ESCUDO SOCIAL

El Gobierno prorrogará de nuevo la moratoria de desahucios a la espera de la ley de vivienda

El decreto se ha ido ampliando, pero expiraba de nuevo el 31 de octubre, por lo que la ministra Raquel Sánchez ha anunciado una nueva extensión

Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante una protesta la semana pasada en las puertas del Congreso de los Diputados. EFE/Chema Moya

Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante una protesta la semana pasada en las puertas del Congreso de los Diputados. EFE/Chema Moya

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EFE

El Consejo de Ministros aprobará una nueva prorroga la semana que viene del decreto con las medidas del llamado "escudo social", entre ellas la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministro de agua, electricidad y gas natural a los colectivos vulnerables, según ha confirmado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

En esa misma reunión del 26 de octubre, el Ejecutivo dará luz verde y remitirá a los órganos consultivos el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que según fuentes de Transportes incorporará de forma estructural esas medidas, adoptadas de forma excepcional con motivo de la pandemia hace año y medio.

Desde entonces, el decreto se ha ido prorrogando, pero vuelve a expirar el 31 de octubre, por lo que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este martes una nueva extensión del plazo.

"Somos conocedores de que el plazo finaliza el próximo 31 de octubre y en la intención del Gobierno está proceder a la prórroga del escudo social y de esas medidas en el próximo Consejo de Ministros", ha afirmado Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

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Según datos del Gobierno, las medidas del escudo social protegen a más de 1.100.000 personas con dificultades económicas agravadas con la pandemia.

El Consejo de Ministros remitirá a los órganos consultivos el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda el próximo día 26, tras casi un año de negociación entre los socios de gobierno, tras lo cual el texto volverá al Gobierno, que introducirá las oportunas modificaciones y aprobará el proyecto de ley que remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria.