FÚTBOL

El fin de la 'omertà' de los pagos en negro a futbolistas de Segunda B y Tercera

Los recientes registros de la Guardia Civil a diez clubes no profesionales ponen sobre la mesa un problema que el fútbol ha soslayado durante demasiado tiempo

"Recibimos una oferta para un futbolista de 1.000 euros al mes legales y 1.500 más en un sobre. Dijimos que no, pero otros lo aceptan encantados", asegura un representante

La Guardia Civil realiza un registro en la sede del Lleida Esportiu, el pasado mes.

La Guardia Civil realiza un registro en la sede del Lleida Esportiu, el pasado mes. / Ramón Gabriel / Efe

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

“Un club de Segunda B se dirigió a nosotros con una oferta para uno de nuestros jugadores. La oferta consistía en una nómina oficial y legal de unos 1.000 euros al mes más otros 1.500 en un sobre, firmando un recibo. Dijimos que no y nos fuimos de ahí, pero muchos otros lo aceptan encantados. Y no fue ni la primera ni la última vez que ocurrió”.

Este testimonio de un representante de futbolistas ilustra el ‘modus operandi’ que algunos (o muchos, según a quién se pregunte) clubes de Segunda B y Tercera han practicado históricamente para configurar sus plantillas. Una práctica extendida en el fútbol no profesional sobre el que siempre ha habido una suerte de ‘omertà’ que está llegando a su final.

La mecha la encendieron 11 clubes de Segunda B que el año pasando se unieron para denunciar conjuntamente ante la RFEF la “competencia desleal” que se practicaba en la categoría, con “acuerdos con pagos que no se ajustan en su totalidad a la legislación y cantidades de dinero que se perciben de manera no oficial”, apelando de manera directa a fraudes en los pagos de IRPF y a la Seguridad Social. Por el momento no se han producido detenciones.

Registros

La Guardia Civil recogió el guante de la denuncia y puso en marcha, junto a Inspección de Trabajo, una investigación que se hizo pública el martes con el registro de las oficinas de una decena de clubes, en busca de documentación que pruebe esos presuntos fraudes cuya existencia, más allá de la denuncia, es conocida por todo el mundo del fútbol. Ya el pasado mes había realizado un registro en la sede del Lleida.

“Hasta ahora nadie levantaba la voz porque muchos jugadores y representantes entraban en este juego, los clubes que recurrían a esa práctica se ahorraban mucho dinero y accedían a mejores futbolistas y los demás… Al margen de no tener pruebas, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No todos lo han tenido institucionalizado, por supuesto, ¿pero quién no ha dado alguna vez un sobre con dinero de la taquilla por alguna victoria importante o un ascenso? Alguno habrá, pero…”, reflexiona el ex presidente de un club de Segunda B, bajo condición de anonimato, al igual que hacen el resto de fuentes consultadas para este reportaje.

Profesionalización

Hasta hace poco, los equipos de estas categorías eran muy amateur, pero en los últimos años se han profesionalizado, con la entrada de inversores importantes con proyectos empresariales ambiciosos y un mayor rigor en el control económico y financiero de sus actividades. Y eso ha ido poniendo freno a la tolerancia hacia este tipo de práctica fraudulentas. ProLiga, patronal que agrupa a más de 200 clubes, realiza formaciones para que los clubes menos profesionalizados trabajen conforme a la legalidad, facilitando modelos de contratos laborales, concienciando sobre la responsabilidad de las juntas directivas y proporcionando soporte legal.

La RFEF, organizadora de las competiciones no profesionales de mayor rango (desde esta año, llamadas Primera, Segunda y Tercera RFEF, en sustitución de las antiguas Segunda B y Tercera), es consciente de este problema y desde hace año y medio trabaja para establecer un control económico eficaz que ataje estas prácticas. El problema para su puesta en marcha radica precisamente en la precariedad contable de muchos clubes, que dificulta la recogida de información y la falta de un marco legislativo que lo regule, al contrario lo que sucede con el fútbol profesional.

2022/23

La dejadez del organismo en esta materia durante la presidencia de Ángel María Villar, como ha sucedido en muchos otros ámbitos de la RFEF, ha obligado a empezar casi de cero al equipo de trabajo de Luis Rubiales, una dificultad añadida más. La previsión es poner en marcha a partir de la temporada 2022/23 un nuevo sistema de control equivalente o similar al que ya rige en las categorías profesionales.

Claro que no siempre la élite estuvo ajena a estas prácticas fraudulentas. “Hace años, en Primera División, había representantes que salían de las oficinas de los clubes con decenas de miles de euros en un sobre marrón. Y también pasaba con jugadores”, detalla un agente. Las estrictas normas que impone ahora LaLiga impiden la existencia de cuentas paralelas o falseadas. “Ya nadie hace trampas. Y, si las hacen, se les pilla enseguida, como ocurrió con el Reus”, detallan fuentes de la patronal.

Segunda División

La preocupación por este tipos de prácticas se refleja también en las normas que el organismo que preside Javier Tebas aplica a los clubes de Segunda División para el cálculo de sus límites salariales. Existe un apartado específico para estos clubes que tiene en cuenta las retribuciones percibidas por cada futbolistas en las temporadas anteriores a la hora de fijar cuánto margen salarial va a consumir, no dando siempre por válido el sueldo real que aparece en el contrato del jugador.

Simplificando, y a modo de ejemplo, si un futbolista viene de ganar un millón de euros en su anterior club, en el que ha jugado con asiduidad, no podrá ser inscrito por menos de medio millón. Aunque club y futbolista hayan fijado una retribución menor, al club se le descontará íntegro ese medio millón de su margen salarial. Eso aplaca la tentación de que siguiendo el ejemplo práctico, un jugador firme un contrato de 200.000 euros y gane otro tanto o más en dinero negro.

El reto ahora es implantar un control efectivo en las categorías no profesionales, para lo que sería deseable un marco legislativo similar al que rige en el fútbol profesional desde hace unos años. Un instrumento de esas características contribuiría a atajar la existencia de fraudes generalizados que han practicado algunos clubes aunque, como en el resto de sectores, nunca se vaya a poder evitar que existan flujos puntuales de dinero que escapen al control de Hacienda y de la Seguridad Social.