Las eléctricas presionan al Gobierno para frenar un recorte que ya cifran en más de 5.500 millones

Las compañías ganan tiempo y se libran de momento del golpe regulatorio: REE no mandará hasta noviembre las primeras órdenes de devolución de los ingresos extraordinarios

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. / José Luis Roca

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Las grandes eléctricas redoblan la presión sobre el Gobierno para que revise el plan de choque aprobado el mes pasado para frenar la subida del recibo de la luz. Una reforma que supondrá un fuerte recorte de sus ingresos que, según los cálculos de las compañías, puede acabar superando los 5.500 millones de euros hasta marzo (muy por encima de los 2.600 millones que calculó el Ejecutivo) si no se adoptan medidas para reconducirla.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la semana pasada una ronda de contactos con los máximos ejecutivos de las grandes eléctricas para recabar propuestas alternativas para frenar la subida de la luz, que sigue desbocada y marcando récord tras récord. Las cúpulas de Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Acciona ya han empezado a pasar por la sede del Ministerio -y lo seguirán haciendo por separado al menos hasta este miércoles- para abordar fórmulas para contener una espiral alcista que no cesa.

El Gobierno calculó que el recorte a las eléctricas sería de 2.600 millones en seis meses. Las compañías denuncian que ya es de 1.100 millones al mes

Entre las propuestas que llevan las eléctricas a sus reuniones con el Ministerio, según confirman fuentes del sector, figuran la posibilidad de utilizar las reservas de gas españolas (compradas a un precio muy inferior al actual) para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado; la utilización a un precio fijo de toda la producción de las centrales nucleares para abastecer la demanda de los 10,6 millones de clientes de la tarifa regulada; rebajas fiscales aún más drásticas de las ya aplicadas a la factura eléctrica o adelantar a este año (está prevista para 2022) la revisión de la rentabilidad razonable de las renovables con primas para que devuelvan la sobrerretribución.

Desde el sector eléctrico se da por hecho que es muy difícil que el Gobierno reformule sustancialmente el texto del real decreto ley con el que se articula la reforma, y que debe ser convalidado por el Congreso este jueves. Pero las compañías maniobran para que se mitigue su impacto al menos a medio plazo. Los grandes grupos no ocultan, además, que también están armando una estrategia para emprender una batalla legal para tumbar las medidas del Gobierno en los tribunales si no se revisan las medidas.

El Gobierno oficialmente no lo confirma, y sólo admite la disposición a mantener la interlocución con las compañías eléctricas ante una situación extraordinaria de incrementos de precios, pero existe la disposición gubernamental a revisar las medidas que más afectan a los ingresos de las eléctricas si la Comisión Europea finalmente da el paso de impulsar actuaciones coordinadas en toda la Unión Europea para frenar la escalada de los precios del gas y de la electricidad.

Un mes más para los recortes

El Gobierno aprobó el mes pasado un plan de choque para amortiguar el impacto que tiene en el recibo de la luz la espiral de subidas del mercado mayorista de la electricidad. Entre las medidas incluidas, la que más ha enervado a las eléctricas ha sido la aplicación durante seis meses de una minoración de los ingresos extraordinarios ("confiscación", lo llaman las compañías) que algunas tecnologías como nucleares, hidroeléctricas y algunas renovables estaban obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados que está registrando el mercado.

El Ministerio para la Transición Ecológica considera que las eléctricas, sobre todo los grandes grupos, estaban embolsándose unos beneficios desproporcionados gracias a la fortísima subida del precio del mercado de la electricidad. Unos precios disparados que se deben al encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, que son costes que estas tecnologías no soportan.

Así que, según establece la nueva normativa, estas compañías tendrán que devolver cada mes, hasta el próximo marzo, el 90% de esos beneficios caídos del cielo para embolsarlo al sistema eléctrico y con ello compensar la rebaja drástica de una parte de los costes regulados de la factura eléctrica que ha aplicado el Gobierno para contener la subida del recibo.

De momento, las eléctricas se van a librar de ese recorte. Red Eléctrica, el operador del sistema y encargado de cuantificar mes a mes las devoluciones que deben abonar cada una de las centrales e instalaciones afectadas, no va a remitir las primeras notificaciones hasta mediados de noviembre, según confirman fuentes del sector. A pesar de que esas primeras comunicaciones se esperaban para esta semana, se agotarán los plazos que permite el decreto ley y se esperará a que transcurra un mes natural completo para comunicar los recortes.

Recortes de 1.100 millones al mes

Cuando el Ejecutivo aprobó la reforma eléctrica, a mediados de septiembre, calculó que las eléctricas tendrían que devolver en torno a 2.600 millones de euros en seis meses. Se trataba de una estimación realizada basándose en los precios del gas que existían en ese momento en el mercado internacional, de en torno a 55 euros por megavatio hora (MWh).

Sin embargo, cuanto más sube el gas y más sube el precio de la electricidad en los mercados mayoristas, mayor es la cantidad que las compañías han de devolver por estar por encima del baremo establecido por el Gobierno como suficiente cubrir costes e ingresar una parte de la gran subida de las cotizaciones. Cuanto más sube la electricidad, mayor es el golpe regulatorio.

Desde que se aprobó la reforma el mes pasado, el precio del gas ha seguido subiendo (desde los 55 euros MWh de entonces, hasta situarse de manera sostenida por encima de los 70 euros y en los últimos días superando los 110 euros) y también lo ha hecho el de la electricidad en el mercado mayorista español (con récords disparatados que han llegado a alcanzar los 288 euros MWh de media diaria y con picos horarios de hasta 320 euros alguna noche).

Las eléctricas advierten de que la desorbitada subida del gas y de la electricidad ha hecho que esa previsión oficial de 2.600 millones en seis meses ha quedado desbordada. De hecho, fuentes del sector apuntan a que los cálculos que manejan las compañías sitúan esa devolución actualmente en 1.100 millones de euros cada mes (con Iberdrola y Endesa como principales afectados de la medida y Naturgy, de manera muy inferior). La estimación del sector es que el recorte total podría superar los 5.500 millones hasta marzo. Dependiendo de la evolución del precio del gas y de la electricidad, ese importe podría seguir escalando.

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La patronal de las grandes eléctricas, Aelec, denuncia que gran parte de su producción está vendida este año y el siguiente (el 100% y el 75%, respectivamente) a un precio fijo muy inferior al que marca ese mercado mayorista y que multitud de centrales y plantas renovables sufren la minoración de ingresos impuesta por el Gobierno a pesar de no cobrar los precios desbocados del mercado.

Desde el sector eléctrico la queja predominante es que la medida de devolución de unos ingresos que no perciben las compañías implica que se les estaría obligando a vender la electricidad a pérdidas. En los últimos días, muchas instalaciones eólicas y fotovoltaicas decidieron dejar de vender su electricidad en el mercado en las horas en que el precio estaba lo suficientemente bajo como para que la devolución de los ingresos fuera superior a la cotización.