DÍAZ - CALVIÑO

Reforma laboral, salario mínimo, riders... la lucha constante entre Díaz y Calviño

Las principales políticas sociales de la legislatura han servido de campo de batalla entre Trabajo y Economía

Yolanda Díaz (izquierda), junto a Nadia Calviño (centro) en el Senado

Yolanda Díaz (izquierda), junto a Nadia Calviño (centro) en el Senado / David Castro

4
Se lee en minutos

El gesto se hizo viral enseguida: en el transcurso de una intervención parlamentaria, el pasado mes de mayo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba: “sí, vamos a derogar la reforma del Partido Popular”. En el escaño de al lado, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, parece poner los ojos en blanco. Respondiese el movimiento ocular o no a las palabras de su compañera de Gobierno, la imagen se repitió en informativos y redes sociales como resumen perfecto de una relación cargada de tensión: la de las dos principales vicepresidentas del área económica del Ejecutivo y sus visiones políticas, a menudo contrapuestas. Una, representante de la ortodoxia, Calviño; otra, que se reivindica como “la socialdemócrata en Europa” del Gobierno español, Díaz.

Precisamente la reforma laboral ha sido uno de los asuntos en los que más se ha manifestado la diferencia de ópticas entre las dos vicepresidentas. Díaz ha ido fortaleciendo su discurso contra la norma laboral de la era Rajoy a medida que ha avanzado la legislatura: “Vamos a derogar la reforma laboral, estamos en el Gobierno para esto. Soy clara, lo vamos a hacer y si no lo hacemos se equivocará el país, el Gobierno y España”, clamaba durante su intervención en la fiesta del PCE, en septiembre. Calviño ha sido siempre reticente a tocar esa legislación, y ha preferido fijarse en áreas del mercado laboral que tienen menos que ver con la reforma de 2012 (como la simplificación de las figuras contractuales) antes que en asuntos que incluso están recogidos en el pacto de Gobierno PSOE-Unidas Podemos, como la reversión de la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector, una de las claves de la ley aprobada por el PP.

Pero la disputa de más largo recorrido entre Díaz y Calviño ha sido la relativa al salario mínimo interprofesional (SMI) de 2021. La pugna empezó a finales de 2020, porque suele ser en diciembre cuando se anuncian las subidas para el año siguiente. Entonces, la batalla la ganó Calviño, que persuadió al resto del Gobierno con su argumento de que era mejor consolidar la recuperación del empleo antes de subir los sueldos bajos. Díaz protestó públicamente: “para la recuperación económica del país es necesario impulsar la demanda y para ello es fundamental que suban los salarios”, aseguraba en redes sociales, al tiempo que proclamaba en entrevistas e intervenciones televisivas que, igual que las pensiones y los sueldos de los empleados públicos, el SMI también podría haber subido un 0,9%.

La revancha llegó en septiembre, después de meses de conflicto de baja intensidad en el que Díaz llegó a alinearse con los sindicatos frente a la parte socialista del Gobierno: al calor de la necesidad de acuerdo en el seno del Ejecutivo para sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, Díaz consiguió una subida de 15 euros mensuales para el SMI en la parte final del año; además, reforzó su perfil al presentar la decisión como fruto de una negociación personal con Pedro Sánchez, apuntalada además por un informe de expertos que avalaba la posición de Trabajo de que el SMI tenía que subir en 2021.

Riders, ERTE y Europa

Aunque SMI y reforma laboral hayan sido las materias en las que la disputa ha sido más sostenida, lo cierto es que en buena parte de las iniciativas políticas pilotadas por Trabajo ha habido forcejeo político entre el departamento de Yolanda Díaz y Asuntos Económicos. Trabajo atribuye la tardanza de la llamada ley rider (la que laboralizó al colectivo de repartidores a domicilio) a las objeciones de Economía: la norma empezó a negociarse en octubre de 2020, pero no se aprobó hasta mayo de 2021, y su alcance fue menor al que aspiraba el equipo de Díaz (quedó limitada a una norma de sólo dos artículos, y circunscrita sólo al reparto a domicilio en vez de alcanzar a más ámbitos de la economía de plataformas digitales).

En las sucesivas prórrogas de los ERTE también se han dado -dicen fuentes gubernamentales- roces entre Trabajo y Economía, en este caso alineada con Hacienda: Díaz ha defendido las medidas más expansivas (por ejemplo, la mejora de las prestaciones hasta el 70% de la base reguladora a partir del sexto mes de ERTE), mientras que Calviño y Montoro preferían inclinarse por el control del gasto. Y en la negociación con Europa por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia también ha habido controversia: la financiación de los futuros ERTE postcovid, dicen estas fuentes, ya fue entonces (a finales de 2020) motivo de desacuerdo entre Trabajo y Economía.

Europa es precisamente una de las bazas de Calviño para prevalecer en sus conflictos con Díaz (también con el resto de ministerios): al ser la interlocutora clave con Bruselas, las reformas y los fondos están bajo la competencia de su departamento. Ahora, con el respaldo público de Sánchez, se prepara para dirigir el final de la negociación de la reforma laboral ante unos agentes sociales (dicen fuentes consultadas por este periódico) que no quieren participar en la pelea entre ministerios por temor a hacer naufragar un posible acuerdo cuando solo quedan unas semanas de negociación.

Noticias relacionadas