Las víctimas de abusos en Cataluña piden una comisión de la verdad para la Iglesia

Cinco víctimas de abusos sexuales que han protagonizado en Cataluña el activismo contra la pederastia en la Iglesia se han desmarcado este jueves de la propuesta del Gobierno para desenterrar el pasado de esta institución milenaria. Afirman que el Congreso de los Diputados ha desoído su propuesta –una comisión de la verdad a imagen y semejanza de las que se han creado en países como Australia, Irlanda o Reino Unido– y por ello esperan otra acogida en el Parlament de Catalunya. Si los partidos catalanes no cambian de postura ahora que la pelota está sobre su tejado y votan como lo hicieron en Madrid, la propuesta saldrá adelante en Catalunya, un primer paso para exportarla al resto de comunidades autónomas.

La fotografía grupal de las cinco activistas –así se han identificado apiñados en la Plataforma Tolerancia 0– no tiene precedentes. Los cinco tienen en común únicamente que han sufrido abusos sexuales en primera persona o a través de la carne de sus seres más queridos y que han dado la cara públicamente para defender a los que, estando en su situación, no pueden cargar con la vergüenza y el señalamiento que conlleva sufrir este castigo en la infancia. No es poca cosa. "Somos activistas y defenderemos a las víctimas de abusos", han prometido.

"Sin poder coercitivo, no sirve"

Manuel Barbero, el padre con el que arrancó el Caso Maristas; Alejandro Palomas, el escritor con el que sucedió lo mismo en el Caso La Salle; Miguel Ángel Hurtado, que hizo lo propio con la Abadia de Montserrat; Esther Pujol, víctima de abusos en la parroquia de Bellcaire (Empordà), y Vicki Bernadet, presidenta de una fundación que atiende a afectados, han unido su voz para derribar el "muro" contra el que llevan años chocando en solitario. Y tal vez lo consigan, pero no como plantea el presidente Pedro Sánchez.

Los activistas han querido dejar claro que la comisión de Sánchez no les satisface por varios motivos. Tres principalmente. El primero es que existe la frustrante experiencia vivida en Catalunya con el Síndic de Greuges, figura análoga a la del Defensor del Pueblo para el resto de España. El Síndic no logró que ninguno de los obispados catalanes le entregaran los registros de casos conocidos ni tampoco pudo hallar a las víctimas que las diócesis conocen. "Sin poder coercitivo, no sirve", han defendido al unísono, aseverando que sin esa facultad, la Iglesia podrá pasar de puntillas sobre un asunto que lleva siglos tratando de mantener oculto. El segundo es que consideran que Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, no está legitimado a encabezar esa comisión de investigación dado que ejerció de docente "en colegios religiosos en los que se conocen abusos sexuales silenciados". El tercero es que no aceptan que la Iglesia pueda ser "juez y parte" de la investigación. La Iglesia es la institución bajo sospecha, aclaran.

La propuesta de Sánchez no les gusta y además les parece que podría convertirse en una oportunidad perdida que llevan años esperando. Incluso Palomas, que en su día había considerado adecuada la fórmula, ha asegurado que, al comprobar su contenido, no puede defenderla. "No em la creo", ha insistido.

Una comisión de la verdad

Miguel Ángel Hurtado ha elaborado un "informe técnico-jurídico" que se ha inspirado en las comisiones de la verdad que se activaron en los países anglosajones. Esta propuesta, según los cinco ponentes, ha sido desoída por los principales partidos políticos en España. Sin embargo, recibió el respaldo de ERC, Junts, Podemos, CUP y Bildu. Es decir, según su posicionamiento en Madrid, la propuesta de la comisión de la verdad sí se aprobaría si la votara el Parlament de Catalunya. "Si votan en Madrid lo mismo que votan aquí", ha dejado caer Hurtado.

Esta comisión de la verdad sería para investigar cuántas víctimas hay, cuántos abusadores, cuántos encubridores y cuántas instituciones religiosas implicadas. Y tendría poder coercitivo para poder interrogar a obispos y reclamar documentos. Debería durar entre dos y tres años para hacer bien su trabajo, contar con todos los expertos y alejar del timón a la Iglesia. Asimismo habría que de proporcionar una recomendación de indemnización para las víctimas, que pudieran ser reparadas a partir de un baremo de daños que también debería crearse porque aún no existe en España.

Los cinco activistas han mostrado su oposición a caer en el error de crearla para mezclar entornos eclesiásticos, familiares, educativos o deportivos. "Quien mucho abarca poco aprieta", ha razona Pujol para explicar que debe hacerse una comisión para la Iglesia y, después, que se hagan las que convenga sobre el resto de entornos. "Han tenido muchos años para hacer investigar abusos infantiles, y no lo han hecho", ha criticado Barbero para alejar la posibilidad de que en Catalunya se opte por esta fórmula aglutinadora que acabe difuminando la responsabilidad de la Iglesia. "Queremos que se investigue a la iglesia y al resto de las instituciones. Pero no todas a la vez", ha zanjado Hurtado.