Los profesores denuncian falta de medios para aplicar las medidas antiacoso en Cataluña

Los casos de Sallent y de Sant Carles en Cataluña -donde los Mossos investigan el intento de suicidio de un menor de 15 años con problemas de autismo que sufría burlas en el colegio- han vuelto a poner sobre la mesa, si es que en algún momento ha dejado de estarlo, la lacra del acoso escolar en las aulas. En el caso de Sallent, el Departamento de Educación ha abierto una investigación especial que acabará de aclarar si las gemelas sufrieron acoso, como sostienen familiares y amigos, y si el instituto Llobregat, en el que las niñas cursaban 1º de la ESO, no supo actuar al respecto, como hoy ha apuntado el inspector desplazado al centro. Educación insiste en que no le consta que el centro activara el protocolo, mientras que el entorno de las niñas aseguran que, debido al conflicto que vivía Alana, la menor que había pedido ser llamada Iván, el centro había decidido que las dos hermanas fueran a la misma aula, e incluso había apartado a Alana/Iván de su grupo clase en algunos momentos.

A la espera de que se aclaren estos interrogantes, el profesorado siente que no tiene las suficientes herramientas para gestionar las situaciones de 'bullying', pese a que Cataluña cuenta con un protocolo antiacoso en el que se recogen las señales y situaciones que permiten detectar este tipo de situaciones, así como los pasos a seguir, incluyendo sanciones al agresor, que pueden ir desde apartarlo del grupo clase a expulsarlo un máximo de tres meses del centro, o atención psicológica.

"El protocolo de Educación está muy bien, lo que ocurre es que al final del proceso no hay manos para ejecutar las acciones", resume Susanna Soler, docente con 38 de experiencia y hasta el curso pasado directora del instituto Montgròs de Sant Pere de Ribes. Alude a que, una vez la dirección del centro ha realizado todos los pasos (averiguar qué ha pasado, hablar con los alumnos implicados, con las familias, avisar a Inspección, al EAP -equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica- y a servicios sociales si corresponde), el problema lejos de resolverse, vuelve a la pelota de la dirección. "No acaba en acciones resolutivas porque faltan manos externas. Nos devuelven el caso al centro y nos piden que estemos pendientes", lamenta. Pone un ejemplo: el dictamen final determina que el agresor recibirá terapia psicológica. Resulta que como los servicios de salud mental están saturados, ese menor se visitará una vez cada dos meses. No hay ahí, pues, el necesario trabajo psicológico con él, que regresa al aula sin esa ayuda.

Revela que muchas veces los centros prefieren intentar resolver el asunto sin avisar a Inspección -aviso que activa el protocolo oficialmente- porque la implicación de esta figura les supone exigencias de más burocracia y más documentación que acaba en nada. "Inspección debería ayudar más", zanja esta experimentada docente.

La directora del instituto Jaume Cabré, Maribel Tarrés, comparte la visión de que hay una falta de recursos para gestionar un tema "tan grave" como el acoso en las aulas y apuesta por delegarlo en profesionales más expertos puesto que, apunta, no siempre se detecta rápidamente ni es fácil determinar si un conflicto entre alumnos es 'bullying' o son discusiones sin más.

Le da la razón Soler, que defiende que sería imprescindible que en todas las escuelas hubiera psicólogos e integradores para gestionar estos casos. "Tienen más conocimientos que un profesor. Por ejemplo, el integrador da vueltas por el patio, que es un lugar donde ven muchas cosas".

En manos de los profesores está, añade, la prevención. Pone el caso de los insultos, que quien los pronuncia siempre justifica con el 'era una broma': "Hay que estar alerta ahí. No dejar pasar uno. Porque eso puede hacerse más grande. Ahí sí debemos actuar los docentes".

En una línea más dura, Xavier Massó, portavoz del sindicato de secundaria Aspepc, considera que "la normativa es garantista con el acosador" y que la gestión "acaba en nada, con el acosador campante e incluso con la víctima cambiando de centro", denuncia antes de señalar que este final es "moralmente indignante y de una injusticia brutal que solo refuerza al agresor".

¿Qué hacer con el agresor?

Massó considera que el profesorado no tiene la suficiente capacidad disciplinaria y reclama una normativa "más precisa y rigurosa, que refuerce la autoridad de las direcciones para mantener las normas de convivencia y con capacidad de sanción". También reclama que ello suponga "responsabilizar a las familias" de las acciones de sus hijos e hijas.

Este profesor de secundaria apuesta por la expulsión definitiva del agresor, algo con lo que discrepa Soler. "No se soluciona el problema cambiándolo de centro, porque ahí volverá a actuar. Hay que trabajar con él. Un agresor es siempre una persona a la que le ha pasado algo. Necesita ayuda. Y es una responsabilidad de todos como sociedad atenderlo", rebate.

Sí que da Soler la razón a Massó en una cosa: la sanción que comporta la expulsión temporal del centro prevista en el protocolo no se aplica prácticamente nunca. "Cuesta mucho, porque no te permiten dejar a un niño en casa. Como mucho dos o tres días", detalla antes de considerar que "la expulsión por sí sola tampoco es educativa".

Por su parte, el Departamento de Educación, preguntado por este diario, ha insistido en que, en el caso de Sallent, esperan a que la "investigación siga su curso". Fuentes de la 'conselleria' tampoco han explicado si, ante las reclamaciones de docentes y familias sobre las carencias en las respuestas al acoso escolar, estudian revisar los protocolos o dedicar más recursos para afrontar el 'bullying' en las aulas.