Modernizar la economía para llegar a todos

La buena noticia es que lo peor ya ha pasado. Tras los estragos de la pandemia y una debacle económica que se saldó con un desplome histórico del 10,8% del PIB nacional en 2020, España encara de nuevo un crecimiento que, en principio, se da por hecho que se mantendrá en los próximos años si no hay sobresaltos inesperados (aunque, visto lo visto, tampoco es que se puedan descartar).  

La peor crisis sanitaria y económica en un siglo arrancaba hace apenas año y medio. Ahora la vacunación generalizada y la recuperación van de la mano, y uno de los debates es en qué momento de 2022 se alcanzarán los niveles de PIB previos a la pandemia. España tardó una década en alcanzar las cotas anteriores a la Gran Recesión, una crisis con causas y características muy diferentes a la actual (y a la que también se le intentó dar solución desde los gobiernos con fórmulas muy diferentes, casi opuestas, a las ahora aplicadas). 

La mala noticia es que hay varias malas noticias. Por un lado, siguen existiendo incertidumbres sobre la solidez y la rapidez de la recuperación, y la insólita revisión de la estimación de crecimiento del segundo trimestre de este año recién ejecutada por el INE ha venido a sembrar más dudas y más temores a que la reactivación se tope con otros choques de realidad en un futuro próximo. 

Por otro, la recuperación de la actividad y del empleo sigue siendo desigual, por sectores y por territorios. El ejemplo más evidente es el del turismo, que sigue a medio gas en gran parte del país y recuperará este año apenas la mitad del PIB sectorial previo a la pandemia (según la previsión del Gobierno, que figura a la cabeza de las estimaciones más optimistas). Precisamente para las regiones más dependientes de los viajeros internacionales pintan bastos y a ellas la reactivación no llegará plenamente hasta que se levanten de manera más decidida las restricciones a la movilidad y se recobren nítidamente.

También está por ver si el crecimiento es suficientemente robusto para que no se cumplan los temores de que al levantamiento del sistema de ERTE por causa mayor le siga una cascada de ERE o de que el fin de la moratoria concursal se traduzca en un aluvión de procesos de quiebra ahora simplemente embalsados.

Y, además, tocará iniciar la senda de consolidación fiscal para embridar el endeudamiento y el déficit públicos, que se han disparado para levantar un escudo económico y social con el objetivo de proteger la actividad, el empleo y a los más vulnerables.

Oportunidad multimillonaria

Los que defienden a ultranza y sin contemplaciones el achicamiento del Estado y de lo público como paradigma inamovible se han dado de bruces durante la pandemia con el papel imprescindible de las Administraciones para salvar la economía. En España se realizó una movilización histórica de recursos -el equivalente a más de un 20% del PIB sólo en un año- para proteger el empleo y a las empresas (con sus luces y sus sombras, con sus méritos y también sus ineficacias, sí).

Y en Europa se puso en marcha un instrumento excepcional para impulsar de manera coordinada entre todos los miembros de la UE la recuperación y la transformación de la economía continental como es el Next Generation EU, con una dotación mastodóntica de 750.000 millones de euros hasta 2026.

A España le tocan hasta 140.000 millones de esos fondos europeos; mitad transferencias a fondo perdido, mitad préstamos que habrá que devolver. El cuánto es importante, pero lo realmente crucial será el cómo, la capacidad de gestionar esas inversiones y la velocidad y eficacia para desplegarlas. Y en esta tarea España no sale del todo bien parada teniendo en cuenta la experiencia previa, con problemas en los últimos años de infrautilización de los fondos comunitarios que llegaban, y eso que se trataban de magnitudes mucho más modestas.

Será justa o no valdrá

La de ahora se trata de una inyección multimillonaria que se ha convertido en inesperada oportunidad para acelerar contundentemente las dos grandes transformaciones que hay que encarar de forma ineludible: digitalización y transición ecológica. Lo que para España ya era urgente necesidad de afrontar esta doble transformación, la pandemia la ha encumbrado como obligación aún más acuciante. Y lo que era un plan de futuro se ha convertido en un plan para ejecutarlo desde ya mismo. 

Los cambios que deben procurar la digitalización y la transición energético-ecológica son clave para elevar la hundida productividad del país, para hacer posible un crecimiento sólido y sostenible, para conseguir una mayor resiliencia de cara a futuras crisis y que sus efectos sean menos bruscos y profundos, y para la creación de empleo de calidad.

Pero las grandes transformaciones que vienen -que son irrenunciables por pura supervivencia- no son un objetivo en sí mismas, sino que deben ser la vía para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de manera generalizada, para mejorar la forma de vivir de una mayoría.

La ansiada modernización de la economía sólo tiene sentido si es justa, porque si no es justa no es real. Sólo tiene sentido si sirve para procurar una verdadera cohesión social y territorial, para cerrar brechas y no para ahondarlas, haciendo llegar sus efectos a una mayoría de ciudadanos vivan donde vivan y también a una mayoría de empresas. Y en España esto último pasa por llegar a las pymes: el 99,8% de las empresas del país tiene menos de 250 empleados, son micropymes o directamente son autónomos. 

Una modernización real

España cuenta de entrada con una base excepcional para jugar un papel relevante en la transformación digital. Somos una potencia internacional en infraestructuras de telecomunicaciones, con la red de fibra óptica más extensa de Europa y la tercera del mundo. Se ha convertido en mantra, casi en chanza o chascarrillo recurrente, aquello de que España tiene tanta fibra como la suma de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

El objetivo ahora es ser capaces de replicar ese milagro español con el próximo despliegue de la red del 5G, la nueva generación de comunicaciones móviles, y hacerlo garantizando la vertebración territorial y preconizando una igualdad de oportunidades efectiva en todo el país para ciudadanos y para empresas. 

Sin embargo, el éxito de las telecos en expandir la conectividad -la cobertura de la banda ancha con una velocidad de 30 megabytes por segundo ya alcanza al 95% de la población española y es del 88% en el caso de la fibra de 100 Mbps- no tiene reflejo en otros ámbitos que son cruciales para impulsar una transformación digital real y permitir un aprovechamiento masivo de los beneficios que ofrece.

Un bajo nivel de formación digital de la población española y el reducido aprovechamiento de la digitalización por parte de las empresas del país -singularmente las pymes- son las grandes debilidades para afrontar la transformación digital de la sociedad y la economía españolas.

El 43% de la población carece de competencias digitales básicas, la proporción de especialistas en tecnologías de la información es de sólo el 3,2% del empleo total (del 1,1% en el caso del empleo femenino), sólo el 10% de los ingresos de las pymes procede del comercio electrónico, la tasa de actividad emprendedora está por debajo de la media europea…

Auténticos lastres inaceptables si se aspira a aprovechar de manera efectiva la digitalización para mejorar la productividad y la competitividad de nuestra economía y para que los ciudadanos accedan a ventajas en su desempeño profesional y en su vida cotidiana.

De la mano, público y privado

En este empeño de hacer realidad la doble transformación digital y ecológica, la colaboración público-privada no puede ser sólo un deseo teórico, una bandera que se enarbola con más o menos convencimiento en conferencias y en informes, sino que ha de asumirse como una herramienta crucial para hacerla viable.

Esa colaboración será una de las llaves para conseguir los objetivos deseados, y habrá de utilizarse sin esnobismos y sin atrincherarse en los extremos de los que defenestran sin miramientos lo público y los que sólo desconfían de toda iniciativa privada.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno como hoja de ruta para los próximos tres años contempla una aportación de dinero público de casi 70.000 millones vía fondos europeos (más otros 70.000 millones en el trienio siguiente), pero también se cuenta con movilizar 500.000 millones de inversiones privadas en esos seis años. Poco sentido tiene una sin las otras. 

Contra la desigualdad

La transición hacia una economía más verde y más digitalizada no será un camino de rosas. La modernización del modelo productivo, para ser justa, tendrá que venir acompañada de herramientas correctoras suficientes para reducir las brechas sociales, territoriales y de género, y deberán activarse instrumentos que garanticen un confort mínimo vital y la protección de los más vulnerables.

Entre los retos de la modernización de la economía está la de acompañarla de reformas estructurales en ámbitos cruciales como el empleo, las pensiones o la fiscalidad. Cómo modelar esas reformas será objeto de un debate político y social, a veces crudo, casi siempre con posiciones enfrentadas entre partidos y entre agentes sociales.

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Pero el desafío, a pesar de las diferencias en las fórmulas a utilizar, pasa por encumbrar como objetivo compartido y de consenso que las medidas han de buscar estrechar las desigualdades, evitar la expulsión del progreso de colectivos o de territorios, así como garantizar la sostenibilidad y la fortaleza del Estado del Bienestar, asegurando que sus prestaciones también para los jóvenes de ahora -que sufren el golpe de la doble crisis en forma de precariedad y de un nivel de desempleo inasumible- y también para próximas generaciones. 

El gran objetivo es que España y su economía sean mejores. Pero sólo lo serán si lo son para todos.