COMUNIDAD VALENCIANA

La Comunidad Valenciana plantea multar con hasta 60.000 euros a los prostíbulos

El borrador de los cambios de la Ley de Espectáculos estrecha el cerco sobre la prostitución con infracción "muy grave" a los locales en los que se ejerza

Una joven en la manifestación del 8 de Marzo en València.

Una joven en la manifestación del 8 de Marzo en València. / MIGUEL LORENZO

Diego Aitor San José

La Generalitat Valenciana continúa con su ofensiva para perseguir e intentar abolir, dentro de sus posibilidades y responsabilidades competenciales, la prostitución. La vía elegida por la Conselleria de Justicia (que tiene las atribuciones de Interior) es la administrativa, es decir, la de las sanciones económicas, ya que la vía penal depende del marco estatal, un sendero con sus propios cauces.

El camino tomado por el ejecutivo autonómico es la modificación de la Ley de Espectáculos con un objetivo: perseguir a aquellos locales en los que se puedan dar los actos sexuales.

Según el borrador de este cambio legislativo expuesto ya a consulta pública, la nueva normativa incluiría multas de hasta 60.000 euros y el posible cierre de hasta tres años para aquellos establecimientos en los que se "permitiera o favoreciera" que en ellos "se solicite, negocie o acepte, directa o indirectamente, servicios sexuales a cambio de precio o contraprestación, aun con el consentimiento de quien los presta", algo que se considera "infracción muy grave".

Esto supone recuperar, aunque no por la vía del Código Penal sino por la parte de la sanción económica, la llamada 'tercería locativa', una figura que se encontraba tipificada hasta 1995. Esta implica castigar a quien se lucra de la prostitución a partir de la cesión de inmuebles.

Es una forma de estrechar el cerco sobre el funcionamiento de muchos prostíbulos que actúan como tal a ojos de todo el mundo alegando que en estos negocios solo se alquilan habitaciones a las mujeres prostituidas, pero no son los proxenetas, algo que sí que está penado.

Es por eso, de hecho, por lo que en la modificación de la Ley de Espectáculos se considerará como "infracción muy grave" que los locales se dediquen a "actividades distintas de las indicadas en la licencia (...) cuando tales actividades impliquen la prestación o el consumo de prostitución". Es decir, aquellos establecimientos que tengan una licencia de bar de copas y en ellos se descubra que se ejerce la prostitución podrán enfrentarse hasta 60.000 euros de multa.

Justicia también busca incorporar mecanismos para agilizar los cierres de los locales por parte de la policía cuando sea evidente que son prostíbulos sin necesidad de que se haya resuelto el expediente administrativo sancionador.

Así, se añade a la legislación la "especial consideración" para que la Administración autonómica (y con ello, las fuerzas de seguridad) actúe cuando en el local se fomente "la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier forma de discriminación" así como que atente "contra los derechos de las mujeres".

"El objetivo es que la Comunitat Valenciana sea pionera en la lucha contra la prostitución y estamos haciendo camino en todo lo que está en nuestra mano"

Otro de los puntos que el departamento apuesta por perseguir es el de la publicidad que fomente el consumo de prostitución. El borrador de la ley indica así que se considerará "infracción grave" con multas de entre 600 y 30.000 euros y posibilidad de clausura de hasta seis meses "la colocación, reparto y difusión" tanto la realizada por el establecimiento como el consentimiento de este a que se realice en el local.

La propuesta de modificación ley que maneja la Conselleria de Justicia se encuentra en periodo de exposición pública y de recepción de alegaciones, tanto de la ciudadanía como del resto de las conselleries.

Este cambio en la legislación también pasó la semana pasada por la Comisión de Espectáculos en la que se encuentra la patronal del ocio, asociaciones de vecinos o representantes sindicales que se mostraron a favor de la aprobación de esta normativa abolicionista.

Esta vía administrativa que maneja la Generalitat tiene un camino paralelo al que ha iniciado el PSOE en el Congreso. Según explica el director general de Interior de la Generalitat, Salva Almenar, el Consell va "dando pasos al margen de lo que ocurre en el Congreso". "Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta, el objetivo es que la Comunitat Valenciana sea pionera en la lucha contra la prostitución y estamos haciendo camino en todo lo que está en nuestra mano", expresa.

En este sentido, el grupo socialista en el Parlamento español presentó este jueves su Proposición de Ley para perseguir el "proxenetismo en todas sus formas".

En esta se propone sancionar a los hombres que acudan a la prostitución con multas y penas de prisión de hasta tres años si la persona prostituida es menor o se encuentra en situación de vulnerabilidad así como la recuperación en el Código Penal de la tercería locativaEn ningún caso se sancionaría a las mujeres prostituidas.

Sanciones

Infracciones "muy grave" con posibilidad de cierre durante tres años

El cambio de ley considerará como infracción "muy grave" que se permita o favorezca "que en el establecimiento se solicite, negocie o acepte, directa o indirectamente, servicios sexuales a cambio de precio o contraprestación, aun con el consentimiento de quien los presta". Esto supone multas de hasta 60.000 euros.

‘Engañar’ con el objeto de la licencia también tendrá la máxima sanción

También incorpora dentro de las infracciones muy graves está "la dedicación de los establecimientos e instalaciones a actividades distintas de las indicadas en la licencia (...) cuando tales actividades impliquen la prestación o el consumo de prostitución". 

Sanciones de hasta 30.000 euros para la publicidad que fomente la prostitución

Se considerará "infracción grave" con multas de entre 600 y 30.000 euros y posibilidad de cierre seis meses al dueño del local "la colocación, reparto y difusión" de publicidad que fomente el consumo de la prostitución. 

Hasta tres años de cárcel para los clientes en la propuesta del PSOE

Mientras la Generalitat va por la vía administrativa, el Congreso debate perseguir la prostitución por la vía penal. El PSOE presentó su Proposición de Ley que incluye penas de prisión de hasta tres años para los hombres que acudan a la prostitución si la mujer prostituida es menor.