Réquiem por Cala Mosca, uno de los últimos tramos vírgenes de la costa de Alicante

La zona de Cala Mosca o Playa Flamenca es el único kilómetro virgen de costa que queda en el municipio de Orihuela, en la costa de la Vega Baja de Alicante. También es quizá uno de los pocos de toda la primera línea del mar en la provincia, una de las más castigadas por el "boom" urbanístico iniciado en los años 80 y que ni las sucesivas crisis económicas han podido frenar.

Hace cuatro años, la Generalitat Valenciana sacó adelante el Plan de Acción Territorial de Protección del Litoral (Pativel). Era un ambicioso documento que salvaba del ladrillo buena parte de esa primera línea de costa, pero las prisas y la falta de consenso han dejado el plan inmerso en un batalla judicial, cuyas primeras sentencias han castigado la buena voluntad del Consell de Ximo Puig. Esa franja de costa virgen, por tanto, sigue amenazada.

El 2 de septiembre de este 2021 el Ayuntamiento de Orihuela aprobó construir más de 2.200 viviendas, lo que ha provocado una auténtica batalla social y las protestas de los grupos ecologistas. En Cala Mosca hay especies protegidas, algunas endémicas, como el caracolillo endémico y la flor Jarilla Cabeza de Gato. Anidan cernícalos y reside el lagarto bético. Varias de las calas son, además, de uso naturista consolidado.

La costa de Orihuela ya ha superado de sobra los máximos de crecimiento fijados en la legislación urbanística europea, estatal y autonómica. Así se recoge en el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja (PAT), de rango superior a los planes generales urbanísticos de los 27 ayuntamientos de la comarca, que la Generalitat ha redactado con el objetivo de lograr un uso racional del suelo.

En fase de exposición pública

El documento, troceado en 23 archivos, está en la web de la Conselleria de Política Territorial para su consulta, de forma que los interesados formulen alegaciones y propuestas para su resolución final en el plazo de tres meses, a contar desde el pasado día 14 de diciembre, cuando salió a exposición pública.

En él se propone anular una veintena de planes urbanísticos sin desarrollar, mientras que en otros casos se plantean distintos grados de modificación en base al análisis del "margen de maniobra" para revertir un sector urbanizable.

En grandes proyectos que cuentan con instrumentos de planeamiento aprobados, como es el caso del polémico residencial de Cala Mosca (técnicamente "sector D-1 Alameda del Mar"), establece "un régimen transitorio" que fija un horizonte temporal para culminar su desarrollo.

De esta forma, no aporta mayor protección que la que ya recogía el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), que determina que el promotor "deberá finalizar las obras de urbanización en el plazo de cinco años, a contar desde su entrada en vigor (el 11 de marzo de 2018)". Sin embargo, no se prevé anular dicho plan.

A pesar de ello, la memoria de ordenación del PAT define a Cala Mosca como "un recurso paisajístico de relevancia comarcal" y "vulnerable". La declara como "área de especial fragilidad del litoral". Es más, detalla que forma parte de un frente costero protegido por el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana y por el lugar y zona de interés comunitario Cabo Roig.

Se trata de "una playa natural catalogada" y es un área confinada “abierta al mar de valor territorial por constituir una bolsa de suelo libre en un tramo considerable de frente litoral urbanizado".

Piden la desclasificación del suelo

Esta es la filosofía de un plan de acción que en la práctica dista de ser transformador. "Es una vergüenza este Pativel y es una vergüenza añadida lo que propone ahora el PAT, que mantiene lo que establece aquél, es decir, que se siga considerando como suelo urbanizable residencial", critica Miguel Ángel Pavón, presidente de Amigos de Sierra Escalona y vicepresidente de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante.

Ambas organizaciones alegarán para conseguir que los terrenos de Cala Mosca "se desclasifiquen como urbanizables y se clasifiquen como suelo no urbanizable protegido”.

Es lo que, en opinión de Pavón, la Administración no se ha atrevido a hacer, porque "prima el negocio inmobiliario sobre la protección del litoral”. Para él, el PAT "es la última oportunidad para salvar este territorio; fuera de eso difícilmente se va a conseguir más". Ecologistas en Acción también presentará alegaciones para revertir estos suelos y que no se construya sobre ellos, apunta su portavoz, Carlos Arribas.

El Ayuntamiento de Orihuela, a requerimiento de los juzgados, ha aportado información técnica e informes jurídicos sobre el proyecto. En general, el Consistorio avala los criterios del plan urbanístico y lo defiende frente a las objeciones puestas por otras administraciones.

Por ejemplo, en cuanto a un informe desfavorable de Carreteras, que alega saturación e impacto acústico, el Consistorio advierte en reiteradas ocasiones de que "no es vinculante ni determinante", y descalifica su contenido.

Mientras se dirimen los aspectos técnicos y legales del plan urbanístico, crece el rechazo social, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y en un último grito por dignificar un entorno y recuperar un territorio ya de por sí saturado.