El PSC y Junts amenazan con dejar caer el decreto sobre la sequía si el Govern no admite cambios

Aunque el 'president' Pere Aragonès reclamó en el pasado pleno a la oposición que no hiciera una "guerra del agua" y convocó a los grupos a una cumbre que se celebrará el 31 de marzo, las medidas contra la sequía forman parte ya del largo historial de reproches al Govern. Tanto es así, que el decreto de restricciones para hacer frente a la situación que aprobó el Executiu y que debería avalar este miércoles el Parlament, pende de un hilo. De hecho, está a expensas del voto tanto del PSC como de Junts. Ambos esperan que la 'consellera' de Acció Climàtica, Teresa Jordà, se comprometa a hacer cambios durante el debate si quieren impedir que decaiga.

Los dos principales partidos de la oposición, pero también los Comuns, acusan al Govern de haber "gestionado mal" la lucha contra la sequía y le afean que se hayan tomado medidas sin haberlas compartido antes. A su juicio, primero debería haberse dialogado con los grupos en lugar de convocarse una cumbre 'a posteriori'. A las puertas del inicio del debate, la validación del decreto no está asegurada y Aragonès corre el riesgo de encajar el golpe que supondría que fuera rechazado. El 'president' ha ofrecido, con vocación de salvar la votación, incluir más medidas en un nuevo decreto ley que complemente el actual.

"El sentido de voto de Junts dependerá de la intervención que haga la 'consellera' Jordà", aseguran desde Junts, que se comprometen a no obstaculizar la validación del decreto si la titular de Acció Climàtica "se compromete a acordar un decreto nuevo con el mundo local y la resta de actores implicados". Es decir, que supeditan su voto a una recapitulación del departamento. Visiblemente molesto, Aragonès le ha reprochado a Junts que se reunieron para hablar de las medidas sobre la escasez de agua dos semanas antes de la aprobación del decreto, con lo que ha subrayado que no se puede decir que no hablaran previamente.

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Los Comuns, a su vez, ya han avanzado que se abstendrán. El diputado David Cid ha señalado la "falta de planificación, de diálogo y de negociación" de una ERC que gobierna en minoría y ha hurgado en la contradicción que supone, a su juicio, que se rieguen campos de golf o se llenen de agua cruceros mientras los payeses tienen que dejar de regar. Una vez más, han reprochado al Govern que no se desmarque de los macroproyectos en el contexto de sequía.

El decreto, aprobado el pasado 28 de febrero por el ejecutivo -y ya en vigor-, restringe el uso del riego agrícola, industrial y urbano en 224 municipios, donde viven casi seis millones de catalanes. Las zonas afectadas son las cuencas de los ríos Ter y Llobregat (abastecen a varias comarcas de Barcelona y Girona) y del acuífero Fluvià-Muga (Empordà), que están en fase de excepcionalidad, el último eslabón antes de la emergencia.