El Gobierno no se fía de las eléctricas y les obliga a dar más información sobre precios a clientes y CNMC

El Gobierno se lanza a dar más transparencia en el sector eléctrico en plena crisis energética por el subidón de los precios de luz y de gas y en pleno choque con las eléctricas por las medidas ya adoptadas para frenar la subida. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que incluye medidas que obligarán a las eléctricas a dar más información aún más detallada a sus clientes sobre las condiciones de las tarifas contratadas y también tendrán que facilitar más datos sobre cómo establecen los precios de sus contratos para poder ser controlados por el supervisor del mercado.

A partir de ahora las compañías energéticas tendrán la obligación de informar sobre cualquier intención de modificar condiciones de sus contratos y tarifas de luz y gas a sus clientes al menos con un mes de antelación para evitar abusos y para que los consumidores tengan la oportunidad de reaccionar con antelación (hasta ahora las comercializadoras podían informar incluso después de aplicar la modificación, pero antes de cobrar la primera factura con las nuevas condiciones). Además, en esa comunicación de cambios de condiciones se deberán incluir una comparativa de los precios aplicados antes y después de la revisión, así como una estimación del coste anual del suministro antes y después del cambio.

Las empresas también tendrán que remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) información transparente, comparable y actualizada sobre los precios de sus ofertas disponibles en todo momento, incluyendo las condiciones sobre terminación de contratos y sobre servicios adicionales exigidos.

En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, también aplica nuevas obligaciones de información de los contratos mayoristas para que los reguladores puedan supervisarlos mejor y puedan controlar con más precisión el proceso de formación de precios. El Gobierno quiere dar transparencia a los instrumentos de contratación a plazo de electricidad, tanto físicos como financieros, que utilizan las eléctricas en sus acuerdos de venta.

En este sentido, el Gobierno obligará a las compañías a facilitar a la CNMC información con todo detalle de todos los contratos entre las generadoras de electricidad y las comercializadoras de luz. Todos los contratos, también los acuerdos entre empresas de un mismo grupo, que hasta ahora no conllevaban las mismas obligaciones de información detallada que los contratos con terceros. Las grandes eléctricas venden su producción de electricidad a sus propias filiales de comercialización con las que venden a los clientes finales, una práctica sobre la que el Gobierno tenía dudas sobre su contenido.

“Necesitamos contar con empresas en las que sus clientes confíen. Esto es importantísimo. Empresas en las que confíen porque existe transparencia sobre cómo operan y sobre cómo configuran los precios, y no tener la sensación de que no estamos seguros de qué esta ocurriendo”, lo decía hace una semana Teresa Ribera en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Y este martes el Gobierno .

Información para librarse del recorte

Apenas un mes y medio después de aprobarla, el Gobierno revisa su reforma eléctrica también para aclarar el alcance de los recortes que finalmente se aplicarán a las eléctricas para amortiguar el impacto en el recibo de luz de la escalada de precios de la electricidad y el gas, y que ha provocado un choque frontal con las compañías por el “intervencionismo” del Ejecutivo y por la “inseguridad jurídica que provocaba”.

El real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros sirve para desarrollar y matizar las medidas aprobadas en septiembre. Y da la oportunidad a las eléctricas de librarse de los recortes millonarios si demuestran, como dicen las energéticas, que venden toda la electricidad que producen mediante contratos con precios estables y muy inferiores a los que récords que marca actualmente el mercado mayorista de la electricidad.

Si las compañías eléctricas demuestran con esa información adicional sobre instrumentos a largo plazo que han de enviar a la CNMC que los contratos no están incluyendo en sus precios las subidas actuales de la electricidad, no tendrán que devolver los beneficios adicionales e inesperados provocados por la espiral de alzas del mercado. Las compañías se arriesgan a multas de entre 6 y 60 millones de euros si aportan datos falsos o inexactos, al considerarse una infracción muy grave por la Ley del Sector Eléctrico [ver información adjunta].

La exención de los recortes se aplicaría tanto a los contratos a largo plazo y con precios fijos previos a la anterior reforma (aprobada el 14 de septiembre pasado) y también a los acuerdos que se amplíen o prorroguen con precios fijos y con vigencia de al menos un año. Los contratos que tengan una parte fija y otra indexada a la evolución del mercado mayorista, el recorte se hará de manera proporcional sólo para esta última componente.

El Gobierno claudica e incluye una de las grandes reclamaciones de las eléctricas: que también puedan quedar exentos de los recortes los contratos de venta entre empresas de su mismo grupo. Iberdrola y Endesa aseguran que toda o casi toda su producción eléctrica en España la venden a sus propias comercializadoras para suministrarla a los clientes finales.

“La minoración de ingresos sólo se aplica a quienes están incorporando esos beneficios extraordinarios. Para los que no hayan incorporado esos beneficios, por definición, la minoración no se aplica”, ha sentenciado este martes la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El real decreto ley de la polémica, aprobado el mes pasado y convalidado por el Congreso hace dos semanas, incluía la obligación de que durante seis meses las nucleares, las hidroeléctricas y algunas renovables devuelvan los ingresos extraordinarios que, según el Ministerio, estaban obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados que se registran en el mercado mayorista (conocido como pool). Unos precios disparados que se deben al encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, que son costes que precisamente estas tecnologías no soportan.

La nueva norma pretende dejar claro que esos recortes no se apliquen a los contratos firmados a precios estables y con niveles previos a la espiral de subidas actual. El Gobierno cifró el mes pasado en 2.600 millones de euros hasta marzo el impacto para las eléctricas de esta devolución de ingresos, pero ahora el Ministerio rehúsa hacer previsiones a la espera de conocer la información sobre sus contratos que aportan las compañías. Las eléctricas cifraban el golpe en más de 1.000 millones cada mes.

Más protección para vulnerables

El Gobierno también ha decidido reforzar la protección de los consumidores vulnerables para amortiguar el impacto de las subidas del precio. Lo hará por una triple vía: por un lado, amplía el escudo social y la prohibición de corte de suministro a hogares vulnerables hasta el 28 de febrero de 2022; por otro, aumentará los descuentos en el recibo de luz de los que se benefician los perceptores del bono social eléctrico; y también repartirá cheques ayuda de 90 euros a estas mismas familias para asumir el coste de la calefacción y el agua caliente durante el invierno.

En España cerca de 1,2 millones de hogares reciben el bono social eléctrico, que contempla descuentos de entre el 25% y el 40% de la factura de la luz en función de su grado de vulnerabilidad (y que puede llegar al 100% en los casos más graves y de riesgo de exclusión social). Con el nuevo real decreto, esos descuentos se incrementarán de manera temporal, hasta marzo. Los hogares vulnerables que se benefician de una rebaja del 25% se les aplicará un descuento del 60%; y los que ahora tienen un recorte del precio final del 40% lo tendrán del 70%.

El aumento de los descuentos suponen un coste que tendrán que asumir las propias compañías eléctricas. Y es que los descuentos del bono social eléctrico lo asumen todas las comercializadoras eléctricas de manera proporcional en función de su número de clientes, por lo que Endesa, Iberdrola y Naturgy financian más del 82% del presupuesto total anual (hasta ahora, en torno a 200 millones de euros).

Para poder recibir el bono social, los hogares deben cumplir determinados umbrales de baja renta y han de tener contratada la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). El precio de la parte energética de esa tarifa regulada está directamente vinculada a la evolución del mercado mayorista de la electricidad, que es el que en los últimos meses ha ido de récord en récord. Es por eso que los consumidores vulnerables son uno de los colectivos que están notando directamente en sus facturas la espiral de subidas.

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Desde hace dos años, los beneficiarios del bono social eléctrico perciben también de manera automática el bono social térmico, una ayuda para cubrir costes de la energía destinada a la calefacción, el agua caliente sanitaria o cocina mediante una transferencia que hasta ahora era de entre 25 y 124 euros en función del grado de vulnerabilidad del consumidor y de la zona climática en la que reside.

El real decreto aprobado duplica el presupuesto previsto para este año para el bono térmico, hasta los 202 millones, y eleva el mínimo del pago del bono térmico hasta los 35 euros. Según los cálculos del Ministerio, con la inyección adicional de presupuesto los cheques ayuda que se repartirán tendrán un importe medio de 90 euros. El coste del bono térmico lo asume el Ministerio, pero es transferido a las comunidades autónomas para su gestión y reparto.