El diálogo social avanza a paso lento sin abordar los retos de los autónomos y las pensiones

La primera gran oleada de reformas comprometidas con Bruselas para conseguir a cambio los fondos europeos tiene como plazo límite el 31 de diciembre, e incluye dos grandes capítulos de alcance socioeconómico: la reforma laboral, y la primera entrega de la reforma de pensiones. La primera está por hacerse, y la segunda -aunque ya está en el Congreso- tiene que seguir negociándose para rematar algunos aspectos que tendrían que incorporarse incluso en plena tramitación parlamentaria. El tiempo, pues, es corto, menos de tres meses, y las últimas reuniones de las mesas de diálogo han registrado muy pocos avances, según fuentes de la negociación.

Esta semana se han celebrado dos encuentros poco fructíferos: en el de reforma laboral, ayer, los sindicatos llevaron a la mesa algunas de sus propuestas, unas pactadas entre CCOO y UGT (por ejemplo, la relativa a la reforma de los contratos de formación) y otras por separado. En la reunión de pensiones, celebrada el lunes, se abordaron varios temas (la revisión de la pensión de viudedad de las parejas de hecho y los parámetros de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores fijos-discontinuos, entre otros). En ninguna de los dos mesas se trataron los asuntos más polémicos: la reforma de la contratación temporal, el nuevo sistema de cotización para que los trabajadores autónomos coticen según sus ingresos reales o el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que tratará de mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones con ajustes paramétricos automáticos en sustitución del mecanismo previsto en la reforma de 2013 que nunca ha entrado en vigor.

Negociaciones urgentes

Esta falta de avances se explica en parte por la irrupción de asuntos más apremiantes que han desplazado al segundo plano las cuestiones relativas al mercado de trabajo y las pensiones durante las últimas semanas. El mes pasado, la primera urgencia fue la del Salario Mínimo Interprofesional, que se cerró finalmente el 16 de septiembre, y luego la de los ERTE, que concluyó con un acuerdo in extremis el día 27. Ya en octubre, la sombra de otra negociación ha seguido pesando sobre el diálogo social: la de los Presupuestos Generales del Estado, acordados finalmente entre los socios del Gobierno de Coalición este mismo lunes.

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Que se despeje el horizonte negociador no quiere decir que el diálogo vaya a ser más fácil: en las últimas semanas, la patronal se ha mostrado muy crítica con las propuestas del Gobierno en la mesa de reforma laboral (singularmente, con la idea de eliminar el contrato por obra y servicio como parte del compromiso con Europa de poner coto a la elevada temporalidad del empleo). Las posibilidades alternativas que se están barajando (bonificaciones a la contratación de las empresas que reduzcan su temporalidad, por ejemplo) todavía no están maduras, según fuentes de la negociación. En pensiones se anticipa también una discusión difícil, puesto que antes del 15 de noviembre hay que negociar el MEI, que ya ha sido objeto de polémica aun antes de llegar a la mesa por las declaraciones -luego rectificadas- del ministro de Inclusión el pasado verano en las que abría la puerta a que esa fórmula ajustase a la baja las cuantías de algunas pensiones.

Entre los asuntos más inminentes que la negociación tendrá que despejar está la mejora de la cotización de los becarios, que ya va con retraso respecto a lo programado: los agentes sociales y el Gobierno acordaron dejar resuelta esta materia "en el plazo máximo de tres meses" desde la firma del acuerdo de pensiones, un plazo que se cumplió al acabar septiembre.