Entidades vinculadas a políticos de Junts obtuvieron contratos bajo sospecha

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, la institución que gestiona la atención a las personas más necesitadas en la capital catalana y participada por la

Generalitat

(60%) y el

Ayuntamiento de Barcelona

(40%), concedió contratos bajo sospecha de servicios a entidades del sector dirigidas por políticos de la órbita de la extinta CDC y ahora de Junts. La mayoría de estas adjudicaciones se realizó cuando el consorcio estaba dirigido por Josep Pera (CiU), que, junto con su antecesor, Ramo Lamiel (ERC), comparecerá este miércoles en una comisión del Parlament.

En octubre del año pasado, EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, destapó que la Sindicatura de Comptes y la Intervenció General de la Generalitat habían detectado irregularidades en las contrataciones del ente entre los años 2014 y 2019. Contrataciones irregulares de 20 millones de euros en un solo año, sobresueldos y desbarajuste contable. Estas anomalías ocurrían en plena crisis financiera y en época de recortes, lo que afecta al dinero para los más necesitados: niños tutelados, personas con discapacidad o víctimas de violencia machista. El sindicato CGT presentó una denuncia ante la Oficina Antifrau de Cataluña.

Aparte de las auditorías e informes realizados por el Síndic y la Intervenció, este diario ha tenido ahora acceso a dos contratos de 2015 donde se adjudica a la fundación Fasi (donde había desempeñado cargos de responsabilidad el exdirector de la DGAIA, Ricard Calvo) la gestión de los centros de menores Alexandre Galí y Paulo Freire por valor superior a los 400.000 euros cada uno. Firman el contrato el entonces gerente del Consorci, Josep Pera (CiU), que no estaba habilitado para ello, y Estanis Vayreda, gerente de Fasi y actual primer teniente de alcalde de Olot por JxCat.

Aumento en las adjudicaciones

Los contratos con esta entidad, según el sindicato CGT, empezaron en agosto de 2011 y se incrementaron en 2015 con otras dos adjudicaciones, una de un valor máximo de 472.000 euros y otra de 517.000 por los centros de menores citados y la casa Carme Aymerich. En la primera época, las concesiones corrieron a cargo de Ramon Lamiel (ERC), como gerente del consorcio. Fuentes de esta institución reconocieron en su día que no encontró mucha documentación sobre este periodo.

El aumento se produce cuando Serveis Socials esta dirigido por Josep Pera (CiU), que es quien firma los contratos. En el patronato de Fasi han participado desde hace años varios exalcaldes de la desaparecida CiU, dirigentes de esta coalición y también políticos vinculados a ERC. Uno de ellos, un edil que estuvo imputado en el ‘caso Pokemon’ de presuntos sobornos.

Ricard Calvo se vio envuelto en un agria polémica cuando estuvo al frente de la Direcció General de la Infància i Adolescència (DGAIA), desde enero de 2016 hasta agosto de 2017, cuando dimitió. Antes de su cese participó, de forma directa o dando el visto bueno a los informes técnicos, en adjudicaciones a las fundaciones Fasi, Resilis y Gentis, en las que había tenido responsabilidades. Estas tres entidades están vinculadas a la Fundació Plataforma Educativa, de la que Calvo fue gerente, según su currículo oficial. Tras dejar su cargo en Infància, Calvo volvió a trabajar en ella. En el Parlament aseguró "desconocer" que podía abstenerse de firmar por el conflicto de intereses.

La alimentación en un centro

La Intervenció General de la Generalitat también halló irregularidades en la adjudicación a la Fundació Cassià Just de un servicio de alimentación del centro de atención especializado Oràlia. Esta entidad está presidida por Josep Lluís Cleries, actualmente senador por Junts y ‘exconseller’ de Benestar Social. El objetivo de esta entidad es generar oportunidades de trabajo y de vida para personas con trastornos mentales y riesgo de exclusión social, y cuenta con tres empresas para gestionar sus recursos. En 2017, su presupuesto fue de 6,4 millones de euros, según la información oficial. En su patronato figura Josep Miarnau, de la empresa Comsa, uno de los imputados por el ‘caso 3%’ de presunta financiación ilegal de CDC.

Según la Intervenció General, la adjudicación por parte del Consorci a esta fundación del servicio de alimentación se debería haber realizado, por el valor estimado del contrato, a través de un procedimiento abierto, es decir, por un concurso público en todos los interesados pudieran hacer una proposición. En la auditoría precisa que el pliego de cláusulas administrativas no especifica las personas que forman parte de la mesa de de contratación y que en el expediente no consta determinada documentación, ni la existencia de la prórroga para 2017.

Precisamente este miércoles declaran en la comisión de Drets Socials del Parlament de Cataluña dos de los gerentes del consorcio. Uno de ellos, Josep Pera, implicado directamente en estas irregularidades. En esta investigación, abierta a petición del PSC, deberán comparecer también dos gerentes más del consorcio y la actual 'consellera' de Drets Socials, Violant Cervera.