El Supremo entierra sin multas el caso del ‘cártel de la basura’ una década después

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vuelve a fracasar en su intento de imponer una multa histórica a medio centenar de compañías y patronales acusadas de repartirse contratos públicos de residuos y de limpieza durante años.

Por dos veces lo ha intentado el organismo durante la última década y por dos veces la justicia ha tumbado los procesos, no por considerar no probadas esas malas prácticas, sino por un grave error de estrategia y de forma cometido antaño por la CNMC en el desarrollo del expediente.

El Tribunal Supremo está a punto de tumbar de manera definitiva todo el procedimiento, confirmando las sentencias de la Audiencia Nacional del pasado abril que anulaban la reapertura del proceso por parte de la CNMC y que rechazaban la pretensión del organismo de volver a incoar el expediente contra esas 51 empresas, conocidas durante este tiempo como el “cártel de la basura”.

La última baza de que disponía la CNMC para seguir con el proceso era parar la anulación de la Audiencia Nacional presentando recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra cada una de las nueve sentencias que daban la razón a las empresas y patronales investigadas. El Alto Tribunal ya ha rechazado dos recursos de casación y los servicios jurídicos de la CNMC dan por seguro que en breve también inadmitirá los otros siete, dado que son idénticos, según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes que participan directamente en el proceso.

Una vez que se pronuncie de manera inminente el Tribunal Supremo sobre todos los recursos pendientes, la CNMC tendrá que ejecutar las sentencias y archivar los expedientes sancionadores abiertos. Con ello, se dará carpetazo definitivo a un caso que acumula investigaciones y pleitos en diferentes instancias desde hace casi una década y terminará sin la imposición de sanciones.

Casi una década

La antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC) inició las indagaciones preliminares en 2012 para aclarar un presunto escándalo de reparto de licitaciones públicas y de contratos de privados en el sector de los residuos urbanos y limpieza. La propia CNC aprobó la apertura de un expediente sancionador en julio de 2013, apenas tres meses antes de desaparecer para integrarse en la entonces novísima CNMC, que heredó el procedimiento y continuó con las investigaciones durante casi dos años más.

La CNMC impuso en 2015 una multa histórica a medio centenar de compañías y asociaciones empresariales por 98,2 millones de euros. Entre las sancionadas se encontraban filiales de varias de los grandes grupos de construcción y servicios del país, como FCC, Ferrovial, ACS o Sacyr, que concentraban el grueso del importe de las sanciones. Se trataba de una auténtica sacudida para todo el sector.

La CNMC consideró demostrada una “práctica concertada global” de las empresas de limpieza urbana, residuos industriales y de recuperación de papel y cartón para no arrebatarse clientes o para distribuir nuevos clientes potenciales; para repartirse licitaciones públicas concertando ofertas o no compitiendo en algunos concursos para luego subcontratarse unas a otras; para intercambiar información sensible de precios y de negocio…

Las empresas recurrieron y la Audiencia Nacional fue anulando las multas, pero sin entrar en el fondo del caso ni poner en cuestión la existencia de las prácticas ilícitas, sino sólo porque la CNMC se equivocó y trató el caso como una “infracción única y continuada” de todas las compañías. Esto es, Competencia abordó el expediente como si se tratara de una única trama, pero la Audiencia no consideró probada la interconexión entre todas las empresas. Las prácticas de todas las compañías podían ser similares, pero algunas nunca tuvieran relación entre sí.

La Audiencia Nacional “no discute si la conducta de la recurrente en el referido sector y en el ámbito geográfico que se menciona puede ser reprochable desde el punto de vista de las normas de competencia, sino si dicha conducta tiene encaje o no en una infracción única y continuada”, se recogía en una de las decenas de sentencias con las que anuló las sanciones.

Caso ya juzgado

Aprovechando que las objeciones de la Audiencia eran de forma y no de fondo, la CNMC volvió a la carga y lanzó en 2018 un nuevo expediente sancionador contra el “cártel de la basura”. Para sortear las reticencias de la justicia, lo que hizo Competencia fue investigar de manera individualizada las posibles infracciones que aún no habían prescrito, y no como una sola trama. Diversas fuentes apuntan que el nuevo expediente -que estaba prácticamente listo para su aprobación final a la espera de que los tribunales resolvieran los nuevos recursos de las empresas- se iba a resolver con una nueva multa millonaria.

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Pero ese expediente finalmente se va a quedar en el cajón en que ha estado guardado durante los últimos años. La Audiencia Nacional, primero, y el Tribunal Supremo, ahora, han dado la razón a las compañías en su petición de anular la reapertura del expediente por ser un intento de la CNMC de investigar y sancionar los mismos hechos que en el primer proceso, que la justicia ya anuló.

Siete empresas -entre ellas Valoryza (Sacyr), Cespa (filial de Ferrovial hasta el pasado verano) o Urbaser (de ACS hasta 2017, después de la primera sanción)- y dos asociaciones empresariales han esgrimido con éxito en los tribunales que no se les puede expedientar dos veces por las mismas malas prácticas. Así que el caso abierto, anulado, reabierto y de nuevo anulado va a quedar definitivamente archivado y cerrado.