La oferta de paz del Gobierno no aplaca el choque con las eléctricas

  • Las compañías mantienen el pulso e intentan forzar que la “reforma de la reforma” eléctrica que prepara Teresa Ribera les libre de todos los recortes millonarios.

  • El Ejecutivo se resiste de momento a dejar fuera de los ajustes los contratos con los que las grandes eléctricas venden y compran energía entre empresas del mismo grupo.

El Consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Galán, saluda a Pedro Sánchez en la presentación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático.

El Consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Galán, saluda a Pedro Sánchez en la presentación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático. / Eduardo Parra

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Aspiraba a ser una oferta de paz, pero no ha conseguido siquiera llegar a efímera tregua. El Gobierno anunció una inminente ‘reforma de la reforma’ que tanta tensión ha provocado con las grandes eléctricas. Pero las grandes eléctricas temen que los cambios que se vienen serán insuficientes y el golpe en sus cuentas seguirá siendo millonario.

El Ministerio para la Transición Ecológica prepara una nueva norma para aclarar y matizar el alcance de los recortes que se aplicarán a las grandes energéticas para amortiguar el impacto en el recibo de luz de la escalada de precios de la electricidad y el gas. El anuncio de que se matizaría la reforma llegó tras una ronda de contactos directos entre la vicepresidenta Teresa Ribera y los presidentes de las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona) y, en principio, anticipaba un nuevo ambiente de relativa distensión.

Los encuentros cara a cara entre la vicepresidenta del Gobierno y la cúpula de las compañías se desarrollaron de manera cordial, pero con la distancia que provoca cierta desconfianza mutua, según reconocen varias fuentes conocedoras del contenido de las reuniones. Las eléctricas presentaron propuestas para reconducir la situación (cada una en función de con qué tecnologías producen, cada una en función de lo que más le beneficia).

Las grandes eléctricas se mantienen a la espera de conocer el alcance de los cambios normativos que diseña el Gobierno para corregir algunos aspectos de la reforma y saber hasta qué punto se salvan de los recortes. “Es un real decreto ley dirigido contra tres compañías tal y como está ahora, a ver cómo queda”, denuncia uno de los grandes grupos, que se muestra escéptico sobre los cambios regulatorios que se avecinan.

En este impasse las compañías y el Gobierno han mantenido el pulso, no han rehuido el choque y se han esmerado en el cruce de acusaciones y en las presiones mutuas. “No ha cambiado mucho el ambiente. El cabreo en el sector se mantiene mientras se está a la espera a conocer cómo se concretan los cambios y las aclaraciones de la regulación”, apuntan desde otra compañía eléctrica.

“El mercado está roto, está claro que no funciona. Y quien piense que puede consolidar una posición de beneficio durante mucho tiempo en estas circunstancias a costa de todos los demás comete un error de cálculo”, advertía esta semana Teresa Ribera en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. “Creo que es enormemente peligroso pensar que un sector estratégico puede pervivir con un margen de beneficio y unos precios como los que vemos, sin que se produzca una contestación social y sin una reacción regulatoria”, y advertía a las compañías: “Mi obligación es la protección de los consumidores por encima de todo”.

“Es un real decreto ley dirigido contra tres compañías tal y como está ahora, a ver cómo queda”

Reformar la reforma

El real decreto ley de la polémica, aprobado el mes pasado y convalidado por el Congreso hace poco más de una semana, incluye la obligación de que durante seis meses las nucleares, las hidroeléctricas y algunas renovables devuelvan los ingresos extraordinarios que, según el Ministerio, están obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados que se registran en el mercado mayorista (conocido como pool). Unos precios disparados que se deben al encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, que son costes que precisamente estas tecnologías no soportan.

El Gobierno trabaja ahora en una nueva norma con rango de ley que sirva para dejar claro que esos recortes (de unos 2.600 millones en seis meses, según el Ministerio; de más de 1.000 millones cada mes, según Iberdrola) no se aplicarán a los contratos firmados a precios estables y con niveles previos a la espiral de subidas actual. Si las compañías demuestran qué contratos bilaterales (actuales o futuros) mantienen los precios y no están disparando los ingresos por la subida del mercado eléctrico, no tendrán que devolver nada por ellos.

“Cuando el mercado mayorista de la electricidad tenía precios muy bajos, las eléctricas se quejaban de que no les salían las cuentas y de que se iban a arruinar, parecía que entonces lo vendían todo en el pool. Ahora que los precios de mercado están disparados, dicen lo contrario, que tienen toda la electricidad vendida fuera del mercado y que no se están beneficiando”, explican fuentes gubernamentales. “Tendrán que demostrarlo”.

Las eléctricas se quejan de que el real decreto ley se aprobó sin consultar previamente al sector y que la vicepresidenta Ribera informó por teléfono a los máximos ejecutivos de las compañías con una llamada telefónica que apenas se produjo unos minutos antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara las medidas en una entrevista en TVE en la víspera de que lo aprobara el Consejo de Ministros.

“El resultado ha sido una norma que es un despropósito, basada en suposiciones falsas, que busca recortar unos ingresos que no existen, y por eso el Gobierno está intentando reformarla a toda prisa porque no hay por dónde cogerla y no se puede aplicar”, subrayan fuentes del sector eléctrico, que reconocen que actualmente existen contactos casi diarios con el equipo del Ministerio que trabaja en los nuevos cambios regulatorios. “En el Ministerio están desesperados porque no saben cómo arreglar el desaguisado”.

Venderse electricidad a uno mismo

Las compañías se disponen a aportar a Red Eléctrica -el operador del sistema eléctrico y encargado de calcular el importe de las devoluciones de ingresos- datos de miles de contratos para demostrar que cobran precios estables y muy por debajo de los de mercado y librarse así de los recortes. Pero las energéticas temen que el golpe a sus cuentas aún puede seguir siendo millonario también tras la revisión de la regulación.

"Mi obligación es la protección de los consumidores por encima de todo”, advierte Teresa Ribera

El gran problema para las grandes eléctricas es que el Gobierno de momento sigue resistiéndose a dejar fuera de la minoración de ingresos también a todos los contratos de suministro firmados entre empresas de un mismo grupo (las grandes eléctricas generan electricidad y se la venden a sus propias comercializadoras), al considerar que este tipo de acuerdos cuentan con una “cobertura natural” y que no pueden quedar eximidos de los ajustes. "No hay cambios", resumen fuentes oficiales sobre la intención de aplicar los recortes a los acuerdos entre filiales de una misma compañía.

“Con los contratos intragrupo no ganamos más si sube el precio del mercado eléctrico. Estos contratos también tienen precios estables y no tiene sentido que se les aplique la minoración”, contrapone una compañía. Iberdrola incluso asegura que toda su producción eléctrica en España está vendida en contratos intragrupo para que sus comercializadoras se la suministre a los clientes finales, así que los recortes previstos en la normativa les seguiría afectando.

Envites y órdagos

Después de semanas en que las grandes eléctricas han comunicado a sus grandes clientes los altos precios de la electricidad y los cambios regulatorios obligaban a cambiar las condiciones de sus contratos o rescindirlos, Iberdrola se comprometió esta semana a prorrogar sin cambios todos los contratos de sus clientes industriales y asumir el coste de la subida del precio de la electricidad, pero poniendo como condición que el Gobierno retire el real decreto ley o que lo reforme para dejar sin efecto los recortes previstos. “Todo el mundo se puede equivocar por falta de información y rectificar es de sabios", indicó con sorna la eléctrica en un comunicado.

“Es el momento de reclamar [a las eléctricas] un poco más de compromiso social. Ese compromiso que aparece tanto en sus memorias anuales y en su propia publicidad. Creo que es hora de demostrar si de verdad se materializa o se queda sólo en palabras bonitas”, sentenciaba esta semana la vicepresidenta Ribera, afeando algunas “declaraciones altisonantes” y “actitudes poco constructivas y más reivindicativas de mantener el 100% del beneficio en circunstancias tan extraordinarias como éstas”.

Las eléctricas no ocultan que su objetivo es paralizar los recortes y han venido maniobrando para meter presión al Gobierno para tumbar la parte de la reforma legal más lesiva para sus intereses, con Iberdrola como protagonista de una estrategia más explícita e intensa. Desde la aprobación del real decreto ley las grandes eléctricas han anticipado su intención de emprender una batalla legal para parar la reforma en los tribunales; han movilizado a fondos internacionales y a energéticas europeas para criticar el nuevo marco legal; han dado plantón al Gobierno y han renunciado a participar en su subasta de nuevas renovables; han parado instalaciones renovables de manera intermitente alegando que se les obligaba a producir a pérdidas por los recortes, han alertado de la paralización de inversiones por la falta de estabilidad regulatoria…

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Lo que verdaderamente ha agotado la paciencia del Gobierno -no sólo del Ministerio del ramo, también de Moncloa- ha sido la estrategia de presión de Iberdrola denunciando la falta de seguridad jurídica en España. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, alertó de que “inversores se marchan de España por la inseguridad jurídica” y lo hizo coincidiendo con la visita del presidente Pedro Sánchez a EEUU para atraer inversiones. Y el mismo día que la compañía renunció a participar en la subasta de renovables española alegando "incertidumbre regulatoria", Galán se fotografiaba con el primer ministro británico, Boris Johnson, y anunciaba inversiones en Reino Unido por más de 7.000 millones.

El presidente de Iberdrola también ha criticado el “intervencionismo terrorífico” y la presencia de “extremistas” en el Gobierno. “Forma parte de los comentarios a los que se puede aplicar eso de que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras”, replicó Teresa Ribera. “Estoy segura de que habrá muchas personas que considerarán extremista al señor Galán por otros motivos”.