El juez desoye el último intento de los Pujol de retrasar el juicio

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha optado por no entrar en la confrontación con la defensa de los Pujol y prácticamente ha ignorado el último escrito que esta ha presentado para intentar prolongar todavía más la labor de expurgo del caso Pujol, consistente en apartar del procedimiento los documentos que considera que vulneran su privacidad. Los abogados de la familia del expresidente de la Generalitat llevan trabajando prácticamente dos años en ello, y eso impide que el procedimiento suba a la Sala para poder ponerle fecha de celebración al juicio oral.

Según una providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, el magistrado responde con un escueto "no ha lugar a lo solicitado" y se reitera en la que dictó el pasado día 10, en la que pedía al Ministerio de Justicia que comprobara los documentos que los Pujol no habían podido abrir en la plataforma digital Cloud y que habían hecho constar en un acta notarial.

En concreto el juez Predraz requirió a la Unidad de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia para que "emita un informe técnico-informático sobre si es posible el acceso, descarga y visionado de los elementos" que la familia Pujol considera que podrían afectar a su intimidad, y en caso de no serlo, que se busque una solución para permitir conocer su contenido a todas las partes personadas.

Nueva petición

Lo acordado por el magistrado está en línea con lo ordenado por la Sala de lo Penal de la Audiencia al dar la razón a la defensa, que ejerce el abogado Cristóbal Martell, en relación con los problemas que tenía para acceder a ciertos documentos. Pero a la primera providencia del juez el letrado presentó un nuevo escrito en el que pedía que la actuación de los técnicos del ministerio se realizara en presencia de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Central de Instrucción número 5 y que la apertura se realizara de todas las carpetas y subcarpetas con los que cuenta la plataforma digital del ministerio, no solo de las que decía que no había podido abrir.

Ambas peticiones habrían tenido consecuencias impredecibles en el retraso que supondría para el juicio por dos razones. Una es que los letrados de la Administración de Justicia están desarrollando una huelga indefinida, lo que dificultaría mucho el desplazamiento de la secretaria judicial que corresponde de la Audiencia Nacional a la diligencia.

La otra es que el sumario sobre el patrimonio andorrano de los Pujol se inició en 2012 y ha necesitado de numerosas comisiones rogatorias a varios países, por lo que el número de folios con los que cuenta asciende a millones. De ahí que la petición de los Pujol de abrir todos los documentos y no solo aquellos que dice que no ha podido hacerlo supondría una tarea ingente y, por tanto, un retraso de meses en la celebración del juicio, que ya será muy complicado que pueda celebrarse en 2024.

En esa vista el expresidente catalán, de 92 años y que sufrió un ictus en septiembre, se enfrentará a una petición fiscal 9 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales, por el que presuntamente cometió junto al resto de su familia, "al menos desde el año 1991", con "la ingente cantidad de dinero" que ocultaron en Andorra, fruto del "favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana".

El ministerio público solicita la mayor pena para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que suma 29 años de cárcel por esos mismos delitos más los de falsedad en documento mercantil, cinco contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución, delito que también comparte con su exesposa por el piso que vendieron a su hija. El primogénito fue el designado por Jordi Pujol y por su esposa, Marta Ferrusola (exonerada de la causa por el juez por demencia sobrevenida), para gestionar los fondos que tenían en Andorra y para que se ocupara de distribuirlos entre todos los miembros de la familia.

En vista de cómo se está desarrollando la labor de expurgo del caso, no es descartable que la defensa vuelva a acudir a la Sala de lo Penal para tratar de hacer que el juez rectifique, como tuvo que hacer al principio.