldo más frecuente en España, unos 1.500 euros brutos al mes, la empresa deberá pagar 7,5 euros más al mes y el empleado verá descontado de su sueldo neto 1,5 euros más al mes.

Las negociaciones han evolucionado a contrarreloj y en menos de dos semanas el Gobierno ha cerrado el acuerdo para este nuevo mecanismo para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. El equipo del ministro José Luís Escrivá se lo presentó a los agentes sociales el pasado 3 de noviembre y este lunes 15 ha cerrado las conversaciones con el apoyo de los sindicatos, no así de la patronal. Escrivá concentró las conversaciones en esas dos semanas y se había marcado como tope máximo este lunes. Ahora el acuerdo cerrado con CCOO y UGT lo llevará el Ejecutivo al Congreso y lo añadirá vía enmienda a la ley de pensiones que ya está en trámite. Y que contiene, entre otros, que las pensiones suban cada año en función de lo que suba el IPC y el paquete de penalizaciones para la prejubilación e incentivos para alargar la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación.

Ese aumento de los ingresos busca alimentar una hucha de las pensiones para amortiguar el progresivo aumento del gasto público en la nómina de pensiones cuando paulatinamente se vaya jubilando la generación del 'baby boom'. El objetivo es recaudar unos 2.600 millones de euros anuales, que, sumado a los ingresos financieros que pudiera generar la gestión de dicho fondo, podría dejar una cifra final de unos 50.000 millones de euros para el 2032; según los cálculos oficiales de la Seguridad Social.

La patronal se desmarca

Los empresarios no han estado conformes desde el primer momento en asumir un aumento de los costes laborales. El planteamiento del actual Gobierno era apuntalar el sistema público de pensiones por la vía de mayores ingresos, no por la vía de reducir el gasto como planteó el PP. La última propuesta de Escrivá contemplaba un aumento de las cotizaciones sociales en 0,6 puntos entre el 2023 y el 2032. Y, en la última reunión, la Seguridad Social puso encima de la mesa tres opciones para repartir entre empresarios y trabajadores de ese incremento de costes; según explican fuentes del diálogo social. Una opción contemplaba un reparto equitativo, tres décimas para empresa y tres décimas para trabajadores. Otra era de cuatro décimas para la empresa y dos para los trabajadores. Y la tercera era de cinco décimas para la empresa y una para los trabajadores. Finalmente y tras el descuelgue de la patronal, se ha acabado imponiendo esta última, la menos favorable para los empresarios.

"El Comité Ejecutivo de CEOE ha rechazado hoy la propuesta del Gobierno en relación con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de las pensiones", reza el comunicado emitido por la patronal española. La CEOE se queda fuera de esta parte del acuerdo para sustituir el factor de sostenibilidad aprobado -que nunca llegó a implementarse- por el PP. Desde Seguridad Social cerraron con ellos las conversaciones y las prosiguieron bilateralmente con los sindicatos, sin introducir cambios de peso en el formato final. Escrivá se ha mostrado crítico con la patronal, reprochándole que "no ha presentado ningún elemento añadido" durante las conversaciones. Y ha rechazado que este aumento de las cotizaciones vaya a lastrar la creación de empleo, como ha argüido la patronal. "No lo tendrá, [...] en España el coste laboral por hora trabajada es de 21 euros y la media de la Unión Europea está entre 25 y 26 euros. Llevamos casi una década sin subir costes laborales", ha declarado ante los periodistas poco después de anunciarse el acuerdo.

La segunda pata del acuerdo en pensiones cerrado este lunes abre un escenario poco definido. Este se activaría en caso de que las medidas oficializadas hasta ahora de la 'reforma Escrivá' no consigan equilibrar las cuentas de la Seguridad Social ante la jubilación de los 'baby boomers'. Es decir, que el gasto público supera las previsiones que periódicamente irá revisando el Ejecutivo. En dicho caso y previa negociación con los partidos con representación en el Pacto de Toledo y los agentes sociales, el Gobierno se compromete a negociar nuevas medidas que "se dirijan bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos", según ha manifestado el Ejecutivo en un comunicado.  

Ese aumento de los ingresos busca alimentar una hucha de las pensiones para amortiguar el progresivo aumento del gasto público en la nómina de pensiones cuando paulatinamente se vaya jubilando la generación del 'baby boom'. El objetivo es recaudar unos 2.600 millones de euros anuales, que, sumado a los ingresos financieros que pudiera generar la gestión de dicho fondo, podría dejar una cifra final de unos 41.000 millones de euros; según fuentes del diálogo social.

El Banco de España duda de la 'reforma Escrivá'

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha insistido en que las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 sirvieron para "garantizar" la sostenibilidad de las pensiones bajo escenarios económicos y demográficos "prudentes". La decisión del Parlamento de volver a revalorizarlas en función de la evolución del IPC y de eliminar el factor de sostenibilidad, ha advertido, incrementará el gasto público en entre cuatro y cinco puntos porcentuales del PIB si no se compensa con otras medidas. "Esa es la verdad, eso son los números, ahora le toca al poder político" buscar medidas para volver a hacer sostenible el sistema, ha concluido; según informa Pablo Allende Salazar.

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