DIÁLOGO SOCIAL

CEOE exige al Gobierno que presente una posición única sobre reforma laboral

La patronal quiere un documento de propuestas compartido por todo el Ejecutivo. Los sindicatos avisan de que la negociación colectiva es su "línea roja"

Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa este martes en Roma

Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa este martes en Roma / EFE

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La mesa de reforma laboral que se reúne todos los miércoles está convocada también hoy, con los negociadores habituales (el secretario de Estado de Empleo y los especialistas en relaciones laborales de UGT, CCOO, CEOE y Cepyme), pero no se espera un encuentro normal. Aunque en la agenda están los temas todavía abiertos -contratación, ERTE y formación- la sombra de la disputa en el seno del Gobierno por el control de la negociación y por sus contenidos planeará sobre la cita. Fuentes del diálogo social anticipan que la parte empresarial va a pedir al Ejecutivo que les presente una posición conjunta, un documento que tenga el aval de todo el Gobierno, para continuar el diálogo con la certeza de que lo pactado no se va a cuestionar después.

Desde los sindicatos no ven mal esta petición, dicen estas fuentes, porque comparten con la patronal la necesidad de que haya un interlocutor único y de que los temas a debate estén definidos con claridad. Inquieta especialmente en UGT y Comisiones Obreras que se puedan replantear los asuntos en discusión, porque uno de los ámbitos en los que el desacuerdo es mayor en los ministerios enfrentados, Trabajo y Economía, es lo relativo a la negociación colectiva; para los sindicatos, la derogación de la reforma laboral de 2012 en materia de convenios es una "línea roja" a la que no piensan renunciar, hasta el punto de que han dejado claro -en la mesa y públicamente- que no firmarán un acuerdo que no la incluya.

Renegociar los contenidos

El temor sindical tiene fundamento, porque la pugna entre Trabajo y Economía sobre la reforma laboral está mutando de una lucha por el control a un enfrentamiento por los contenidos. Desde Italia, a donde viajó tras la reunión del Consejo de Ministros ayer por la mañana, la vicepresidenta segunda avisaba de que había "instado un debate en el seno del Gobierno para debatir sobre el perímetro de esta reforma, para que conozcamos las diferencias y podamos avanzar: cuál es el problema, cuál es la discrepancia". "Yo pensaba que esto estaba ya cerrado, porque el debate de los contenidos lo tuvimos antes de diciembre del año pasado en dos ocasiones, cuando mandamos a Europa el Componente 23 [la parte del plan de recuperación español que aborda las reformas e inversiones en el mercado de trabajo]", añadía Yolanda Díaz.

Fuentes del Ejecutivo confirman que en las últimas horas ha habido contactos para tratar de concertar una reunión entre Díaz y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, incluso antes de la mesa de negociación prevista para esta mañana, pero finalmente no se ha podido cerrar por cuestiones de agenda.

Temporalidad y jóvenes

Que el Gobierno se replantee los contenidos a incluir en la reforma puede tener otros efectos sobre la mesa de negociación, porque los interlocutores sociales también tienen su lista de posibles cambios. "Cuando hemos planteado en otras ocasiones hablar de más materias, siempre nos dicen que el perímetro negociador está cerrado. Si se abre el perímetro, queremos opinar", afirma uno de los negociadores. Uno de los hitos de la reforma laboral de 2012 que ha quedado fuera de la negociación en los últimos meses, a pesar del interés de los sindicatos por incluirlo, es el abaratamiento del despido.

CEOE y Cepyme, por su parte, siempre han sido partidarios de mantener la regulación de los convenios de la era Rajoy y abordar en cambio con más detalle otros asuntos. "Dejémonos de hablar de derogaciones y de otras etiquetas", decía a este diario un alto dirigente empresarial, "y centrémonos en limitar la temporalidad y en el paro juvenil, que es lo que le preocupa a Europa", apuntaba.

Precisamente la posición de Bruselas es una de las armas arrojadizas de la que las distintas partes se están sirviendo en el conflicto abierto en los últimos días, y eso que -al contrario de lo que normalmente se asume- la Comisión Europea se cuida mucho de dar órdenes o indicaciones que puedan ser interpretadas como obligatorias para las autoridades nacionales. Como reveló EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, no hizo ninguna referencia sobre la manera de negociar la reforma laboral a la vicepresidenta segunda en la cena que compartieron este lunes; es más, fuentes de la patronal (la más beneficiada en el caso de una posible injerencia de Bruselas) califican de “impensable” una intervención directa de Europa.

La manera de averiguar las preferencias de Europa en materia de mercado de trabajo es leer las preocupaciones y recomendaciones que todos los años plantean Comisión y Consejo en el marco del proceso de coordinación de políticas que recibe el nombre de Semestre Europeo. En los documentos de los últimos años, se repiten siempre dos asuntos: reducir la temporalidad y combatir el paro con medidas como mejorar las políticas activas (para favorecer la empleabilidad de los parados) y fortalecer los servicios de empleo. Eso sí, Bruselas cree que las reformas de la era Rajoy “han desempeñado un importante papel en el fomento de una recuperación económica intensiva en empleo”, y por ello aconseja que, antes de cambiarla, se estudien bien los posibles efectos y “se preserven los logros” de la legislación de 2012.

Los puntos calientes: ¿qué son la prioridad aplicativa y la ultractividad?

De las más de 75 páginas de la reforma laboral de 2012 las más polémicas, las que recogen lo que los sindicatos llaman "los aspectos más lesivos", se refieren a la negociación colectiva, e inclinan de manera clara el equilibrio de poder en la empresa del lado de la dirección en detrimento de los trabajadores. Una de esas materias es la prioridad aplicativa del convenio de empresa: es un mecanismo que ha permitido a las compañías hacer convenios rebajando las condiciones laborales y los salarios fijados en los pactos sectoriales, que hasta la ley de Rajoy marcaban las condiciones mínimas que las empresas sólo podían mejorar. El otro aspecto especialmente candente es la ultractividad de los convenios, su vigencia una vez caducados. Con la reforma del 2012 esa ultractividad se limitó a un año, dando ventaja al empresario a la hora de negociar la renovación ya que sólo tiene que esperar unos meses para conseguir un empeoramiento automático de la situación de los trabajadores. La prioridad sindical en el diálogo con empresarios y Gobierno es revertir esos aspectos de la normativa laboral, y lograr de nuevo que el convenio sectorial prevalezca sobre el de empresa, y que los convenios expirados sigan indefinidamente en vigor hasta su sustitución por uno nuevo.

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