DIÁLOGO SOCIAL

La reforma de las pensiones se centra en subir ingresos y aparca los recortes

Inclusión plantea aumentar las cotizaciones un 0,6%, una décima más que lo que proponía la semana pasada. Gobierno y agentes sociales aceleran las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo para el día 15

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, durante una visita la semana pasada a un centro de Save the Children en Sevilla

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, durante una visita la semana pasada a un centro de Save the Children en Sevilla / Europa Press

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El último capítulo de la reforma de las pensiones, la definición del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), entra en su recta final: el acuerdo firmado el pasado verano entre Gobierno y agentes sociales daba de tiempo para pactarlo hasta el 15 de noviembre -el próximo lunes- y, si no, encomienda al Ejecutivo su regulación. Después de dos reuniones entre Inclusión, sindicatos y patronales para dialogar sobre esta materia lo que parece claro es que, con acuerdo o sin él, el MEI consistirá básicamente en una subida de cotizaciones temporal para tratar de acumular un colchón financiero con el que hacer frente a las tensiones en las cuentas de la Seguridad Social que supondrá la jubilación de la generación del 'baby boom' durante las próximas dos décadas. Los posibles recortes, que se trasladan al futuro, quedan sin definir.

La última propuesta de Inclusión es casi igual a la primera, presentada la semana pasada: aumentar lo que pagan al sistema empresarios y trabajadores entre 2023 y 2032. Pero esta vez la subida prevista es mayor, de un 0,6%; el martes pasado, era una décima más baja. El departamento que dirige José Luis Escrivá plantea además un reparto de esa subida por el que los empresarios afrontarían un 0,4%, y los trabajadores se harían cargo del otro 0,2%. De salir adelante, por tanto, durante esa década la empresa pagaría a la Seguridad Social del salario de cada trabajador un 24% y el empleado un 4,9%.

No se detallan los recortes

Igual que en la propuesta anterior, Inclusión plantea almacenar estos recursos extra en el Fondo de Reserva (la "hucha de las pensiones") y corregir con ellos las posibles desviaciones del gasto. Pero si no fuesen suficientes pone sobre la mesa ajustes adicionales, que en todo caso tendrían que adoptarse a partir de 2032: recortes del gasto en pensiones que no podrán superar el 0,4% del PIB, y si sigue sin bastar, subidas de ingresos que no podrán superar, de nuevo, el 0,4% del PIB. La única novedad en este bosquejo, que no define ninguna medida concreta, es que se enfatiza que todas estas medidas habrán de ser temporales: sus efectos no podrán prolongarse más allá de 2060, según fuentes de la negociación.

Estas fuentes explican que la falta de concreción de los posibles recortes futuros se justifica, en el ministerio, con el argumento de que es el momento de atender lo inmediato (apuntalar el sistema con nuevos ingresos) y que no se pueden definir ahora las medidas que podrían tener que adoptar los Gobiernos de la década de los 30, cuando todavía no se sabe la evolución que van a tener las cuentas del sistema. En la práctica, esto evita tener que hablar de recortes y facilita la negociación de la reforma: de hecho, tras la reunión de este lunes, los sindicatos ya han comunicado públicamente su "valoración positiva" para una propuesta que centra "la definición del MEI en torno a una mejora de ingresos", aunque la ven insuficiente, y creen que el reparto de la carga extra de cotizaciones debería recaer más sobre los empresarios. La patronal, que siempre ha rechazado la subida de cotizaciones, sólo ha dicho públicamente tras la reunión que estudiarán la propuesta del ministerio.

Negociación exprés

Las partes han acordado estudiar los documentos facilitados por Inclusión y remitir contrapropuestas. El objetivo es explorar todas las posibilidades de acuerdo para tenerlo listo el día 15; por ello, aunque no hay convocada ninguna nueva reunión, se espera un ritmo frenético de intercambio de papeles y de encuentros telemáticos en los próximos días; según los distintos interlocutores, se utilizará el procedimiento habitual de abordar las discrepancias más profundas mediante conversaciones bilaterales, que luego se presentan a la tercera parte para que dé o no su consentimiento.

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La explicación del plazo del 15 es la necesidad de incorporar el MEI como enmienda a la reforma de pensiones que ahora están tramitando las Cortes, para que pueda ser debatido y votado junto con el resto de medidas acordadas con sindicatos y empresarios este verano, y que incluyen la subida de las pensiones con el IPC, retoques en la jubilación anticipada e incentivos a demorar la edad de retiro voluntariamente. Este paquete conjunto está comprometido con la Comisión Europea como uno de los 52 hitos y objetivos que han de estar listos antes de final de año para recibir los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El MEI es una pieza clave en esa reforma de las pensiones, porque remplaza al Factor de Sostenibilidad, el mecanismo de ajuste automático de las pensiones en función de la esperanza de vida aprobado por el Gobierno Rajoy en 2013 y que nunca se ha puesto en práctica (el propio Ejecutivo popular postergó a 2023 su entrada en vigor, prevista en principio para 2019, en el marco de un acuerdo presupuestario con el PNV, muy presionado entonces por las movilizaciones semanales de los pensionistas vascos). La Comisión Europea ha aceptado la derogación del Factor a cambio de su sustitución por otra fórmula que automatice el ajuste entre ingresos y gastos para mantener la estabilidad de las cuentas de la Seguridad Social.

Cálculos discrepantes ¿45.000 millones o 26.000 millones?

La subida de cotizaciones prevista en la última propuesta de Inclusión generaría unos recursos adicionales para el sistema en 2032 de unos 45.000 millones en el mejor de los casos, según las cifras que Inclusión ha puesto sobre la mesa de diálogo: calculan unos ingresos por la subida de cotizaciones de 2.200 millones al año, a los que habría que sumar una rentabilidad del 7%. Un cálculo más conservador, como el que realiza para este diario de Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), arroja una cifra de algo más de la mitad de la estimación oficial: Con datos de 2020, la subida del 0,6% supondría 2.000 millones, anuales, y estimando un crecimiento de las cotizaciones del 3% anual y unos intereses que se acumulan al 1%, la cantidad total allegada a la hucha de las pensiones al final del periodo sería de 26.100 millones.