La Justicia avala la independencia de la ACB para negociar con la Euroliga

La Justicia española ha dado un espaldarazo a la Euroliga de baloncesto al reconocer la independencia de la ACB para decidir su relación con la competición privada europea fundada por nueve equipos, entre ellos el FC Barcelona, Real Madrid y Baskonia. La Audiencia Nacional, que ha reprendido al Consejo Superior de Deportes (CSD) por "atribuirse la competencia para anular el acuerdo adoptado por la asamblea de una entidad privada", desautoriza de esta forma al organismo público que preside ahora José Manuel Franco para mediar en el conflicto que mantienen la ACB y la Euroliga con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

En esta sentencia de finales de enero de 2023 a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y contra la que aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo, se establece que lo decidido por los clubes el 4 de abril de 2016 en cuanto a su relación con la Euroliga no puede ser "anulado" por el Gobierno.

En aquella asamblea general, los diferentes equipos abrieron la puerta a que los clubes de la ACB pudieran "participar indistintamente en las competiciones" organizadas por la FIBA", como la Champions League, "o la ECA", la asociación de los clubes más poderosos de Europa que fundó la Euroliga y la Eurocup.

Sin embargo, aquel día los clubes españoles de la ACB también acordaron que aceptarían la propuesta de la Euroliga de que el mejor posicionado de la ACB que no fuera el Real Madrid, el Barcelona o el Baskonia, pues estos ya tienen una plaza asegurada, participase en la competición. Además, se garantizaban tres plazas más de acceso directo a la Eurocup, la segunda competición continental.

Amenazas de la FIBA

Estas decisiones, que se tomaron el 4 de abril de hace siete años, provocaron un rechazo frontal de la FIBA, el organismo que rige las competiciones internacionales de baloncesto, y, ante sus amenazas, apenas tres semanas más tarde la Federación Española de Baloncesto presentó un escrito ante el CSD informando de la posibilidad de que la FIBA excluyese a la Selección española de baloncesto del campeonato europeo que se celebraría en 2017 si ese acuerdo de los clubes de la ACB salía adelante.

La amenaza, que llegó a consumarse apenas un mes después, quedó finalmente en nada, ya que la FIBA retiró la sanción contra las 16 federaciones involucradas en la Euroliga por haber "respondido convenientemente". España, que también corrió el riesgo de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de ese mismo verano, terminó logrando el bronce en ambas competiciones.

La Justicia reprende al CSD

Para llegar a esa respuesta "conveniente", y es ahí donde la Justicia reprende al organismo público, el CSD decidió "atribuirse" "labores de mediador" al establecer que la "ACB, en cuanto a liga profesional, está integrada en la FEB y por ende en el sistema federativo español ,y que por tanto debe acatar y cumplir las normas que rigen el sistema deportivo español".

De esta forma, el Consejo Superior de Deportes consideró que, por sí misma, la ACB no podía "organizar competiciones internacionales de carácter oficial, por lo que no resulta procedente que a través de acuerdos como el anulado", el del 4 de abril de 2016, se adopten decisiones que "obstaculicen o pongan en peligro a la Selección española de baloncesto".

Sin embargo, la Audiencia Nacional, que no ha querido meterse a valorar la Euroliga como proyecto en sí, sí que ha criticado al CSD el hecho de que se haya atribuido "la competencia para anular no ya un convenio, pacto o contrato, sino el acuerdo adoptado por la asamblea de una entidad privada a instancias de una federación deportiva".

El tribunal recuerda que la ACB goza de personalidad jurídica propia y que lo decidido en aquella asamblea general es una "aceptación de propuestas por parte de otra asociación deportiva", y que ésta "deberá materializarse en el correspondiente convenio o contrato entre ambas".

Además, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo apunta que no debe "caer en saco roto" que la justificación por la que la Federación Española de Baloncesto pidió la intervención del Consejo Superior de Deportes es la amenaza de la FIBA de excluir a la Selección española de las competiciones internacionales, y que ésta "difícilmente resultaría compatible con las garantías y principios de nuestro derecho punitivo".